Desde tiempos inmemoriales los wixaritari o huicholes peregrinan al desierto sagrado de Wirikuta en San Luis Potosí, a entregar ofrendas a los antepasados que se sacrificaron mucho en crear lo que hay en el mundo. Para que naciera la lumbre y el sol para todos. En ese desierto viven los huachichiles-chichimecas, nómadas que cazaron, recolectaron y caminaron en este lindero de aridoamérica con una mística muy particular de relación con la tierra y los más antiguos peregrinos. Existen versiones de que los huachichiles son antepasados de los huicholes.

Hace unos doce años, los huicholes de algunas comunidades comenzaron a notar que cada vez encontraban menos jícuri (peyote) en Wirikuta. Indagaron y descubrieron que se debía a grupos de saqueadores y a cierto turismo que predaba los recursos de la zona, solapados por las autoridades. Los ejidatarios huachichiles del desierto dicen: "No sabemos quien fue el primer turista que vino y fue a dar el pitazo, pero desde hace veinte años están haciendo dañerías por acá y sólo los pudimos controlar con nuestro sistema de vigilancia comunitaria". Desde mucho antes, el ejército y la policía hostigan y detienen arbitrariamente a los peregrinos huicholes, violando acuerdos internacionales como el de Viena (sobre sustancias psicotrópicas) y el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos de los pueblos indígenas. Por supuesto, el hostigamiento, las detenciones y el saqueo alteran la armonía de la peregrinación sagrada.

Los huicholes y los ejidatarios del desierto --que han mantenido de siempre una relación de profundo respeto-- coincidieron en conformar un sistema de vigilancia autónomo que afianzaba su control sobre el territorio que comparten. El ejidatario Raymundo Rocha solicitó: "Que el personal huichol transmita las enseñanzas a la gente de aquí para saber lo valioso que hay en el desierto y que nos den más ganas de cuidarlo y nos expliquen sus costumbres". También consultaron con los huicholes qué tenían que pagar para tener lluvia. "Ahora llueve más y tenemos mejores cosechas".

El sistema de vigilancia comunitaria afectó los intereses de algunos traficantes y autoridades que los amenazaron y difamaron, por lo que los ejidatarios buscaron demostrar que no traficaban sino que controlaban. "Revisamos a quien entra y le exigimos que cuide las plantas y animales y no queme madera porque casi no hay. Ponemos especial atención en evitar el saqueo del jícuri".

La gente del desierto y los wixaritari conservan antiguas técnicas de caza y recolección, una relación muy detallada con el agua, una capacidad de rastrear o "jueyar" por kilómetros a una persona o a una chiva perdida y un amplio conocimiento de la biodiversidad. Estos saberes hacen posible su labor de cuidarlo conjuntamente. "Lo que el gobierno quiere es quitar el control comunitario, y meter la ley para que se encargue de todo, pero la gente de aquí es la que tiene la fuerza y la capacidad".

Ante la autogestión comunitaria, el neoliberalismo paró sus antenas y activó a sus múltiples operadores. Las instancias públicas y privadas supuestamente preocupadas por el medio ambiente son capaces de generar descomposición social y daño ecológico antes que reconocer las capacidades y el derecho territorial de los pueblos.

El 15 de julio de 2003 en una reunión celebrada en Las Margaritas, municipio de Catorce, San Luis Potosí, los representantes de Profepa y WWF en el Fideicomiso para la Reserva Natural y Cultural de Wirikuta pretendieron imponer un reglamento diseñado por ellos para el sistema de vigilancia comunitario, en el que se atreven a proponer que la gente del desierto sea mera coadyuvante, lo que en los hechos la despoja del control sobre su territorio, ya que según este fideicomiso existe una instancia superior de control y vigilancia que sí sabe cómo cuidar la zona.

En este tenor se realizó una reunión interestatal relacionada con la reserva de Wirikuta en junio de 2004, en Estación Catorce, a la que asistieron la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, la Coordinación Estatal para la Atención a los Pueblos Indígenas-SLP, la Comisión para Asuntos Indígenas del Congreso potosino y la Procuraduría para Asuntos Indígenas de Jalisco.

Varios representantes huicholes y ejidatarios que exigen un reconocimiento al sistema de vigilancia autogestionario de la zona fueron excluidos. En la minuta de la reunión se planteó controlar a los huicholes en su uso del jícuri y reglamentar las peregrinaciones de manera casi grotesca, no siendo así de determinante para los saqueadores.De operar estos "acuerdos" se pondría a los ejidatarios como policías de los huicholes al servicio de las instituciones de conservación, afectando directamente la antigua relación entre huicholes, ejidatarios y el desierto.

En la minuta se propone "que los huicholes que peregrinen a Wirikuta tengan una identificación o carta de sus autoridades que los acrediten como peregrinos y que especifiquen a cuantos representan para designar la cantidad de peyote, las actividades a realizar durante el viaje y la vigencia del permiso".

Quieren también que modifiquen el trayecto tradicional de su peregrinación para que se reporten en la Presa de Santa Gertrudis, lo cual altera en extremo lo que han venido haciendo durante siglos y viola derechos culturales de los wixaritari. Por si fuera poco proponen establecer "una cuota de extracción personal provisional de 100 cabezas de peyote como máximo", que "la extracción definitiva anual se haga saber a las autoridades municipales, estatales y de seguridad" y que elaboren un calendario de visitas. Todo esto, se dice, con el fin de evitar la extracción excesiva y "proteger la especie".

Una vez más se violan derechos esenciales, se desconoce la práctica ecológica de los pueblos y se culpa --a los que siempre han conservado-- del saqueo y el deterioro generado por las mafias, las industrias y las pésimas políticas estatales.

Los lineamientos del Plan de manejo pretenden soslayar el derecho territorial de ejidatarios y huicholes en la administración de la reserva, y les asignan sólo un papel "preferencial".

Es decir, los ponen a competir con terceros a los que la ley, dolosamente, reconoce tácitamente derechos inexistentes. Esta restricción sigue --qué casualidad-- lo establecido en la antirreforma constitucional indígena que limita los derechos de los pueblos en el uso y disfrute de sus recursos naturales.

Lo expuesto desnuda la voracidad de las transnacionales, los gobiernos y los supuestos grupos conservacionistas por establecer un control sobre los territorios y los recursos de los pueblos indígenas y campesinos con tal de privatizar una zona conocida por su vastísima biodiversidad.

A contrapelo de estos intentos, en los últimos años la gente del desierto (descendiente de los huachichiles) y los wixaritari tienden lazos más profundos, se visitan en sus asambleas, toman acuerdos y entienden que defender Wirikuta es un bien para ambos pueblos.

Su sabiduría compartida se complementa y ejerce alternativas propias y generosas para cuidar lo común, que es lo único que permitirá que este desierto siga siendo patrimonio de la humanidad, en el mejor sentido de la palabra.