Ministros señalan que la suspensión en favor del Ejecutivo no pone en riesgo la economía
La Corte exigiría a Fox invertir en Cetes los recursos congelados del presupuesto
Por tercera ocasión el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente la votación respecto del análisis sobre la suspensión que la Comisión de Receso del máximo tribunal del país concedió el pasado 22 diciembre al presidente Vicente Fox, y que mantiene congeladas de manera temporal 50 partidas del Presupuesto de Egresos 2005.
No obstante, durante la sesión pública de ayer, cinco de los 11 ministros dejaron casi definido el sentido en que emitirán su voto, por lo que se prevé que en la próxima sesión de pleno la Corte resuelva el último recurso de impugnación que tiene vigente la Cámara de Diputados, y con ello decida el futuro de la suspensión derivada de la controversia constitucional que presentó el titular del Ejecutivo federal.
Los ministros Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y Juan Silva Meza coincidieron en que dicha suspensión "no pone en riesgo la economía nacional" ni afecta "instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano", como son las garantías constitucionales, las cuales, de acuerdo con la ley reglamentaria de las controversias, son algunas de las causales de improcedencia en materia de suspensión.
Una de las propuestas que más provocaron polémica entre los ministros, y que perfiló la impresión de que en la próxima sesión se autorizaría la suspensión que en diciembre pasado le concedieron a Fox los ministros Aguirre Anguiano y Gudiño Pelayo -que integraron la Comisión de Receso- fue la que presentó casi al término de la sesión el ministro Ortiz Mayagoitia, quien tiene a su cargo la ponencia de la controversia.
El ministro se pronunció en favor de ratificar la suspensión, pero con la condición de que el Ejecutivo federal cumpla con tres requisitos. Primero, que deposite en instrumentos de inversión los 4 mil 195 millones de pesos del presupuesto que están suspendidos, es decir, que mediante inversiones en Cetes se entreguen las cantidades líquidas que debía transferir a los estados, y que ponga estos fondos a disposición de la Corte mientras se resuelve la controversia constitucional.
Segundo, que en el caso de obras públicas y adquisiciones que también fueron suspendidas, el gobierno federal realice estudios para calcular sus costos, y también deposite esos recursos.
Tercero, que si en los 15 días posteriores a que fuera avalada la suspensión el Ejecutivo federal no cumple con los dos puntos anteriores, el ministro instructor (Ortiz Mayagoitia) deseche la suspensión que fue impugnada por el Poder Legislativo.
Asimismo, Ortiz Mayagoitia consideró que la suspensión significó una "ventaja procesal" para el presidente Fox. Inmediatamente después refirió que para buscar el equilibrio entre las partes, sería recomendable exigirle al Ejecutivo que realice un depósito (como especie de garantía) con igual proporción al 0.25 por ciento del total del presupuesto (más de 4 mil millones) que fue congelado.