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El "Estado Libre Asociado" (ELA) de Puerto Rico exhibe un estatus político singular: "Estado" carente de soberanía que siendo colonia se dice "libre", y estando subordinado se dice "asociado". En calidad de "puerto" almacena armas nucleares, químicas y bacteriológicas y, como país "rico", resume el ideal del "libre comercio": producir barato lo que no se consume y consumir caro lo que no se produce.
En el cuarto centenario de Sancho Panza, la Real Academia bien podría tratar los vínculos entre lengua y colonialismo, que en la población boricua encontraría ejemplos paradigmáticos. Según datos del Ateneo Puertorriqueño, 80 por ciento de los habitantes chapurrea una lengua oficial que ignora, 89 por ciento lo considera innecesario en sus trabajos, y 85 por ciento duda que le asegure mejoría económica (1992).
En la más oriental y pequeña de las grandes Antillas, el inglés fue impuesto tras ser "liberada" por Estados Unidos en la guerra contra España por la posesión de Cuba (1898). De allí que Cuba y Puerto Rico sean "de un pájaro las dos alas / reciben flores o balas / sobre un mismo corazón", versos de la autora del himno nacional puertorriqueño, Lola Rodríguez de Tió (1843-1924).
Phillip C. Hanna, último cónsul de Washington ante España en San Juan, dijo al despedirse: "Espero que también el idioma español sea cosa del pasado en esta isla". Anhelo más pedagógico que la iniciativa del congresista Cornelius P. Rhoades, autor de un proyecto de ley para inocular colectivamente el cáncer en los antillanos (1913), y la esterilización masiva de mujeres llevada a cabo por la Alianza para el Progreso, en el decenio 1960.
Los deseos de Hanna se cumplieron. En 1902, la autoridad colonial sancionó la Ley de Idiomas Oficiales y en las escuelas boricuas sólo se enseñó inglés, historia y cultura de Estados Unidos. Fue en vano. Por múltiples caminos, el pueblo de Puerto Rico oyó las palabras del líder independentista Pedro Albizu Campos ("El imperialismo yanqui, en lo moral, nos ha conducido al desprecio de nosotros mismos"), y asumió la defensa del español como herramienta de identidad nacional.
Una recopilación histórica de Marilyn Pérez Coto, jefa de información del periódico boricua Claridad (1993), señala que en 1942 el Consejo Superior de Enseñanza aprobó que el español fuese usado en la Universidad de Puerto Rico en los trabajos docentes. En 1945, un senador presentó un proyecto de ley que disponía el uso del español en las escuelas públicas.
Aprobado por mayoría, el proyecto fue vetado por Rexford G. Tugweel, gobernador de la isla, y nuevamente aprobado por mayoría en 1947, "medida que terminó en el escritorio del presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, desencadenando una intensa batalla legal", anota Pérez Coto. En las escuelas públicas de la isla, el español llegó con la creación del ELA (1952), engendro institucional diseñado por Luis Muñoz Marín (1898-1980), fundador del Partido Popular Democrático (PPD, 1938), levemente diferenciado del Nuevo Progresista (PNP).
Si por medio del ELA Puerto Rico debía ser "un experimento en libertad política no-nacionalista, en un pueblo latinoamericano" (Muñoz Marín), el PNP se declara abiertamente anexionista, cosa temida por el Congreso yanqui ante la eventualidad de que una voz hispana pudiese retumbar incómodamente en el Capitolio imperial.
En 1967 el español fue idioma oficial, quedando pendiente y sin resolución en qué idioma se llevarían a cabo los trámites de gobierno. En 1989, en los meses que prosiguieron para definir el estatus político de Puerto Rico, los defensores de la cultura nacional señalaron que "el español no es negociable desde ninguna circunstancia ni fórmula de estatus".
El plebiscito nunca se concretó. Pero el 5 de abril de 1991, en una maniobra claramente demagógica, el gobernador Rafael Hernández Colón (PPD), firmó la Ley del Español, cosa que le mereció el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. La declaración del español como idioma oficial fue calificada por el PNP de "maniobra política para impedir la celebración de un referéndum para decidir el futuro de la isla".
Así, en 1993, cuando el PNP retomó el poder y los cuerpos legislativos, el gobernador Pedro Roselló derogó la ley y retrotrajo la situación a 1902, desairando a 150 mil personas que marcharon para manifestar su repudio a la medida. La marcha, la más grande en la historia del país, fue convocada por el Comité del Pueblo en Defensa del Español.
En 1998 el presidente Bill Clinton se dirigió al gobernador Carlos Romero Barceló (PPD) y pidió al Congreso que concediera el derecho de autodeterminación de Puerto Rico, a sabiendas de que las fuerzas independentistas representan menos de 10 por ciento del electorado.
El debate duró 12 horas y por menos de un voto de diferencia, la iniciativa fue aprobada. Los republicanos dieron luz verde al bilingüismo, recomendando que los niños puertorriqueños aprendan inglés antes de los 10 años.