Revés judicial a Bush, aunque la disputa legal la resolverá el Tribunal de Apelaciones

Una juez federal de EU declara ilegales las detenciones en Guantánamo

Declara que los presos tienen derecho a la protección de las Convenciones de Ginebra

Según el fallo, hay pruebas de tortura que ponen en duda la legalidad de las confesiones

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 31 de enero. Una juez federal determinó hoy que el proceso jurídico para detener a centenares de presuntos "terroristas" en Guantánamo es ilegal.

El fallo declara que los procedimientos legales empleados por el gobierno de George W. Bush para los detenidos en Guantánamo son inconstitucionales, que en algunos casos podrían ser violatorios de la Convención de Ginebra y que algunas pruebas contra los detenidos podrían ser ilegales por ser resultado de tortura.

La juez federal de distrito Joyce Hens Green, encargada de revisar las demandas presentadas por unos 50 detenidos en Guantánamo cuestionando su calidad de "combatientes enemigos", concluyó este lunes que no puede desechar sus quejas, como deseaba el gobierno de Bush, y con ello causó un serio revés para el gobierno y una victoria parcial para los detenidos y grupos de derechos civiles que han promovido estos casos.

El fallo declara esencialmente que los detenidos en Guantánamo sí tienen derecho a cuestionar su encarcelamiento ante los tribunales estadunidenses y critica al gobierno de Bush por negar derechos legales básicos a cientos de sus detenidos durante años.

Esta determinación judicial señala que el mecanismo establecido por el Pentágono para determinar la culpabilidad de los detenidos en Guantánamo no es imparcial y les niega derechos básicos, incluyendo algunos establecidos por la Constitución, como el asesoramiento de un abogado y una oportunidad para responder a las pruebas en su contra.

Los mecanismos, conocidos como Tribunales de Revisión de la Calidad de Combatientes, son instancias judiciales militares establecidas por el Pentágono en respuesta al fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que rechazó los argumentos del gobierno de Bush y determinó que los detenidos sí tenían el derecho de enfrentar las acusaciones estadunidenses y el recurso legal de cuestionar su detención indefinida. El fallo de hoy esencialmente declara que esos mecanismos no han cumplido con la orden de la Suprema Corte.

No sólo eso, sino que la juez Green señaló que hay acusaciones y algunas pruebas de que los detenidos han sido torturados y/o abusados durante los interrogatorios, y que esto pone en duda legal las confesiones sobre las cuales los militares estadunidenses han determinado si alguien es definido como "combatiente enemigo", la designación inventada por el gobierno y codificada en las leyes promulgadas inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001 para detenidos en la llamada "guerra contra el terrorismo", que ha empleado para negarles la aplicación de las Convenciones de Ginebra.

Los "combatientes enemigos"

El fallo critica la propia definición de "combatiente enemigo" por ser demasiado amplia y ambigua como justificación para detener a hombres musulmanes de decenas de países hasta por tres años o más, algunos sin pruebas de que participaron en combates o atentados terroristas.

En el fallo público (hay otra versión clasificada), cuya copia posee La Jornada, la juez señala que los tribunales de revisión legal de los detenidos "violan principios de larga vigencia de la normatividad legal (el término preciso legal es "due process") al permitir la detención de individuos sólo con base en su membresía a organizaciones antiestadunidenses en lugar de actividades actuales apoyando el uso de la violencia o daño contra Estados Unidos".

Green también rechazó el argumento del gobierno de Bush de que todo "combatiente enemigo" dedicado a actos "terroristas" no se sujetará a la Convención de Ginebra. Hoy, la juez falló que los integrantes y fuerzas del régimen talibán de Afganistán sí tienen derecho a las protecciones de las Convenciones de Ginebra otorgadas a prisioneros de guerra, mientras sostiene la posición gubernamental que éstas no son aplicables a los integrantes de Al Qaeda.

"Aunque esta nación incuestionablemente tiene que tomar fuertes decisiones bajo el liderzgo del comandante en jefe para protegerse contra amenazas enormes y sin precedente, esa necesidad no puede anular la existencia de los derechos fundamentales más básicos por los cuales ha luchado y muerto el pueblo de este país por más de 200 años", declaró la juez Green.

La juez recordó que el gobierno de Bush ha argumentado que tiene el derecho de detener indefinidamente a los "combatientes enemigos" capturados en Afganistán y otros lugares, hasta la fecha en que se determine que ya no representan una amenaza a este país. Señaló que dado que el gobierno no puede detallar cómo determinará cuando ha concluido la "guerra contra el terrorismo" y que ha dicho que podrían ser "generaciones", es posible que los detenidos en Guantánamo sean sujetos a una condena de cadena perpetua bajo estas condiciones, y que eso no podía ser justificado legalmente.

CBS News reportó que hay unos 550 detenidos -todos hombres- de unos 42 países en la base naval estadunidense acusados de ser "combatientes enemigos". Abogados del Centro de Derechos Constitucionales (CCR), uno de los grupos que lleva estos casos, declararon que la decisión es un triunfo para el pueblo estadunidense. Michael Ratner, presidente de CCR, señaló: "el fallo tiene el potencial de regresar a Estados Unidos a las filas de los países bajo el régimen de leyes. Ya era hora".

Pero la disputa no ha concluido, ya que este fallo contradice otro emitido por otro juez federal en el mismo distrito hace un par de semanas, quien determinó que los detenidos en Guantánamo no gozaban de las protecciones legales de la Constitución estadunidense. Por lo tanto, la disputa tendrá que ser resuelta en un nivel judicial superior: el Tribunal Federal de Apelaciones.

El gobierno de Bush respondió de inmediato, declarando que el primer fallo -en favor de su posición- fue el "correcto". El Departamento de Justicia emitió un comunicado señalando que el nuevo fallo está en conflicto con el anterior, y que se deberá resolver en Tribunal de Apelaciones, y argumentó que hará todo para refrendar el fallo del primer juez y anular el segundo.

"No hay ninguna base en la Constitución, ni en la historia, de acordar a extranjeros capturados por los militares fuera de Estados Unidos y clasificados como combatientes enemigos... los derechos normativos bajo la Constitución, con base sólo en el hecho de que están confinados -por razones operativas y de seguridad- en propiedad extranjera arrendada por Estados Unidos", argumentó el Departamento de Justicia. También rechazó el derecho de estos detenidos a ver información clasificada sobre la cual están acusados, ni a gozar de los derechos de prisioneros de guerra bajo las Convenciones de Ginebra.

Vale comentar que la juez Green fue nombrada en su puesto por el presidente Jimmy Carter, mientras que el juez federal Richard Leon -quien falló en favor de la posición del gobierno hace dos semanas- fue nombrado por el actual presidente Bush.

Esta disputa legal recibió cierta atención en los medios hoy, pero fue secundaria a otra caso legal que ocupó el lugar privilegiado de la noticia nacional: el inicio del proceso para el juicio de Michael Jackson en California.