Respuesta a señalamientos de la PEDH; readaptación social, tarea del estado: Romero Hicks
Asumirá el gobierno guanajuatense control de las 12 cárceles municipales
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Aspecto de un dormitorio de la c�el de Silao, en Guanajuato FOTO Martin Diego Rodriguez
Leon, Gto., 15 de febrero. Las 12 cárceles municipales que operan en Guanajuato quedarán a cargo del Ejecutivo estatal, como resultado de "señalamientos muy importantes que hemos recibido de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH)", anunció el gobernador Juan Carlos Romero Hicks.
El mandatario indicó que el proceso de incorporar los reclusorios municipales como parte del sistema penitenciario estatal, que actualmente se compone de diez Centros Estatales de Readaptación Social (Ceresos), será "a mediano plazo". Por lo pronto, durante la apertura del periodo ordinario de sesiones en el Congreso local, el diputado Alejandro Rangel Segovia pidió que comparezca el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Luis Rodríguez Orozco, "para que nos dé una explicación respecto a las condiciones que privan en las cárceles municipales".
Este martes, La Jornada informó de la precaria situación que prevalece en los presidios que dependen de ayuntamientos, los cuales no están obligados a resolver problemas de readaptación social, mientras que el estado no tiene injerencia directa sobre esas prisiones. En respuesta, Romero Hicks adelantó que la próxima semana se reunirá con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a cuyos integrantes expondrá el tema de las cárceles locales, y les propondrá que el estado asuma la responsabilidad de la custodia de los internos en las citadas instalaciones.
"Nosotros debemos absorber esa responsabilidad y estaremos muy atentos a cada señalamiento que haga el procurador de los derechos humanos, Manuel Vidaurri Aréchiga", dijo el gobernador.
Entrevistado luego de participar en un acto con el Consejo de Hoteles y Moteles de León, Romero Hicks precisó que la mañana del martes ordenó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Rodríguez Orozco, "hacer una revisión de todas las recomendaciones que hemos recibido tanto en el ámbito federal como en el estatal para tomar nota, porque hay que recordar que en el mes de mayo comparece el ombudsman en el Congreso local, y hará señalamientos; queremos adelantarnos y ver en qué no estamos cumpliendo".
El mandatario advirtió que las debidas adecuaciones se deberán realizar en coordinación con el Poder Judicial, de tal forma que haya un reordenamiento de los distritos judiciales, que en su mayoría se relacionan con los municipios donde se ubican los penales.
Explicó que en esta labor participarán la SSP, así como los poderes Judicial y Ejecutivo, además de los municipios, para lograr que el proceso mediante el cual el estado absorberá los reclusorios municipales "sea paulatino y eficaz".
Destacó que actualmente se realizan ajustes internos en los Ceresos, con la finalidad de reubicar "a mediano plazo" a los casi 390 reos que purgan sentencias en penales locales.
Romero Hicks reconoció que la tarea de readaptación social corresponde al estado, como lo indica el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se acota que "los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente".
Hasta el momento el estado opera los Ceresos ubicados en Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Miguel de Allende y Valle de Santiago, que albergan a 5 mil 70 personas y cuyas labores son vigiladas permanentemente por la PEDH. De hecho, en los teléfonos públicos de los Ceresos se colocaron letreros que indican un número directo del ombudsman Vidaurri Aréchiga.
Mientras, en la capital de Guanajuato, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Alejandro Rangel, pidió la comparecencia del titular de la SSP, "sobre todo, para que nos informe por qué (las cárceles municipales) no cuentan con marco jurídico".
Además se pidió la comparecencia del procurador de Justicia estatal, Daniel Federico Chowell Arenas, para que dé cuentas de los índices delictivos registrados en la entidad.
En ambos casos, la mesa de coordinación política de la Cámara de Diputados local dispondrá la fecha para recibir a ambos funcionarios.