Deberán pagar estudios "carísimos" para declarar parcelas libres de transgénicos
Campesinos, los grandes perdedores con la Ley de Bioseguridad: especialista
Esta semana se someterá a votación en el Senado de la República
La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que será votada esta semana en el Senado de la República, coloca en desventaja a los campesinos frente a las trasnacionales, pues mientras el trabajador de la tierra queda obligado a pagar estudios "carísimos" para declarar su parcela libre de transgénicos, las grandes corporaciones no tendrán que indemnizar ante eventuales daños ni responder en caso de que éstos produzcan efectos secundarios, advirtió la bióloga de la máxima casa de estudios Alma Piñeiro.
La experta manifestó que dicha iniciativa, que favorece el incremento de las ganancias de las trasnacionales sin que tengan ninguna responsabilidad, tiene más que ver con la política que con la biología, además de que está llena de huecos que dan lugar a múltiples interpretaciones.
En entrevista, explicó que la ley habla de "zonas libres de transgénicos" y establece que las personas de una comunidad que quieran declarar así su parcela "deberán demostrar la no existencia de éstos", lo que tendrá que ser apoyado por los diferentes niveles de gobierno.
Además de las dificultades de la prueba, un estudio para detectar si hay o no coexistencia de transgénicos sale "carísimo". De esta forma, la norma pide "algo que la mayoría de la gente no está en posibilidades de dar".
Por otra parte, "de dientes para afuera se dice que habrá zonas libres de transgénicos, pero en la ley se establecen candados perfectos para que esto no funcione". Explicó las razones: en las áreas naturales protegidas supuestamente no podrá haber OGM, a excepción de que exista un tipo de plaga que justifique el uso de éstos para controlarla.
Lo anterior, enfatizó, implica una concepción "muy cuadrada de la biología y de la diversidad", al considerar que el área natural protegida es "un cuadrito del que no sale ni entra nada, lo cual no es cierto".
Los ecosistemas son porosos, de manera que si en la vecindad de una área protegida se funda un OGM éste puede llegar, por ejemplo mediante la polinización por viento, a la zona que presuntamente está libre de dichos organismos, puntualizó. Sin embargo, la norma carece de una regulación que especifique los métodos que se utilizarán para contenerlos.
Otro problema fundamental es que los sistemas de información en la materia están construidos con base en las pautas de la agricultura de Estados Unidos, pese a la diversidad biológica y la diferencia cultural con aquel país, destacó. Así, dijo, se utilizan técnicas "que a lo mejor pueden ser útiles y suficientes" para el vecino país del norte, pero no para México.
La especialista de la UNAM señaló que otro problema de la iniciativa es que no establece diferencia entre individuo y corporación, de tal forma que el permisionario puede ser un campesino o una empresa multimillonaria, como Monsanto, aunque el beneficio entre uno y otro sea radicalmente distinto.
"Las corporaciones no van a tener ninguna obligación de dar fianza por si hay daños ni de responder en caso de que algún transgénico tenga como efecto secundario producir una proteína tóxica. Estas no van a tener que pagar, pues el régimen de responsabilidad civil establece que mientras tú cumplas todo lo que está en la ley no cometiste ilícito."
Un elemento más, entre muchos otros, es que la industria no tiene responsabilidad de dar información real, indicó. Por otro lado, explicó que al liberar transgénicos al ambiente hay modalidades distintas: la experimental, la piloto y la comercial, "pero ni a nivel experimental ni piloto se dice qué tan grande puede ser un cultivo".
En síntesis, finalizó, el resultado concreto de esta iniciativa es que "siempre va a favorecer a las grandes corporaciones".