Pide al Congreso local apoyo para evitar que se "reavive" crisis con tepehuanos

Alcalde zacatecano afirma que policías de Durango amenazaron a pequeños propietarios

Amalia García se reunirá con Salazar Adame "para dar cauce al conflicto"

ALFREDO VALADEZ CORRESPONSAL

Zacatecas, Zac., 20 de octubre. El ayuntamiento de Valparaíso denunció ante el Congreso local que policías ministeriales de Durango, armados y en vehículos oficiales, habrían hostigado a pequeños propietarios de Zacatecas, lo que, agregaron, reaviva el conflicto que éstos mantienen con indígenas tepehuanos del municipio duranguense de Santa María Ocotán.

Diputados de los partidos representados en el Poder Legislativo de Zacatecas abordaron el asunto en tribuna y lo turnaron a las comisiones de Gobernación y Especial.

Mediante una misiva, Abel Bañuelos Salazar, secretario del ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, informó a los legisladores que el 14 de octubre agentes ministeriales de Durango, sin presentar identificación ni documento que amparara su estancia en el predio La Pila del Macho, a 18 kilómetros de la comunidad de San Juan Capistrano, municipio de Valparaíso, Zacatecas, "amenazaron" a Gorgonio Ibarra Enríquez, propietario de dicho terreno.

"Gorgonio Ibarra fue amenazado por dichos agentes con privarlo de la libertad por indicaciones del gobernador del estado de Durango, Ismael Hernández Deras, así como del comisariado de la comunidad de Santa María Ocotán. Los razonamientos que le dieron fueron que se encontraba en propiedad o terreno perteneciente a los tepehuanos", dijo.

Los policías informaron a Gorgonio Ibarra que "debería abandonar inmediatamente ese terreno; al negarse a ello y después de informarles que se encontraba en su legítima propiedad, lo único que le pidieron fue que les firmara un documento hecho a mano, donde supuestamente estaba notificado por dichas autoridades" de Durango.

El predio -ubicado al suroeste de Bernalejo de la Sierra, en poder de los tepehuanos- tiene una superficie de mil 350 hectáreas y forma parte de las 100 mil que los indígenas de Durango esperan "recuperar" frente a ejidatarios y pequeños propietarios rurales de Zacatecas, quienes tienen la posesión de éstas desde los años 40 y 50 del siglo pasado.

Ante estos sucesos, el ayuntamiento de Valparaíso pidió al Congreso zacatecano "su intervención inmediata" para que se tomen "las medidas necesarias y legales para evitar un conflicto con este grupo indígena (...) también se solicita que se requiera por su conducto la intervención de las autoridades de Durango, con el fin de que intervengan en la solución de este problema".

La gobernadora Amalia García indicó que buscará en las próximas horas a Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, "de tal manera que podamos encontrar un cauce para garantizar a los pobladores la tranquilidad y condiciones para seguir desarrollando sus actividades cotidianas con la mayor seguridad".

Dijo que instruyó a la Procuraduría de Justicia de Zacatecas a que empiece una averiguación respecto a los hechos denunciados, aunque agregó: "tampoco quiero adelantar vísperas; pudiera ser por este tránsito del gobierno (en Durango), pero he hablado con el gobernador (Ismael Hernández Deras) y tiene una actitud muy positiva para que haya muy buena vecindad entre ambas entidades".