Hacinamiento, falta de médicos y de espacios para la visita conyugal, entre los problemas

Cárceles guanajuatenses, en el abandono total: Derechos Humanos

El gobierno estatal no está obligado a atenderlos y las autoridades municipales no pueden

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Guanajuato, Gto., 14 de febrero. Las cárceles municipales de la entidad, que actualmente albergan a 390 reos, operan en la total anarquía, consideró la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH), la cual señaló que en esos penales se perpetran "graves violaciones a los derechos humanos", y el gobierno estatal no tiene injerencia directa en ellos, además de que legislación no lo obliga a asumir responsabilidad sobre los procesos de readaptación social en esos lugares.

En los patios de 12 de las 46 alcaldías guanajuatenses operan penales locales. La PEDH informó que durante 2004 recibió 30 quejas de internos, por las cuales se emitieron 40 recomendaciones a los ayuntamientos relacionadas con transgresiones a las garantías individuales, ejercicio indebido de la función pública, lesiones, imposición de castigo indebido a reclusos, y amenazas.

Entrevistado al respecto, el titular de la PEDH, Manuel Vidaurri Aréchiga, sostuvo que en las cárceles municipales de San Luis de la Paz, San José Iturbide, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Salvatierra, Cortázar, Juventino Rosas, San Francisco del Rincón, Yuriria, Uriangato, Silao y Valle de Santiago, prevalece "una deplorable situación que hace prácticamente imposible que se cumpla el espíritu de readaptación de los internos".

Agregó que las violaciones más recurrentes en el sistema penitenciario municipal se refieren a que "la planta física de las cárceles en los municipios no es la adecuada, porque están adaptadas casas viejas para que funjan como prisiones.

"Hemos detectado hacinamiento, no cuentan con médicos, los espacios para la visita conyugal son prácticamente inexistentes o están habilitados de manera poco conveniente, no hay área de separación de procesados y sentenciados, en algunos casos las mujeres permanecen en las escaleras de las cárceles o en los pasillos, y los custodios no cuentan con la preparación suficiente, pues en muchas ocasiones se delega la tarea a elementos de la Dirección de Seguridad Pública".

Por separado, el director general de Ejecución Penitenciaria y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, Pablo Antonio Sánchez Urbina, manifestó que el gobierno estatal ofrece ayuda "parcial" en la operación de cárceles municipales. "El apoyo que les brindamos consiste en trasladar a los internos que ya están procesados de manera ejecutoria, hacer revisiones dentro de la cárcel cuando así nos lo solicitan, damos asesoría jurídica, técnica, sicológica, y en ocasiones apoyo médico", acotó.

El funcionario reconoció que las cárceles municipales dependen de los ayuntamientos; "es decir, el estado no tiene injerencia ni en el manejo administrativo al interior, ni en los procesos disciplinarios que se sigan. Lo que corresponde al gobierno estatal es dar la asistencia que tengamos disponible y a la mano, no así de otros temas".

Y es precisamente esa falta de apoyo la que deriva en múltiples violaciones a los derechos humanos de los internos. Por ejemplo, en la cárcel de San Francisco del Rincón comparten el mismo espacio reclusos acusados por homicidio, lesiones, secuestro y fraude, con quienes están presos por tomar bebidas alcohólicas en la calle o proferir injurias. "Sí es un grave problema pero, ¿qué le hacemos? No hay para más", reconoció el presidente municipal José Velásquez.

No podemos cumplir exhortos: edil de San Francisco del Rincón

El edil de San Francisco del Rincón comentó: "hemos recibido un montón de recomendaciones de la PEDH, que no las cumplimos porque no podemos, no hay espacio (la prisión local tiene capacidad para albergar a 30 personas, pero 70 convictos actualmente purgan condenas en ese sitio), y lo que hemos pedido es apoyo de las autoridades para que se invierta en un Cereso (Centro de Readaptación Social) regional, pero no le quiere invertir el gobierno del estado".

Las condiciones en el penal de San Francisco del Rincón son precarias. Para empezar, funciona como cárcel desde 1896, en lo que fue la bodega del ayuntamiento, y según María Martínez, vecina del municipio de Manuel Doblado, que suele visitar a su pareja sentimental, preso desde hace tres meses en ese lugar, "cuando es día de la visita íntima nos meten a las galeras (un bodegón que hace las veces de dormitorios, separados entre sí sólo por cobijas) y lo único que hacemos es platicar porque hay gente de todos lados".

Julia Palacios, quien también visita a un reo de San Francisco del Rincón, se quejó de que "cuando (los presos) no quieren lavar los baños o los patios, entonces los policías los castigan con no salir al patio y se quedan por una semana en las literas, y eso los pone de mal humor".

En los penales municipales, "en la medida que podemos", se ofrecen talleres de carpintería, repujado (en ambos casos se usa material punzocortante, motivo de una recomendación de la PEDH, hasta el momento no atendida) y música, señaló el alcaide del penal de San Francisco de Rincón, Miguel Angel Morales Pegueros. El tiempo de estancia oscila entre ocho meses y cuatro años, "dependiendo de cuándo los familiares tienen dinero para pagar la fianza", añadió.

Uno de los reclusorios municipales con mayor número de recomendaciones de la PEDH es el de Silao, construido en 1910 y donde parece que no ha transcurrido el tiempo. El hacinamiento ha sido motivo de varias revueltas en ese lugar. "Hace dos semanas hubo una riña entre los internos por la disputa de una silla", zafarrancho del que salieron varias personas lesionadas, comentó el director de esa cárcel, J. Luz Gómez Rodríguez.

La cárcel de Silao tiene capacidad para recibir a 40 internos, pero hoy recluye a 76 personas que han cometido delitos como violación, secuestro, homicidio, faltas a la moral, fraudes, escándalos en la vía pública y lesiones. "No hay problema de que estén todos revueltos, de todos modos no hay un lugar donde ponerlos", manifestó Gómez Rodríguez.

El presidente municipal de esta localidad, Guillermo Aguirre, sugirió que el gobierno del estado asuma la responsabilidad de la custodia de los internos.

El edil argumentó que el ayuntamiento no está obligado a readaptar personas, pero esta simple idea molesta al gobierno estatal. "Sería una situación no conveniente, los alcaldes pueden devolver al estado la responsabilidad, pero considero que ese acuerdo podría traer mayores problemas", afirmó el director general de Ejecución Penitenciaria y Readaptación Social, Sánchez Urbina.

La PEDH insistió en que el tema de las cárceles municipales, que no cuentan con un marco jurídico que las rija, debe tratarse de forma integral "por el bien de la población recluida".

El alcalde de San Francisco del Rincón, José Velásquez, reviró que atender a presos "no es responsabilidad nuestra, pero sí nos generan gastos; si no tenemos apoyo del estado, entonces habremos de regresar a los procesados al Poder Judicial, y al estado a los sentenciados, para evitarnos problemas, porque, caso curioso, no estamos obligados a tener cárceles, pero sí a mantener a los presos".