Niega la posibilidad de justicia a las víctimas: Tlachinollan

Critican acción del ombudsman en denuncias contra militares

MISAEL HABANA Y JAVIER SALINAS CORRESPONSALES

La actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), bajo la presidencia de Jorge Luis Soberanes, respecto a las denuncias de violaciones a las garantías fundamentales por parte del Ejército Mexicano contra indígenas mixtecos, tlapanecos, nahuas y mestizos de las regiones de la Montaña y la Costa de Guerrero, "ha demostrado claramente una actitud protectora de las fuerzas armadas, que deja sin posibilidades de justicia a las víctimas".

Así valora el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan el trabajo del ombusdman respecto a las graves denuncias que han acontecido en estas regiones de Guerrero.

El organismo señaló que en todos las denuncias presentadas, debidamente documentadas, la CNDH "se ha negado a pronunciarse sobre el tema de la jurisdicción militar, que es lo que le impide a las víctimas acceder a la justicia y lo que asegura la impunidad para los elementos castrenses".

En un documento presentado por Tlachinollan se afirma que ante las denuncias ha quedado claro que de "antemano hay una negación del Ejército de asumir cualquier responsabilidad por las violaciones a derechos humanos, pues en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y las comunidades de Barranca Tecuani y Barranca Guadalupe ha declarado públicamente que las denuncias en contra de sus elementos son inventadas y parte de una venganza de la población por la lucha en contra de la siembra de enervantes".

Inés Fernández Ortega fue violada tumultuariamente por ocho elementos castrenses el 22 de marzo de 2002, y la CDNH emitió la recomendación 18/2003 en noviembre del año pasado haciendo sólo referencia a que el Ejército "no debió haber cerrado la investigación", argumentando que la interesada no se presentó las dos veces que fue citada.

Tlachinollan dice que "la recomendación se debió haber dirigido al procurador general de la República, señalando que él debía atraer la investigación, o en su caso al procurador militar, para que declinara la competencia al fuero civil".

Otro caso es el de Valentina Rosendo Cantú, violada tumultuariamente el 16 de febrero de 2002 por soldados. Aquí la actuación del organismo "fue más reprobable que el caso de Inés Fernández", porque no se emitió recomendación alguna, argumentado que no había pruebas suficientes que acreditaran la violación sexual.

En Ecatepec, estado de México, José Luis Soberanes Fernández sostuvo que de ser ratificado como presidente del organismo no será gracias a un albazo por parte del PRI, "ni cosas fuera de la ley".