MEXICO SA
Un dilema del circuito privatización-estatización
Satmex, al borde de la quiebra, está en espera de que aterricen los zopilotes trasnacionales
PRODUCTO DEL IRRACIONAL, costosísimo y perenne circuito privatización-estatización, el gobierno federal tiene ante sí una delicada cuan paradójica ecuación que, gústele o no, tendrá que resolver a la brevedad, porque si comete el más mínimo error en su doble carácter de acreedor y empresario insolvente, el erario corre el riesgo de perder alrededor de 190 millones de dólares y la viabilidad financiera de un consorcio estratégico el de terminar en el bote de la basura, del que los zopilotes trasnacionales suelen obtener los mejores negocios.
A LO LARGO de las dos pasadas décadas, el circuito privatización-estatización ha incluido a prácticamente todos los sectores de la actividad económica del país (desde instituciones financieras a carreteras, cadenas hoteleras, fábricas de bicicletas, ingenios azucareros, siderúrgicas, aseguradoras, líneas aéreas...) y los satélites no tendrían por qué ser la excepción.
HIJO DE LA privatización zedillista, Satélites Mexicanos (Satmex) es un consorcio al borde de la quiebra, con pasivos cercanos a 800 millones de dólares, los acreedores pateándole la puerta y los zopilotes trasnacionales -marca The Carlyle Group, representado en México por el ex secretario de Energía y ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo- rondando. No sería este el primer deceso de una empresa estratégica (sólo hay que recordar el sector bancario otrora mexicano) y que su cadáver saneado fuera obsequiado a manos extranjeras.
SIN EMBARGO, el problema estriba en que el gobierno federal forma parte del cadáver, al tiempo que integrante del grupo de acreedores que de tiempo atrás patean la puerta para que Satélites Mexicanos pague sus deudas; es decir, dueño de 25 por ciento de las acciones de un consorcio que adeuda alrededor de 190 millones de dólares a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ergo al erario.
UN CASO RECIENTE que ejemplifica los resultados del referido circuito es el de Transportación Ferroviaria Mexicana -hija, también, del zedillato y propietaria del Ferrocarril del Noreste-, empresa de la que el gobierno federal posee alrededor de 20 por ciento de las acciones. Poco después de su constitución formal (asociada con la trasnacional Kansas City Southern Industries), el consorcio demandó a la Secretaría de Hacienda por "devolución del IVA", y a la fecha acumula en su favor alrededor de mil millones de dólares, luego de ganar las instancias judiciales correspondientes. Así, el gobierno deberá pagar esa multimillonaria cantidad, de la que le corresponderá -es de suponerse- una quinta parte.
LA SECRETARIA DE Comunicaciones y Transportes ya pintó su raya: no habrá rescate y Satmex tendrá que pagar los 190 millones de dólares. Paralelamente, le reitera su afecto: el gobierno federal no requisará la empresa, porque "no se ha puesto en riesgo la seguridad nacional de las operaciones satelitales", de acuerdo con la versión de Jorge Alvarez Hoth, subsecretario de la citada dependencia.
EL MARTES PASADO, el consejo de administración de Satélites Mexicanos, "considerando la situación de la empresa", despidió a Lauro González Moreno, hasta entonces presidente ejecutivo del consorcio, cargo que ahora ocupa Sergio Autrey. Satmex, 49 por ciento propiedad de la estadunidense Loral Space, opera un sistema satelital por medio del cual ofrece servicios de radiodifusión, telefonía y telecomunicaciones a 39 países del continente americano; brinda soporte al desarrollo de las áreas rurales de México, con servicios de educación a distancia y de telefonía rural en localidades remotas.
COMO SUCEDIO CON la banca reprivatizada, el problema del sector satelital mexicano es de origen: las instituciones financieras fueron entregadas a manos no sólo inexpertas, sino altamente voraces y especulativas, mientras la seguridad satelital terminó bajo la administración de una familia especializada en la venta de medicamentos, es decir, el linaje Autrey (hoy uno de ellos preso en España), también comprador de Multibanco Comermex, la Compañía Real del Monte y de Pachuca, Altos Hornos de México y muchas otras ex paraestatales, todas ellas -años después- quebradas, con el gobierno a la mitad, los acreedores -en especial Banamex-Citibank- pateándoles la puerta y los zopilotes trasnacionales rondando los cadáveres.
ESTE SECTOR ESTRATEGICO estuvo bajo el control gubernamental, por medio de Telecomunicaciones de México (Telecomm), y reportaba números negros, pero el circuito tuvo mayor peso. Cuando en 1997 el gobierno de Ernesto Zedillo concluyó el "proceso de restructuración del sistema satelital mexicano", el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, aseguraba que con los cambios practicados -los constitucionales incluidos- comenzaba una nueva era de "inversión, competitividad a escala internacional, rentabilidad económica y social, calidad y eficiencia operativa" para que este sector se consolidara como "un factor primordial del desarrollo nacional". Se creó la empresa Satélites Mexicanos, a la que se le concesionaron tres posiciones orbitales y se le asignó la propiedad de los satélites Solidaridad 1 y 2, así como el Morelos II. En 1999 falló el Solidaridad I y dejó de operar; desde 2003 se encuentra "pendiente" el lanzamiento del Satmex 6, y por lo visto así se mantendrá; en 2005, al borde de la quiebra en espera de que aterricen los zopilotes trasnacionales.
Las rebanadas del pastel:
DE NUEVA CUENTA el multifacético Luis Pazos ("escritor", "diputado", "vocero", "funcionario público" y conexos del "cambio") es acusado de desviar recursos públicos para fines privados: unos meses atrás por canalizar dineros de la nación al Torquemada bananero conocido como Jorge Serrano Limón, de Provida (Prosida, en realidad), para la compra de calzones de hilo dental. Ahora por utilizar el dinero de Banobras en la adquisición masiva de sus libros -como él les llama- y el fortalecimiento financiero de la empresa editorial en la que forma parte del consejo de administración. El problema no es la recurrencia, sino que Los Pinos lo mantenga en la nómina gubernamental y que la Secretaría de la Función Pública no procede en consecuencia. Por cierto, entre las "obras" de Luis Pazos destaca la intitulada Los vividores del Estado.