La PGR, sin pretextos para llamar a declarar a Ramón Martín Huerta: legisladores

Mandos de la PFP abandonaban a su suerte a agentes descubiertos

Revela elemento de la corporación la forma en que eran sembrados en operaciones de espionaje

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) advirtieron a los agentes que realizaban labores de espionaje en el poblado de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, que si eran sorprendidos por la gente de esa comunidad se las arreglaran solos y "vieran cómo salir de esa situación".

Así lo reveló el suboficial de la PFP, Jesús Berman Pulido, ante el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, donde solicitó un amparo ante la determinación de las autoridades de esa corporación de "suspenderlo temporalmente" de sus funciones, presuntamente por haber revelado su nombre a los habitantes de aquel lugar, cuando fueran interceptados por policías y vecinos el 12 de noviembre, 11 días antes del linchamiento de Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla, y la agresión a Edgar Moreno Nolasco.

Tareas encomendadas

De acuerdo con lo declarado ante dicho juzgado, Berman Pulido fue comisionado, junto con los suboficiales Lorena Amada Valencia Portillo y Edgar Odilón Lagunas Castañeda -los tres de la Dirección General de Terrorismo-, para que los días 5, 8, 11 y 12 de noviembre videograbaran durante cuatro horas "a toda persona y vehículo que saliera de avenida Peña Alta número 327, colonia Peña Alta, delegación Tláhuac".

Ahí vivían Alicia Zamora Luna y Eduardo Torres, quienes a decir del subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, eran "líderes de masas y grupos sociales radicales", además de que son a los que se identificó como los principales instigadores del linchamiento.

En su solicitud de amparo, el suboficial Jesús Berman Pulido anexó un documento, fechado el 1^O de diciembre y firmado por Valencia Portillo y Lagunas Castañeda, en el que precisan las condiciones en que eran enviados los elementos de la PFP a las comisiones asignadas, como en San Juan Ixtayopan, y que se caracterizaban por la improvisación, la falta de medidas de protección y el desconocimiento de los objetivos reales a investigar.

Describen en el mencionado texto que "si en alguna ocasión nos abordaba alguna patrulla o surgía algo que complicara la investigación, los mandos lo consideraban un error de nuestra parte, ya que argumentaban que debido a nuestra incompetencia se calentaban las cosas.

"Inclusive -narran los tres agentes de la PFP-, en una visita que realizó el señor Miguel Angel Villanueva Escobar, en ese entonces encargado de la Dirección General de Terrorismo, el día 27 de marzo del año en curso, a la Base Aguila, estando reunidos el Grupo Fénix, y presente el subinspector Manuel Angel García Lugo, quien era encargado del grupo, mencionó que no quería saber que nos sorprendiera la policía o las personas durante los servicios y que si eso sucedía que nosotros vieramos cómo salir de esa situación, con lo que nos veíamos sin ningún respaldo por parte de la institución."

El documento, en manos del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, revela que el 24 de junio de 2004 los suboficiales Lorena Valencia Portillo y Edgar Moreno Nolasco -sobreviviente al linchamiento en Tláhuac- fueron detenidos por policías municipales de Coacalco mientras realizaban "investigaciones", se les remitió al palacio municipal para aclarar su situación "y las cosas no pasaron a mayores".

Otra situación similar le ocurrió a los suboficiales de la PFP Edgar Odilón Lagunas, Maribel Rodríguez Morales, Maricela Mexica Arteaga y Edgar Moreno Nolasco cuando efectuaban "esa misma investigación" en el municipio de Tultitlán, estado de México, donde también los detuvo la policía; aclararon su situación y se retiraron del lugar.

Sólo que "durante esos servicios no se contaba con oficio de comisión, credencial, portación ni arma para realizar las investigaciones", afirman en su documento los agentes de la PFP, quienes citan otros dos sucesos ocurridos en distintos puntos donde se les comisionó sin la menor seguridad.

En la parte última del documento de Jesús Berman se resalta que "en todas las investigaciones en las que participamos nunca tuvimos una capacitación en cuanto a prever, planear y ejecutar las investigaciones ordenadas, ya que todo se improvisaba al día; nunca hubo retroalimentación de los mandos hacia nosotros, nunca supimos los motivos reales de ellas, únicamente recibíamos las órdenes y las acatábamos.

"Si preguntábamos si había alguna orden de aprehensión, denuncia ciudadana o de colaboración con alguna otra fiscalía del Distrito Federal o algún estado, se negaban a darnos algún dato adicional. La orden era vigilar el domicilio (de Peña Alta 327) y ver quién entraba y salía del mismo".

Llega copia a la ALDF

Una copia de la solicitud de amparo del agente de la PFP -número de expediente 1330/2004- llegó de manera anónima a la comisión especial del caso Tláhuac, de la Asamblea Legislativa, según afirmó su presidente, el diputado Julio César Moreno Rivera, quien dijo que buscarán en lo inmediato a Berman Pulido para escuchar su testimonio; no obstante, consideró que está en riesgo la vida de ese elemento de la PFP.

Al igual que Julio Escamilla, Juventino Rodríguez y Héctor Guijosa, integrantes de la mencionada comisión, Moreno Rivera afirmó que ya no hay pretexto de la Procuraduría General de la República para que mande llamar a declarar al secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, y explique las condiciones en que son enviados a realizar investigaciones los agentes de la Policía Federal Preventiva y qué labor efectuaban en Tláhuac.

Facsímil de la copia de la solicitud de amparo del agente de la PFP Jesús Berman Pulido