Editorial

Secretario de Justicia e ideólogo de la tortura

Como consecuencia directa de los votos recibidos por George W. Bush en las elecciones del pasado 2 de noviembre, Estados Unidos amaneció hoy con un secretario de Justicia partidario de las violaciones de derechos humanos como política regular de Estado. Se trata de Alberto Gonzales, abogado texano que hizo carrera cuando el actual ocupante de la Casa Blanca era gobernador de su estado natal, y que trabajó para la mafia empresarial del entorno presidencial, como la fraudulenta Enron. Pero el antecedente político más escandaloso e indignante del nuevo secretario de Justicia es su trabajo para justificar la tortura como un procedimiento aceptable por las instituciones estadunidenses y su opinión de que Washington podía hacer a un lado las obligaciones que estipula la Convención de Viena para el tratamiento de los prisioneros de guerra.

En el primer periodo de Bush, en efecto, Gonzales fue el artífice del argumento de que los presuntos terroristas capturados por las tropas estadunidenses que invadieron Afganistán no tenían el estatuto de prisioneros de guerra, que no había razón para tratarlos como tales y que, en consecuencia, Estados Unidos podía violar a voluntad sus derechos humanos, como ha venido ocurriendo con el medio millar de detenidos que aún permanecen en las instalaciones navales de Guantánamo y que llevan más de tres años en régimen de absoluto aislamiento, enjaulados como animales, sin enfrentar ninguna acusación legal específica y sometidos, de acuerdo con diversos testimonios publicados en estas páginas, a tratos por demás inhumanos y crueles.

Las políticas atroces formuladas por Gonzales han tenido, en el Irak ocupado, una consecuencia igualmente atroz que ha indignado al mundo civilizado: los maltratos sistemáticos perpetrados por soldados y mercenarios estadunidenses contra los iraquíes presos, particularmente en la cárcel de Abu Ghraib, y por los cuales el gobierno de Washington sólo ha juzgado a los uniformados de baja graduación que tuvieron la mala idea y la mala fortuna de fotografiarse en el momento mismo de las torturas o junto al cadáver de un prisionero asesinado. Pero, aunque Bush y su equipo insisten en que se trató de hechos aislados y excesivos, el nombramiento de Gonzales como nuevo procurador obliga a pensar que las violaciones de las garantías individuales, la tortura y el asesinato de detenidos son, en cambio, una política de Estado vigente y aceptada.

Con estos antecedentes a la vista, es lógico que organismos internacionales, como Human Rights Watch y locales, como la Unión por las Libertades Civiles, y personajes políticos, entre ellos el senador Ted Kennedy, se hayan manifestado en contra de la designación de Gonzales como procurador desde que ésta fue anunciada por Bush en noviembre pasado, unos días después de su relección.

Con base en las circunstancias señaladas, resulta claro que no hay motivo para celebrar dos hechos que, aislados de su contexto, podrían considerarse positivos: la llegada al Departamento de Justicia de su primer titular de origen latinoamericano ­y mexicano, para mayor precisión­ y la salida de ese cargo del fundamentalista cristiano John Ashcroft, el inquisidor nato que encabezó durante los cuatro años pasados la severa distorsión autoritaria del sistema estadunidense de procuración de justicia. Si el integrismo religioso perdió esa posición, ganó una aún más importante, si cabe, con la designación de Condoleezza Rice como secretaria de Estado.

Dice la tradición que los presidentes estadunidenses relectos moderan, en su segundo periodo, las posturas que sostuvieron en el primero. En el caso de Bush esa tradición, si existió, ha perdido vigencia, como lo demuestra la conformación del equipo presidencial para el segundo cuatrienio del texano ­el posicionamiento de personajes como Rice y Gonzales, y la preservación de otros en sus cargos, como el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld­, el unilateralismo, el corporativismo mafioso-empresarial, el desdén por la legalidad internacional y el desprecio hacia los derechos humanos van a incrementarse, y eso constituye una pésima noticia para todo el planeta.