2001 fue el año de la contrarreforma indígena, del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la negativa a promover la paz en Chiapas y en todo México. Tras la crisis política generada por esta traición del foxismo y la clase política en conjunto, la vocera del indigenismo oficial, Xóchitl Gálvez, pretendió colocarse como interlocutora del descontento asumiendo que el nuevo texto constitucional no satisfizo a los pueblos y debía "revisarse". Pronto se recolocó bajando el tono y frecuencia de sus declaraciones y "folklóricos" exabruptos para operar discretamente la aplicación del apartado B del nuevo artículo 2 constitucional --que la experiencia del priísmo, en seguridad nacional, dictaba como mecanismo para desarticular lo que entre frases tramposas y candados enunciaron en el apartado A: un supuesto reconocimiento a la autonomía y libre determinación.

En 2003 quedó claro que hay indigenismo para rato. En la lógica de "la innovación" se decretó el "agotamiento institucional del INI" y se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) que se sumó a la estrategia oficial de aplicar la contrarreforma indígena y darle al diferendo político con el EZLN y los pueblos un carácter de cosa juzgada. En ella prevalece la visión de los pueblos indígenas como "pobres" objeto de asistencia y no como sujetos de derecho, y se festeja que la nueva institución no esté sectorizada con ninguna dependencia porque favorece la "transversalidad" de las políticas públicas en esta materia. ¿De qué hablamos? Ya en la ley del INI en 1948, en su artículo 12 se enunciaba su facultad de coordinar las acciones del conjunto de la administración pública, lo cual nunca se logró.

El Congreso de la Unión no sometió a consulta su dictamen de ley que creó la flamante Comisión, lo que contravino seriamente el contenido del Convenio 169 de la OIT. En la pseudo consulta del INI --previa a la elaboración del proyecto de comisión-- se sustituyó el concepto de instancias representativas de los pueblos por foros de consulta. Se concluyeron cuestiones poco creíbles como que los indígenas querían un organismo "descentralizado y no sectorizado" cuando estos conceptos corresponden a inquietudes de la burocracia. Llegaron al absurdo de incluir a las dependencias del gobierno bajo el rubro de "sujetos indígenas a los que se debe consultar". Y en su más reciente simulación de consulta concluyeron que los indígenas solicitan "cursos sobre autonomía".

La Conadepi se asume como "instancia de consulta de la administración pública" es decir, sustituye y usurpa la titularidad de un derecho que el Convenio 169 otorga a los pueblos. Pretende "coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas" y, "proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2 de la Constitución". Es decir, que en el ejercicio de la autonomía de los pueblos a la que "coadyuvará", los sustituye.

Para realizar tan elevados fines cuenta con una junta de gobierno integrada por casi todo el "gabinetazo" --el director o directora de la comisión sólo tendrá derecho a voz-- y se excluye la participación y decisión de los pueblos. Hay también un consejo consultivo, ya instalado, al estilo de los viejos tiempos: participan organizaciones sociales, académicas, las juntas directivas de las comisiones de asuntos indígenas, un representante de cada entidad federativa donde se asienten los pueblos y un ambiguo sinnúmero de "representantes indígenas", pero eso sí, será una indígena quien presida el consejo.

La Conadepi se organiza con criterios "modernos" asentando en la planeación su principal instancia, que realiza convenios e interlocución con el resto de la administración pública. En los hechos esta nueva dinámica está provocando división en las comunidades pues propicia una oleada de intervenciones y proyectos que, al margen de su viabilidad, no son decididos por los pueblos desde sus instancias representativas propias. Cada dependencia y sector llegan a promover sus comités de manera tal que la organización indígena se pulveriza y se confronta. Esto no parece inocente pues este activismo oficial destruye liderazgos y se arroga una representatividad artificial. No es casual que se privilegie el trabajo en las zonas que mayor trabajo propio y esfuerzo autonómico han desarrollado.

Los mecanismos de inserción y de búsqueda de legitimación son diversos. Por ejemplo, a propuesta gubernamental, líderes que han acompañado el proceso autonómico acuden a instancias internacionales sin que su designación haya pasado por la decisión de los pueblos.

Este activismo es muy riesgoso. Está en juego una operación de Estado y no es una más, pues busca sacarle el agua a la autonomía. El llamado "combate a la pobreza" logra paliativos que le permiten limitados márgenes de legitimación ante la "clientela" favorecida por sus acciones. Pero aquí la pobreza y su abatimiento no es el fin sino el medio para penetrar los procesos y dividirlos.

Si nos atenemos al presupuesto de la Conadepi encontramos cifras poco claras pues no se deslinda su presupuesto del que dicen aplicar las dependencias a proyectos indígenas. Pero se observa una estrecha cercanía con el Banco Mundial que les financió su más reciente consulta y les fijó agenda y términos. Proyectos potencialmente acertados --como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o las universidades interculturales-- nacen con presupuestos precarios y casi simbólicos que no se comparan con los altos sueldos de la muy amplia nómina de los funcionarios indigenistas.

No está claro que en todos los espacios internacionales tenga credibilidad "el discurso Gálvez". En las reclamaciones que de parte indígena se interpusieron ante la OIT por violación al principio de consulta en 2001, el gobierno se atrevió a señalar que "el hecho de que el EZLN y el CNI hayan podido defender la iniciativa Cocopa en el recinto de la cámara de diputados constituye una consulta al más alto nivel institucional, mediante la cual los representantes de las etnias [sic] nacionales y del EZLN tuvieron la oportunidad de hacerse oír por el poder legislativo federal antes de que fuera aprobada la reforma a la Constitución de México".

El comité tripartita que elaboró el informe sobre las reclamaciones no se tragó tal perla de la perversión foxista y señaló que en todo caso escucharlos por única vez no era suficiente, que la consulta es un mecanismo para construir acuerdos y recomendó que la OIT inste al gobierno mexicano a realizar "esfuerzos adicionales y continuos para superar el sentimiento de exclusión" que dejó en los pueblos indígenas el citado proceso de reforma constitucional. Pese a la ostentación de activismo indigenista oficial, exhortó a la comisión de expertos a que continúe solicitando al gobierno información sobre los resultados de los diversos programas que pretenden lograr la igualdad efectiva de los pueblos indígenas. "El comité considera que para lograr una política incluyente no basta con la multiplicación de planes aislados. La naturaleza complementaria y coordinada de los programas descritos por el gobierno no resulta completamente evidente".

Floriberto Díaz, líder mixe (?), afirmaba categórico: "Desde lo indígena, el desarrollo no tiene futuro cuando se decide finalmente desde el Estado. Por ello, tenemos la certeza de que si somos nosotros quienes decidimos realmente, podemos armar y ejecutar proyectos eficientes... La ciencia y la tecnología modernas no están opuestas al desarrollo de los pueblos indígenas. Tampoco nos sentimos condenados a abandonar nuestra cultura si la adaptamos y usamos para reforzar nuestra comunitariedad para un desarrollo a la altura de los tiempos"^*.

Qué lejos está el foxismo de este planteamiento, que cerca experiencias de resistencia y construcción como las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas.