Le denunciarán la ''hipocresía'' de Fox, quien desacata órdenes judiciales
Opositores a MSX buscarán al titular del GDF
El posible desafuero de Andrés Manuel López Obrador es consecuencia de un presunto desacato judicial; sin embargo "nadie ha sometido a ese mismo juicio" a los secretarios de Estado que "han promovido la violación de amparos y también han desacatado las determinaciones de los jueces" en el caso de la Minera San Xavier (MSX), en San Luis Potosí, afirmó el Frente Amplio Opositor.
La agrupación informó que mañana sábado hará acto de presencia en el evento que encabezará el jefe de gobierno del Distrito Federal en la capital potosina, con el propósito de hacer manifiesta la ''hipocresía y doble moral del gobierno foxista en la aplicación de la ley''.
Aquellos que hoy se erigen en los paladines de la aplicación del Estado de derecho en México, con el único fin de eliminar a un adversario político de la contienda electoral de 2006, ''son los mismos que día a día violentan la legalidad en San Luis Potosí para favorecer a toda costa a la trasnacional" de capital canadiense, subrayó Miguel Angel Montoya, vocero de la organización civil.
También informó de la realización -del 4 al 6 de marzo- del festival cultural en Cerro de San Pedro, en el marco del 413 aniversario de la fundación del poblado y a 10 años del inicio del movimiento de resistencia en contra de la minera.
Para este encuentro, el Frente Amplio Opositor solicitó al gobierno del estado y al municipio de San Luis Potosí las "garantías de seguridad" a fin de que se lleve a cabo en forma pacífica.
Miguel Angel Montoya resaltó que los trabajos de extracción de oro y plata implican la desaparición de Cerro de San Pedro, la zona de reserva ecológica y del patrimonio histórico y cultural localizado en esa zona.
Además, recalcó, se pondría en inminente peligro la salud de un millón 300 mil habitantes del valle de San Luis, toda vez que para la limpieza de los minerales se requiere la utilización de cianuro y otros metales contaminantes.
Sobre los fallos judiciales en contra de la minera, Montoya mencionó los dos con los que la trasnacional está "jurídicamente muerta". La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la sentencia ejecutoria que ordena la cancelación del permiso de operación otorgado por la autoridad ambiental en 1999, en tanto que el Tribunal Unitario Agrario resolvió el primero de diciembre de 2004 la cancelación de los contratos de arrendamiento que la minera firmó con falsos ejidatarios.