Para mantener la desigualdad
Para mantener la desigualdad y retroceder en las libertades legisladores de Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México han propuesto en varias entidades del país iniciativas que son copias literales de las propuestas republicanas hechas en el marco jurídico de Estados Unidos. Aunque comenzaron en Guadalajara y Aguascalientes, donde el sinarquismo dejó profundas huellas conservadoras, la derecha mexicana ya coló su agenda el año pasado en un decreto para la ciudad de México y ahora propone cambiar otras leyes ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Vale decir que la legisladora del PRD, Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, y otros asambleístas de esa fracción están contrarrestando asertivamente ese movimiento.
1) El decreto para reformar el Código Civil, el de Procedimientos Civiles y el nuevo Código Penal del Distrito Federal en materia de guarda, custodia y derechos de convivencia de los menores sujetos a patria potestad, aprobado por la ALDF, privilegia el carácter punitivo de la ley, subestima la voz de los menores de edad y los desconoce como sujetos de derecho, además de reforzar las desigualdades entre géneros. Esta reforma introduce la figura de custodia compartida, la cual lejos de fomentar la corresponsabilidad entre padres y el interés superior del menor, en la práctica se ha visto que es solicitada por padres violentos que utilizan esta reclamación para disuadir a las mujeres del divorcio y se ha convertido en un instrumento de control y maltrato sobre ella y los hijos. Se impone de uno a cinco años de prisión y de 100 a 500 días de multa en caso de que uno de los padres retenga al menor, con el gran riesgo de que muchas de las mujeres que se separan sean víctimas de violencia, y ahora podrían ir a la cárcel y perder la guardia y custodia de sus hijos.
2) En cuanto a las reformas propuestas a la ley para la atención y prevención de la violencia familiar, quiere centrarse ahora en el interés del padre de familia y eliminar la obligación del agresor a la manutención, y desconoce la necesidad de empoderar a las mujeres, así como el interés superior de menores de edad. Introduce la "perspectiva de familia", concepto novísimo que no se define, pero que suena como bondadosa contraparte de la "perspectiva de género" que busca la equidad y horizontalidad en las relaciones familiares y que fue base de la ley vigente. Se recupera literalmente la definición de "familia natural", como aquella "en la que existe un lazo matrimonial entre un hombre y una mujer bajo el compromiso de respeto y fidelidad y para toda la vida".
Se trata del concepto recientemente promovido en las campañas del gobierno de Estados Unidos que escuché de viva voz, hace un año, de los líderes fundamentalistas estadunidenses en aquel famoso Congreso Mundial de las Familias, auspiciado por organizaciones cristianas internacionales y autoridades federales mexicanas de DIF, Sedeso, Secretaría del Trabajo, Presidencia y Vamos México. La propuesta reduce el problema de la violencia al ámbito privado e incapacita al Estado para actuar en defensa del maltrato a las víctimas; el reducido concepto deja en impunidad a otros familiares agresores, que pueden ser el concubino, el padrastro o madrastra, e incluso el padre o madre adoptivos; esta ley también obliga a permanecer en unión familiar a agresores y víctimas, con lo cual contraviene la libre decisión de las persona y elimina la alternativa del divorcio y la disolución del vínculo matrimonial a la persona que vive la violencia.
3) En cuanto al tema interrupción del embarazo, justo ahora que ya tenemos servicios de aborto legal en la ciudad de México, derecho al cual cerca de 25 mujeres violadas accedieron el año pasado, la reforma propone equiparar el aborto con el homicidio y justifica el aumento de penalidad de tres a cinco años a la mujer que aborte y aumenta la pena para los médicos que lo practiquen con consentimiento de la mujer.
¿De qué se trata? Vistas en conjunto, las propuestas obedecen a una lógica que sólo se entiende como proyecto cultural para apoyar a largo plazo el desmantelamiento de la seguridad social y socavar los derechos económicos y sociales, tendencia que se viene dando en nuestras economías dependientes y aun en país centrales, como es el caso de la reforma que presentó George W. Bush, referida ampliamente por David Brooks en este diario (La Jornada, 2/2/05). Y es que a medida que disminuye la centralidad del Estado va saliendo a flote la contradicción entre los principios democráticos y la moral universal que la sostenía, frente a condiciones materiales de vida tan limitantes. Pareciera que el sistema no puede soportar las resistencias que engendra ni admitir explícitamente el grado extremo de desigualdad social que impera en el planeta globalizador. Como no se quieren atacar las causas, mejor se apuesta a una agenda retardatoria que busca debilitar los derechos humanos, deslindar al Estado de su responsabilidad social y desplazar esta función a la familia.
Se trata de que familias "unidas para toda la vida" se ocupen de la salud, la educación y los problemas sociales, de enfocar el debate en la vida del feto y desatender las necesidades sociales que exige la vida extrauterina; de fortalecer relaciones verticales y el sometimiento de las mujeres para que no compitan en el constreñido mercado laboral, para que no defiendan sus derechos humanos ni los inculquen en sus hijos e hijas, y para que jóvenes y menores mermen sus libertades y decisiones autónomas. Se quiere circunscribir la autoridad del padre de familia al ámbito privado y no a espacios laborales ni políticos, porque en los primeros la acumulación del capital exige altos grados de explotación, y en los segundos la soberanía del pueblo ha sido sustituida por una pluralidad de elites.
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