La defensa del jefe de Gobierno entregó legajo de 171 cuartillas con pruebas de descargo
Farsa, trabajos realizados por PAN y PRI en la sección instructora: López Obrador
El mandatario capitalino pidió a legisladores analizar si el MP ha sido utilizado para afectar políticamente a funcionarios
Enviado de la PGR evade a medios al entregar acusación
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró una "farsa" el trabajo que realizaron los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la sección instructora, al limitarse a fungir como simples revisores de las actuaciones ministeriales y rechazar, además, pruebas "contundentes" para demostrar las intenciones políticas detrás de la acusación de desacato en contra suya con lo que violentaron sus derechos constitucionales como ciudadano traicionando así la razón misma de su investidura legislativa.
Así lo afirma el mandatario capitalino en su escrito de alegato que presentó a la misma instancia legislativa al concluir ayer el periodo de instrucción e iniciar el plazo para la elaboración del dictamen.
En el documento se denuncia la intención de suspenderlo de sus derechos políticos durante el tiempo suficiente para impedirle contender por un puesto de elección popular el próximo año.
Advirtió que el espíritu de la ley establece el fuero constitucional, no como un privilegio sino como una garantía de independencia para sustraer a quien lo adquiere de chantajes y coacciones morales del gobierno mediante la acción de la fuerza pública.
"A pesar de la farsa en que semejante actitud nos fuerza a participar, en las páginas que siguen abordaré las razones y sinrazones de este llamado juicio de procedencia. Demostraré lo que es evidente: que no cometí ningún delito y que no puede haber culpables de la nada", señala antes de entrar a la revisión de los hechos y el análisis jurídico del caso.
Casi al final del documento de 171 páginas, López Obrador reafirma que la sección instructora "tiene a su cargo, no tanto comprobar la legalidad del requerimiento del Ministerio Público (MP) como constatar que este no ha sido utilizado para dañar ilegítimamente al servidor público de que se trate".
Es decir, que la sección instructora no es un segundo Ministerio Público, sino "un escrutador de las segundas intenciones de la averiguación previa" que presentó la Procuraduría General de la República y debió abocarse a detectar la "asechanza" que define como el "engaño o artificio para hacer daño a alguien", al margen del expediente en el que por obvias razones esto no se hace evidente. "Quienes han fraguado la averiguación previa" en su contra, "saben que su principal objetivo es el de privarme de mis derechos políticos durante el tiempo suficiente para impedir mi eventual participación como candidato a algún puesto de elección popular en los comicios de 2006. Confían en la aplicación de una norma constitucional ya superada por el derecho internacional aceptado por nuestro país, para conseguir un objetivo ya rebasado por nuestra realidad política: la ilegítima eliminación del contrario con herramientas legales usadas desde el poder para conservar el poder", apuntó.
El mandatario capitalino reprocha a los legisladores el hecho de que hayan decidido desechar pruebas que consideró contundentes para demostrar el propósito político de la acusación en su contra, como fue el caso de la carta que dirigió Alfonso Durazo al presidente Vicente Fox para presentarle su renuncia al cargo que desempeñaba como su secretario particular.
Refiere que escribió el ex funcionario que en el tema de la sucesión "el gobierno está actuando más bajo la lógica histórica del viejo sistema que de la lógica de una etapa de transición" e instó al Ejecutivo federal a mantener una actitud neutral y no como "parte interesada en la contienda". Hechos que además nunca fueron desmentidos por el Ejecutivo federal.
ROBERTO GARDUÑO
La defensa legal del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, entregó a la sección instructora un legajo de 171 cuartillas que contiene los alegatos en favor del mandatario capitalino. En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) ratificó en 93 cuartillas la acusación que generó el proceso de desafuero, al manifestar que no se contempló el desistimiento por parte de la administración del presidente Vicente Fox.
La recepción de ambos documentos en la oficina de la sección instructora se dio en el contexto de la declaración por el respeto a la legalidad de parte del jefe de Gobierno, y el mutis ofensivo a los medios de comunicación -que esperaron todo el día- del agente del Ministerio Público (MP) que repetía la orden de no dar entrevistas: "no estoy autorizado para responder. No desistimos porque hay cuerpo del delito".
De esa forma la sección instructora presidió casi en el límite del término del plazo legal, primero los alegatos de López Obrador, y en segunda instancia la ratificación de la denuncia del gobierno de Vicente Fox.
A las 18 horas, María Estela Ríos González, consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal explicó a los medios de comunicación el contenido de las 171 cuartillas que entregó a la sección instructora: "se trata de una serie de valoraciones, tanto de las pruebas que se rindieron ante la sección instructora, como las constancias de autos que aparecen en el juicio de amparo, con el objetivo de acreditar, en primer lugar, que no se configuró el supuesto cuerpo del delito al que se refiere, que es desobediencia a un acto de suspensión. En realidad no hay cuerpo del delito y, por tanto, no puede haber acusación en contra del jefe de Gobierno".
La abogada recordó que el MP se contradijo permanentemente en el proceso y actuó con parcialidad, porque no aplicó los mismos criterios, aplicables a todos los casos similares.El expediente entregado ayer por la abogada del Gobierno del Distrito Federal manifiesta en distintas formas "la actitud dolosa" con que se condujo la PGR al elaborar la acusación contra López Obrador.
-¿Descartan el amparo para evitar el fincamiento de acusaciones penales?
-El amparo no procedería. Esperaremos tener una resolución de la sección instructora; el amparo sólo procedería cuando ya se le retire el fuero y quede sujeto a proceso penal; en ese proceso ya se estaría determinando la procedencia de algún amparo. El jefe de Gobierno anunció que no se iba a amparar en contra de una orden de aprehensión, ni en contra de un auto de formal prisión. Desde luego esperaremos no llegar a esa situación.
-¿Qué llamado le haría a los priístas y al panista en la sección instructora?
-Sería de cuidado, de sensatez, de actuar con mucha responsabilidad. Lo que está en juego, desde mi personal punto de vista, es la democracia en este país. Sería muy grave que procediera el desafuero. Algunos sabemos cómo se fabricaron los delitos y la colusión de los jueces con particulares para acusar a los opositores y meterlos a la cárcel. Sería muy grave para todos los mexicanos regresar a las viejas prácticas.
María Estela Ríos reiteró que el desafuero, si se concreta, sería un golpe y un atropello a la democracia.
Por el contrario, el agente del Ministerio Público encargado de entregar los alegatos de la PGR llevó al extremo en el tiempo la entrega de las 93 cuartillas ante la sección instructora. Desde las 20 horas preguntó vía telefónica al presidente de ese órgano legislativo, Horacio Duarte, si a las afueras de la oficina se encontraban periodistas.
Carlos Cortés Barreto, agente del Ministerio Público encargado de entregar el documento, manifestaba temor por las entrevistas. Esperó hasta las 22 horas para presentar el texto de los alegatos. De no haberlo hecho antes de las 12 de la noche, hubiera incurrido en la violación de un importante ordenamiento legal y, por tanto, se hubiera presentado el sobreseimiento. Luego de entregar los documentos abandonó de inmediato el lugar con el anuncio de que el gobierno foxista se sostiene en la acusación contra López Obrador y, por tanto, no habrá desestimiento.