La inhabilitación
El 2005 está iniciando también como el año en que Vicente Fox, en su afán de manipular el proceso electoral de 2006, podría quebrantar de manera violenta el orden constitucional al inhabilitar como candidato presidencial al jefe de Gobierno capitalino, por mucho que los asesores de Los Pinos busquen darle apariencia de "legalidad" a una acción atrabiliaria.
1. El proceso de descomposición de la vida política mexicana, que se ha acelerado en meses recientes y es cada vez más una preocupación en los medios políticos y económicos de México y del exterior, se debe a las acciones ilegales del gobierno federal a fin de dar cumplimiento a los acuerdos de Vicente Fox con Carlos Salinas para preservar el poder político en 2006, y que han supuesto trampear desde ahora las elecciones eliminando al que se perfila como el candidato más fuerte: el jefe de Gobierno de la capital.
2. Las maniobras sin fin que ha llevado a cabo Vicente Fox desde 2004 para inhabilitar ilegalmente a López Obrador, utilizando de manera primordial dos instancias del Estado -la PGR y Gobernación-, así como a los poderes Judicial y Legislativo, y a la mayor parte de los medios masivos de comunicación, que han quedado en entredicho perdiendo aún más su escasa credibilidad, no han logrado su objetivo de eliminar de la contienda al que cree su principal obstáculo, y sí han dañado gravemente al régimen foxista y al propio Fox, cuyo descrédito se ha hecho mucho mayor y está pasando a la historia como un golpista, evidenciándose que no hay transición democrática y que el Ejecutivo en turno, al igual que en el pasado, puede seguir manipulando los procesos electorales, pero ahora de manera abierta.
3. Los signos de que el gobierno no ha entendido que lo que hace con sus sucios ardides no es eliminar de la contienda electoral de 2006 a un posible contrincante, sino atentar contra las instituciones del Estado y destruir la escasa credibilidad de los procesos electorales en nuestro país, abriendo la vía a la violencia, siguen siendo muy preocupantes, pues demuestran que Fox y Salinas tienen profundo desprecio por el pueblo y sobrevalúan la capacidad de control de los medios sobre el pueblo. El asesinato en 1948 del político más popular de Colombia, Jorge Eliezer Gaytán, quien era favorito para ganar las siguientes elecciones, llevó a ese país a una violencia civil que ha durado más de medio siglo.
4. Los acuerdos de Fox con Salinas, quien ha fungido como su protector y guía desde que modificó la Constitución para que aquél pudiera ser presidente, quedaron de manifiesto al integrarse el gabinete y ser designado para Gobernación Santiago Creel, oscuro abogado asociado al bufete del salinista Diego Fernández de Cevallos, quedando al frente de las dos entidades financieras -Hacienda y Banco de México- dos tecnócratas priístas. Se confirmaron al continuar Fox dócilmente todas las políticas de Salinas y proteger a éste ante todas las acusaciones por gravísimos crímenes. Se evidenciaron cuando los legisladores salinistas del PRI apoyaron todas las pretensiones legislativas de Fox, lo que no se detuvo hasta que la operadora de esos acuerdos, la salinista Elba Esther Gordillo, cayó gravemente enferma. Y más recientemente aparecieron como obvios, al designarse como segundo en el mando de los aparatos de seguridad del Estado (claves en los procesos electorales) al salinista Yunes, a pesar de su pasado oscuro y de las imputaciones que pesan sobre él.
5. La acción coordinada del grupo ultraderechista El Yunque, enquistado en Los Pinos a través de Ramón Muñoz, con los grupos salinistas que actúan en la política nacional y en los medios, en las diversas tentativas que se hicieron a lo largo de 2004 contra López Obrador, así como el hecho de que en el curso del llamado "caso Ahumada" o de los "video- escándalos", tanto Salinas como Fox aparecieran personalmente vinculados a Ahumada, mostró la dimensión de los acuerdos con vistas a las elecciones para crear un escenario en el que ninguno de los dos grupos pierda.
6. La tentativa foxista-salinista de sacar a la mala a López Obrador de la contienda de 2006, buscando encausarlo y quitarle sus derechos políticos con la absurda acusación de que desacató una orden judicial al construir el gobierno capitalino una vialidad, ha seguido adelante evidenciándose la actitud facciosa de los legisladores que integran la sección instructora de la Cámara de Diputados -los priístas Rebeca Godínez y Francisco Frías y el panista Alvaro Elías-, quienes contra la razón y el derecho y con la sola fuerza de ser mayoría están imponiendo un dictamen aberrante no obstante que no tienen evidencias de la descabellada acusación de la PGR, pues aun en la diligencia que practicaron no pudieron siquiera comprobar los hechos, no tienen evidencia de la responsabilidad del jefe de Gobierno y se oponen a que se haga un nuevo peritaje en El Encino.
7. Algunos miembros de la clase gobernante están desbocados en este empeño, pero no encuentran manera de justificarse. La comida que reunió en el hotel Presidente a Fox con su ex canciller Jorge Castañeda, quien le ha servido de enlace con Salinas (2 de febrero), y que al más viejo estilo no tuvo más propósito que ser nota en los medios, que al parecer no logró, sólo evidencia la complicidad de estos individuos que figuran como dos de los políticos más ineptos que ha conocido el país, en las maniobras antidemocráticas que se están fraguando para 2006.
8. El principal responsable de lo que acontece es Vicente Fox, quien lejos de haber entendido en 2000 la exigencia histórica que tenía luego de los años de dominación priísta, en vez de hacer un gobierno plural, democrático y de transición, se doblegó a lo peor del PRI y mantuvo las estructuras, las prácticas y las políticas del pasado. Y que ahora en 2005, en vez de entender que los exiguos avances democráticos alcanzados en materia político-electoral se echarían por la borda de proseguir con esta decisión atrabiliaria, empecinado quiere continuar con ella.
9. La manifestación pacífica en contra de la tentativa de Fox y de Salinas de Gortari de violentar el orden constitucional, a la que convocó López Obrador el 2 de febrero, y que se llevaría a cabo el día que el pleno de la Cámara de Diputados votara el dictamen que le enviara la sección instructora, es un acto legítimo y legal de defensa. No sólo de los derechos políticos de un hombre, como muchos creen, sino de los derechos políticos de los mexicanos a votar por quien ellos quieren.
10. Y un acto de defensa del orden constitucional, que Fox puede quebrantar de manera peligrosa de seguir adelante en su miope intento.