¿Puede la mayoría ser antidemocrática?
l filósofo político G. Sartori nos dice que "la democracia no es pura y simplemente el gobierno de la mayoría". A lo que agrega J. Burham que "la característica fundamental de la democracia [...] es la concesión del derecho de expresión política a las minorías". Es decir, el respeto de los derechos de la minoría es el signo empírico de una democracia. ¿Por qué?
En primer lugar, porque el ciudadano honesto debe conducirse por su recta conciencia ética, aunque sea minoría. Hay que respetar sus derechos. En el caso de Sócrates, quien se quedó solo -la extrema minoría posible- ante todos los miembros del démos en Atenas sosteniendo su posición, mostrando así una inconmensurable seriedad cívica, se le trató injustamente. En aquel día, cuando se condenó a Sócrates, la asamblea ateniense cometió un crimen político que nunca olvidará la historia. Los crímenes físicos -como los de Colosio- son a veces menos graves que los asesinatos políticos, porque estos últimos corrompen las instituciones más venerables. No estoy defendiendo personas; estoy defendiendo principios éticos, normativos.
En segundo lugar, porque "si el criterio de la mayoría se transforma (erróneamente, dice Sartori) en la norma de la mayoría absoluta", se excluiría de la ciudadanía a la minoría, y la mayoría se haría permanente ya sin oposición minoritaria. No habiendo otra posición posible se impondría totalitariamente la opinión vigente de la mayoría y sería imposible "cambiar de opinión" en el futuro. "Los derechos de la minoría son la condición necesaria del proceso democrático mismo."
¿En qué consisten los derechos de la minoría? Uno de estos derechos, como en todo juicio, es que el acusado, y más si es minoría, tiene que ser respetado en los momentos constitutivos de un tal juicio. Por ejemplo, y en primer lugar, en que la mayoría deba evaluar racionalmente (y no decidir desde motivos estratégicos egoístas o partidistas), es decir, ecuánimemente, las pruebas que el acusado presenta en su defensa. Es falta de respeto a los derechos de la minoría, y prueba de irracionalidad e injusta corrupción, decidir condenar al acusado en minoría antes (en el tiempo) de escuchar o prestar atención a sus argumentos. En segundo lugar, y con respecto al respeto debido al acusado, es necesario ponderar si la acción juzgada merece pena, y en qué cualidad y cantidad. Un acto insignificante, que quizá pudiera exigir la reprimenda a un jefe de obras, no puede ser el motivo de una pena atribuida a una autoridad lejana institucionalmente del ejecutante, y además que involucre su destitución -que es un castigo administrativo máximo, desproporcionado y por ello injusto-. Es no tener respeto al derecho de la minoría usar una triquiñuela para castigar con una pena de descomunal consecuencia (ya que el acusado, aunque minoría en un cuerpo de representantes, puede ser mayoría en la opinión pública, lo cual significa, de paso, una bofetada a la misma ciudadanía que ha elegido a los que forman parte de la eventual mayoría de representantes, que poco tiempo después podrían ser minoría).
Sartori concluye que para ser democrático "un gobierno mayoritario [debe ser] frenado y limitado por los derechos de la minoría"; de lo contrario se transforma en un régimen autoritario, antidemocrático.
No hay derecho a usar los órganos del Estado, sea una procuraduría, una cámara legislativa o un cuerpo judicial, para eliminar a un oponente político. Este acto muestra la falta completa de formación democrática de la voluntad de los que obran de esta manera, mancha definitivamente el nombre singular de todos los actores, de los cuerpos y de los partidos involucrados. Un "asesinato político" no es cosa pequeña, imborrable en la memoria de un país con tradición, y, sobre todo, cuando se están dando los primeros pasos hacia la democracia. La democracia, como indica Boaventura de Sousa, es un proceso sin fin. Ningún país puede decir que es ya democrático -ni Estados Unidos ni ningún país europeo-, sino que son sistemas concretos en un proceso de "democratización sin fin". Por ello, si en nuestro país se procede por mayoriteos amañados y corruptos se daría un enorme paso atrás. Se impediría que los candidatos para los comicios de 2006, que son los partidos políticos que excluyeron con chicanas al oponente principal, logren mínima legitimidad; más cuando están siendo personalmente activos actores en la exclusión del que habría sido el candidato a vencer. ¿Qué legitimidad tendría el dirigente de un partido que manejaba a la mayoría que destruía a su principal personal oponente? ¿Qué autoridad y derecho podría tener un candidato que, ocupando un cargo de alto nivel en el Estado, hubiera intervenido directamente en la eliminación del que ya en otra ocasión lo venció en las urnas?
El procedimiento y la normatividad democrática real (no aparente) otorgan legitimidad, que asegura la gobernabilidad a largo plazo. La legitimidad es el fundamento de la autoridad. El que la ha perdido no la puede recuperar posteriormente. ¿Quién podrá dar legitimidad ante la ciudadanía actual y ante la historia al que dispuso impedir que alcanzara la presidencia el que había logrado la mayoría en las elecciones del 1988? Los Pinochet son al fin juzgados por su totalitarismo inescrupuloso. La ciudadanía, sea del partido que fuese, no puede ser moralmente indiferente ante la injusticia. El ciudadano que calla la injusticia es culpable.
En el nazismo el silencio ante el Holocausto de los judíos manchó a todo el pueblo alemán hasta el presente. ¡Que el lodo no nos ensucie a todos! ¡La ética es un componente de la política, y los que se ríen de ella, como la gran estatua evocada por el profeta Daniel, se enredan en sus propias contradicciones, y caen ... porque "tienen los pies de barro"!
* Filósofo