Editorial

Fallas y mentiras del gobierno

Como antecedentes de la agresión a tres elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, en noviembre del año pasado, debe considerarse que el gobierno federal envió a las víctimas a espiar a dirigentes de organizaciones sociales; los mandó a esa misión a espaldas de las autoridades locales, sin ninguna protección ni capacitación, y les advirtió que si eran descubiertos "se las arreglaran solos". Cuando ocurrió el linchamiento de dos de esos agentes, que dejó a un tercero con lesiones graves ­por las cuales permanece hospitalizado hasta la fecha­, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), a cargo de Ramón Martín Huerta, efectivamente "los dejó solos".

En horas posteriores al crimen, los funcionarios del Ejecutivo federal mintieron sistemáticamente a la opinión pública al afirmar que los afectados realizaban un operativo "contra el narcomenudeo" y atribuyeron la responsabilidad de lo ocurrido a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), exculpando de paso y protegiendo a Martín Huerta, amigo cercano del presidente Vicente Fox. En días siguientes el mandatario destituyó injustamente al secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard, y buscó diluir y minimizar las faltas de su administración, ubicándolas exclusivamente en los mandos de la PFP. Por su parte, la Procuraduría General de la República emprendió una persecución judicial ­todavía en curso­ contra funcionarios del GDF.

Las consideraciones anteriores se desprenden de la solicitud de amparo presentada por el suboficial de la PFP Jesús Berman Pulido ante un juzgado distrital, copia de la cual fue hecha llegar de manera anónima a la comisión de la Asamblea Legislativa capitalina que investiga la tragedia y el crimen de Tláhuac. Once días antes de los linchamientos, el 12 de noviembre, el solicitante fue descubierto por policías y habitantes de Peña Alta, asentamiento anexo a San Juan Ixtayopan, cuando realizaba la misión de espiar a dos habitantes de la zona, y se vio forzado a revelar su nombre. Las instancias de la PFP decidieron sancionarlo con una suspensión temporal, ante la cual Berman Pulido decidió ampararse.

El documento judicial referido arroja una luz completamente nueva sobre los sucesos del 23 de noviembre y presenta a un gobierno perdido en su propia ineficiencia, enredado en sus mentiras, dirigido sólo por sus fobias políticas y paralizado por sus favoritismos y amiguismos. Ofrece, además, el retrato de un grupo gobernante irrespetuoso de la institucionalidad, quebrantador de la legalidad que dice defender y absolutamente incapaz de enfrentar con éxito el desafío de la delincuencia, la inseguridad y el crimen organizado. Eso explica, dicho sea de paso, que el discurso oficial haya extendido a fechas recientes las descripciones de Foxilandia ­ese gobierno imaginario que genera crecimiento económico y empleo, resuelve los problemas sociales ancestrales y se comporta con transparencia, legalidad, honestidad y espíritu democrático­ del ámbito económico al terreno de la seguridad y el imperio de la ley.

Más allá de esas constataciones, el testimonio del suboficial Berman Pulido tendría que obligar al Ejecutivo federal a salir del pasmo errático con el que se ha conducido en materia de seguridad pública y a emprender una autocrítica profunda que pasaría, necesariamente, por la exculpación de funcionarios y ex funcionarios capitalinos actualmente acosados por la PGR por sus supuestas omisiones en el caso Tláhuac. Además, si en el grupo gobernante queda todavía algún rastro de sentido de la realidad, tendría que proceder de inmediato a sacar a Martín Huerta de su cargo y a fincarle las responsabilidades que correspondan; suspender de una vez por todas el uso intolerante, visceral y faccioso de las instituciones para acosar a adversarios políticos, y disculparse ante la opinión pública por haber dicho tantas y tan graves mentiras.

A estas alturas los asesores presidenciales debieran darse cuenta ­y actuar en consecuencia­ que el riesgo principal al que se enfrenta su jefe no es un juicio adverso en las páginas de la historia, sino una descomposición rápida e irreversible de las instituciones y un llamado a cuentas de los responsables de ellas cuando dejen sus cargos, cosa que ocurrirá en menos de dos años.