En Madrid continúa el juicio contra Scilingo
Niega Kirchner que haya pedido a Aznar suspender extradición de ex represores
Buenos Aires, 3 de febrero. El presidente argentino, Néstor Kirchner, enviará una carta al juez Baltasar Garzón para negar que el Ejecutivo argentino pidiera en 2003 al gobierno español de entonces que suspendiera el pedido de extradición de unos 40 militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), hecho por el magistrado español.
En su libro autobiográfico, presentado hoy en Madrid, Garzón sostiene que el entonces presidente José María Aznar rechazó las extradiciones "a pedido" de Kirchner, pero el magistrado admitió no haber corroborado con el gobierno argentino esa información.
El jefe de gabinete, Alberto Fernández, negó enfáticamente en rueda de prensa que el gobierno hubiera trabado las extradiciones, y señaló que esa fue una decisión de la administración de Aznar.
"La República Argentina, con este gobierno en particular, desde siempre, ahora y en el futuro hará todo lo que esté a su alcance para que la impunidad en lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos sea suficientemente juzgada y sus responsables debidamente enjuiciados", dijo Fernández.
El conservador diario La Nación, que fustiga a Kirchner por su política contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares de la dictadura, fue el que rescató aquí la versión de Garzón.
El magistrado español no buscó verificar la información publicada en su libro Un mundo sin miedo, e interrogado sobre el asunto dijo desde España que "lo que se reveló es lo que a mí se me dice (...) el ministro de Justicia me dice que eso ha sucedido (que el gobierno argentino pide suspender las extradiciones)".
"Yo no he hablado posteriormente con ningún miembro del gobierno argentino. Si hizo esa afirmación (el gabinete español), pues ahí queda y que la valore quien la tenga que valorar; si no la hizo, aquí (en España) quien tenga que explicar por qué no se dio curso a esas extradiciones, que lo explique", añadió.
Los 39 militares y un civil argentinos fueron reclamados por Garzón, que los había procesado y pretendía juzgarles en España por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura.
Tras el regreso de la democracia, las cúpulas de las juntas militares de la dictadura fueron juzgadas y condenadas, pero el Congreso aprobó leyes de perdón -Punto Final y Obediencia Debida- para el resto de los represores. Más tarde, los jerarcas militares también serían indultados.
Luego del pedido de Garzón en 2003, Argentina derogó un decreto que impedía el juicio a represores fuera del territorio nacional. Mientras se tramitaba la extradición, que luego rechazaría el gobierno de Aznar, el Congreso argentino anuló las leyes de perdón y se reabrieron muchas causas. Sin embargo, todas estan en suspenso a la espera de la decisión de la Corte Suprema argentina sobre si la anulación de estas leyes es válida.
En Madrid, en tanto, continuó el juicio contra el ex marino argentino Adolfo Scilingo por genocidio, terrorismo y tortura, con la presentación de Emiliano Hueravilo. "Yo nací en la ESMA", dijo Emiliano, de 27 años, en la sala de la Audiencia Nacional, en alusión a la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro de concentración de la dictadura por el que pasaron 5 mil de los 30 mil desaparecidos.
"Se llevaron a mi madre cuando estaba embarazada de seis meses", señaló el testigo, que pudo reconstruir lo sucedido gracias al testimonio de sobrevivientes de la ESMA.
La existencia de una sala de partos ilegal en la ESMA fue confirmada también por Rosa Tarlovsky de Rossimblit, de Abuelas de Plaza de Mayo, cuya hija fue secuestrada cuando estaba embarazada de ocho meses y dio a luz allí. Del niño se apropió un militar.
Scilingo confesó voluntariamente en 1997 ante Garzón los crímenes cometidos por los marinos, entre ellos los llamados "vuelos de la muerte" en los que los detenidos, sedados y esposados, eran lanzados al mar.