Luz, descuentos ficticios y competencia desleal

El domingo pasado, con actitud de autocomplacencia y satisfacción, el gobierno federal anunció una reducción de tarifas eléctricas que beneficiaría a hogares y empresas en general a partir de enero. Sin embargo, las autoridades rectificaron y explicaron que el descuento sólo se aplicará a las industrias y a las residencias que gasten más de 500 kilovatios por hora, personas con altos ingresos que representan tan sólo 2.2 por ciento del total de consumidores. Esta rectificación fue un balde de agua fría para la ciudadanía, que ya contaba con esta mejora en su economía familiar. Esta situación pone de manifiesto un juego confuso de las autoridades, así como una manera de operar torpe, por decir lo menos.

La Secretaría de Energía detalló que desde el primero de enero se uniformará la tarifa DAC, de alto consumo, uniendo a quienes consuman hasta 500 kilovatios-hora y a quienes superen esa cantidad, similar al de cinco viviendas de interés social. El subsecretario de Electricidad, José Alberto Acevedo Monroy, informó que 25 por ciento de los consumidores totales son domésticos -porcentaje al que pertenece 2.2 por ciento de los hogares beneficiados-; 8 por ciento se dedican al comercio; 3.8 pertenecen al sector servicios; 4.6 al agrícola y 58.8 por ciento son consumidores industriales. Estas cifras indican que la mayoría quedó al margen de los descuentos. En un intento por justificar los límites de la medida, el titular de Energía, Fernando Elizondo Barragán, sostuvo que la intención del gobierno es controlar y abatir la inflación. En 2004 las tarifas eléctricas aumentaron 15 por ciento, mientras el precio del gas subió 16 por ciento, lo que tuvo impacto en la inflación, en detrimento de las mayorías. Por lo que se ve, las autoridades van a contracorriente de la tendencia en muchos países: aquí premian el despilfarro de electricidad en vez de castigarlo, como sucede en Israel, donde quienes más consumen, más pagan, y los que hacen esfuerzos por ahorrar se hacen acreedores a descuentos.

ƑQué pretende el gobierno federal con esta simulación? Esta pregunta cobra más vigencia si se consideran acciones radicales y contradictorias. En Chiapas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a 10 municipios por un adeudo de más de 38 millones de pesos. Al respecto, el director de Comité de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Comitán, Marco Antonio Moya Martínez, denunció que la deuda de su municipio, de un millón 500 mil pesos, se debe a "un error de medición de los aparatos de la CFE en el consumo de energía eléctrica de las bombas de agua". Como sea, se trata de una decisión excesiva de la CFE, ya que, sólo en Comitán, 100 mil habitantes se quedaron sin agua potable.

En tanto, en Querétaro existe preocupación y enojo entre la iniciativa privada y el gobierno de la capital estatal ante las medidas arbitrarias del gobierno federal. El municipio de Querétaro firmó un contrato con la empresa privada Energía Azteca VIII para suministrar fluido eléctrico a la ciudad, lo que implicaría un ahorro de 3 millones 250 mil pesos anuales. Pero con la reducción de tarifas a la industria impuesta por la CFE, de 2.22 pesos por kilovatios en horas pico a 1.1 pesos, los beneficios del contrato fueron prácticamente anulados. En ese sentido, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica, Eduardo Andrade Itubarría, destacó la incongruencia del caso, pues por un lado el gobierno fomenta la contratación de cogeneradores y autoabastecedores privados de energía eléctrica, y por el otro hace competencia desleal al reducir sus tarifas a la mitad. Así, las compañías que invirtieron en plantas generadoras o entidades que contrataron sus servicios van a sufrir cuantiosas pérdidas.

Estas acciones del gobierno federal en materia energética son, sin duda, motivo de inquietud: no está claro qué persiguen las autoridades al engañar a la ciudadanía con una presunta reducción generalizada de las tarifas eléctricas. ƑEs acaso un manejo político, o un simple caso de torpeza? Cabe mencionar que miles de personas se desilusionaron al saber que no iban a tener descuento. Tampoco está definido cuál es el propósito del discurso político del gobierno al fomentar la participación de la iniciativa privada en el sector energético para luego poner en condiciones de desventaja a las empresas. Estos factores parecerían indicar que el gobierno ya no sabe qué rumbo adoptar y se encuentra enredado en sus propias decisiones.