La OMCT exige al gobierno proteger a Lydia Cacho, defensora de mujeres en Cancún
Recibe amenazas de muerte la activista que denunció delitos que involucran a Yunes
La dirigente delató al empresario Jean Succar Kuri por abuso sexual y prostitución infantil
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) pidió al gobierno mexicano su intervención urgente para dar protección a Lydia Cacho Ribero, presidenta del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, quien ha recibido amenazas de muerte por asesorar a dos víctimas de violencia y haber denunciado al empresario libanés Jean Succar Kuri de abuso sexual y prostitución infantil, caso en el que estaría implicado el subsecretario de Seguridad Pública federal, Miguel Angel Yunes Linares.
Este organismo con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con sede en Ginebra, Suiza, indicó que la defensora de derechos humanos recibió amenazas telefónicas en diciembre pasado de parte de familiares de Succar Kuri, además existe una lista enviada a la policía estatal, donde Cacho aparece en el grupo de personas a "quienes ha mandado asesinar".
De acuerdo con el Secretariado Internacional de la OMCT, Cacho también ha recibido amenazas de muerte, debido a que el centro atiende a dos mujeres y a sus hijos, que han sido víctimas de violencia por parte de José Ramón Hernández, ex agente del Cuerpo Especial Antisecuestros de Torreón, Coahuila, y de Alfredo Jiménez Potenciano, presunto narcotraficante.
Ante esta situación, el organismo solicitó al gobierno mexicano tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Cacho y todos los miembros del CIAM, asegurar una investigación inmediata en torno a las agresiones e identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales previstas por la ley.
Con respecto a Succar Kuri, señala que este empresario está detenido en Chandler, Arizona, esperando su extradición, acusado de abuso y prostitución infantil.
El subsecretario Yunes ha sido señalado como amigo y socio de Succar Kuri, y también se le ha relacionado en la citada investigación, aunque en enero pasado dijo ser "totalmente ajeno" y señaló que se trataba de una "calumnia".
La OMCT refirió que los integrantes del centro de atención a mujeres han recibido amenazas por teléfono y por medio de una lista enviada a la Secretaría de Seguridad Pública local, en la cual aparece el nombre de Cacho como una de las personas a quienes Succar ha mandado asesinar.
Señaló que, sin embargo, los miembros del CIAM Cancún siguen sin recibir protección, a pesar de las reiteradas denuncias y solicitudes hechas a la policía municipal, al secretario estatal de Seguridad Pública y a la Policía Federal Preventiva, la cual dice necesitar una orden expresa del gobernador.
"El secretario de la OMCT se encuentra preocupado por la grave situación de seguridad de la señora Lydia Cacho Ribero, y de todo el equipo del Centro de Crisis para Víctimas y solicita a las autoridades mexicanas que tomen las medidas oportunas para garantizar su seguridad y su integridad física y sicológica", señaló en un comunicado.
Cacho Ribero, explicó la organización, desde hace 18 años brinda asistencia jurídica y médica a mujeres y niñas de Cancún, particularmente aquellas que corren peligro o que están siendo amenazadas.
La organización también ha recibido amenazas de José Ramón Hernández como represalia por el hecho de que el CIAM ha dado protección a la esposa y los tres hijos de este ex agente, luego de que lograron fugarse de su hogar, debido a que han sufrido actos de agresión por parte de Hernández.
Refirió que Hernández se ha presentado en varios refugios de la red CIAM en Saltillo, Monterrey y San Luis Potosí, portando arma de fuego, con la cual amenaza de muerte al personal de dichos centros.
Otro caso se refiere al de José Alfredo Jiménez Potenciano, quien se presentó en las oficinas del CIAM-Cancún, molesto porque su esposa e hijo, de tres años de edad, han recibido protección por parte de la institución.
Jiménez amenazó al equipo del centro, particularmente a Cacho, y les dijo que si no le devolvían a su mujer y a su hijo los iba a matar.
Una abogada del CIAM solicitó al subprocurador Alfonso Chi Paredes custodia policiaca; sin embargo, se conoció que Jiménez Potenciado había visitado al subprocurador 30 minutos antes de ir a amenazar a los funcionarios del CIAM.