Eduardo R. Huchim

Radio y tv en la propuesta Encinas

Junto con los reprobables contenidos ya comentados aquí, la propuesta de reformas al Código Electoral del Distrito Federal presentada por el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, tiene un novedoso planteamiento que merece análisis: la contratación de tiempos en radio y televisión para las campañas electorales.

De acuerdo con la propuesta Encinas, los partidos, candidatos y aspirantes a candidatos "no podrán contratar por cuenta propia o por interpósita persona tiempos en radio y televisión" (artículo 32). Esta contratación sólo podrá hacerla el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), por medio de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, en términos que se establecen en el artículo 31, que dice así en lo conducente:

Artículo 31. El Consejo General destinará hasta el equivalente al 15 por ciento del monto que corresponde al financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, para la contratación de tiempo en las estaciones de radio y/o televisión con cobertura en el Distrito Federal, destinado a la difusión ordinaria de los partidos políticos.

En el año en que deban celebrarse elecciones ordinarias, se agregará otro tanto al monto señalado en el párrafo anterior, para difusión de campaña electoral.

El propósito aparente es propiciar la equidad en la propaganda partidaria por radio y televisión, pues los tiempos adquiridos por el IEDF se distribuirían igualitariamente en un 40 por ciento, y el restante 60 por ciento, conforme al número de votos obtenidos por cada partido en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Si bien la innovación se inscribe en la saludable tendencia a regular la contratación y uso de los tiempos en radio y televisión para fines partidarios, los términos en que está redactada no corresponde a la realidad, fundamentalmente porque 15 por ciento de la bolsa a que alude es un porcentaje muy reducido conforme a las prácticas de los partidos en el Distrito Federal.

En efecto, en la campaña de 2003, casi 40 por ciento del financiamiento para campañas electorales, 102.5 millones de pesos, se destinaron a radio y televisión. Los partidos más votados gastaron en ese rubro, aproximadamente, las cantidades siguientes (entre paréntesis se anota el porcentaje respecto a su gasto total en campaña): PAN, 30 millones (47.8), PRI, 17.9 millones (32.75); PRD, 23.8 millones (41.81), PVEM, 28.2 millones (59.5).

Es decir, en esos cuatro partidos, el gasto fluctuó entre 32.75 y casi 60 por ciento de los egresos de campaña. En cualquiera de esos cuatro casos, el porcentaje es muy superior a lo que resultaría de la propuesta Encinas. Sería interesante saber lo que opinan los partidos sobre este porcentaje, que por cierto saldría del presupuesto del IEDF y no del financiamiento de los partidos.

Por otra parte, en un artículo anterior (La Jornada, 11/10/04, p. 13) me referí a las víctimas de la propuesta Encinas. A las entonces mencionadas debe añadirse el jefe operativo del IEDF -el secretario ejecutivo-, a cuyas múltiples atribuciones se le añadirían la sustanciación de los procedimientos de determinación e imposición de sanciones que actualmente tiene la Comisión de Fiscalización, así como la coordinación del Centro de Formación y Desarrollo.

A este importante funcionario del instituto, cuya labor esencial es la vinculada con las tareas electorales y jurídicas, se le obliga actualmente a ocuparse de una diversidad de labores que necesariamente lo distraen de su función primordial.

Además, con la instauración en 2004 de una innecesaria Junta Ejecutiva -que en la práctica sólo ha obstaculizado la fluidez de la operación institucional- se le sumergió en una situación absurda: los directores ejecutivos, que son subordinados del secretario ejecutivo, al actuar en la mencionada junta se convierten en sus pares. Más todavía, el jefe de los directores se transforma en la junta en el secretario de éstos, ya que esta función la tiene asignada el propio secretario ejecutivo.

Ahora, con la propuesta Encinas, al secretario ejecutivo se le añaden atribuciones y se le concede un privilegio que sólo lo es en apariencia: se le otorga la posibilidad de ser relegido. En la práctica, podría no ser un privilegio, sino una restricción, porque el secretario ejecutivo de un órgano electoral es un candidato natural a consejero, en cuya calidad aportaría una invaluable experiencia al órgano superior de dirección, en este caso al IEDF, pero abrir la posibilidad de reelección puede dificultar esa otra posibilidad.

Como se ve, por muchos lados la propuesta Encinas hace agua. Habrá que ver cómo la procesan los diputados capitalinos.