Versión de que hay órdenes de captura contra varios

"Pánico" entre habitantes de Tila a ser aprehendidos

Paz y Justicia está "a punto de desaparecer", según el comisionado estatal para la reconciliación de pueblos

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 18 de febrero. El conflicto poselectoral en el municipio de Tila es una expresión del "reacomodo de fuerzas y de las pugnas internas por el control del poder económico y político" entre los dirigentes que formaron la organización Paz y Justicia -acusada de paramilitar-, que ahora está dividida en por lo menos tres grupos, afirmó Juan González Esponda, comisionado estatal para la reconciliación de comunidades en conflicto.

Dijo que debido a que sus principales dirigentes están en la cárcel, prófugos o sujetos a investigación, Paz y Justicia ha entrado en una etapa de debilitamiento paulatino y "está viviendo ya el atardecer de su existencia como expresión política".

Mientras, el párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, informó que permanece la tensión en la cabecera de ese lugar, por lo que varias personas están abandonando la comunidad. Al cumplirse hoy tres días del desalojo violento de los opositores al alcade priísta Juan José Díaz Solórzano -estaban en posesión de la presidencia municipal desde el 28 de diciembre pasado-, el "pánico" se apoderó de muchos habitantes, debido a que en el pueblo se difundió la versión de que hay órdenes de aprehensión contra varios de ellos.

"Muchos han venido a preguntarme, pero yo no sé nada; hoy no hubo detenciones, pero la mayoría de los pobladores continúan sin salir de sus casas por el temor de que ser aprehendidos. Por ese motivo, al viacrucis de este viernes sólo asistieron 200 personas, cuando tradicionalmente se reúnen muchas más", explicó.

El párroco afirmó que la comisión de habitantes de Tila que anoche viajó a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, pudo ver a los 50 detenidos, quienes habían permanecido incomunicados desde el pasado martes, cuando policías estatales desalojaron de forma violenta a cientos de indígenas militantes del Partido de la Revolución Democrática.

"Ese es el único avance que hemos tenido, porque por lo menos la gente ya no está tan angustiada, pues sabe que los detenidos están vivos", acotó.

Heriberto Cruz Vera señaló que aunque las autoridades municipales de Tila "obligaron" a los profesores de la comunidad a abrir las escuelas, "los alumnos no asistieron a clase", además de que los comercios siguen cerrados, como ocurre desde hace tres días.

Mencionó que en la alcaldía -donde ayer tomaron posesión los funcionarios que desde el pasado primero de enero despachaban en la comunidad Miguel Alemán, debido a las protestas de los opositores al edil Díaz Solórzano- aún no se ha normalizado la situación.

El párroco de Tila indicó que continúan los "rumores" de que Samuel Sánchez y Raymundo Hernández Trujillo, fundadores del grupo Paz y Justicia y actuales dirigentes de la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF), habrían sido detenidos durante el desalojo del pasado martes. Sin embargo, hasta el momento ninguna fuente oficial ha confirmado la versión.

Posible, que ocurran actos de venganza, advierte el obispo de San Cristóbal

El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, manifestó su preocupación por los "actos violentos sucedidos en Tila, sobre todo por las reacciones de venganza que puedan desatarse", y lamentó que "se hayan cerrado los caminos del diálogo y no se hayan convenido negociaciones justas entre los inconformes".

En su homilía dominical, que adelanta a los medios de comunicación, el religioso expresó: "nos duelen los golpes, las heridas, los malos tratos, los gases lacrimógenos, la quema de casas y de vehículos, los bloqueos carreteros, las detenciones arbitrarias, los saqueos, las acusaciones entre ciudadanos, las amenazas de quemar vivos a rehenes.

"Nos cuestiona el que, por las posibles irregularidades en el proceso electoral, no se acepten las decisiones de los tribunales, de por sí contradictorias, pues el estatal reconoce el triunfo a una alianza, y el federal a otra. Esto ya debería haber hecho pensar a quienes compete que, en este caso, la solución ha de buscarse por caminos de consenso, no por una fría aplicación de la ley", expresó. En este sentido, acotó que "la ley es necesaria e indispensable, pero habría que analizar si antes no se violó la ley electoral".

Los hechos sangrientos de años pasados en esa región, abundó, "nos hacen temer que pudieran reactivarse confrontaciones que ya no desean los mismos pueblos".

Reinstalan plantones

Grupos indígenas que se niegan a reconocer a las autoridades electas en los municipios de Amatenango del Valle y Las Margaritas reinstaron plantones afuera de las presidencias municipales de ambas localidades.

El gobierno estatal señaló que en tanto no sobrepasen los límites de la "legalidad" y mantengan el diálogo con las autoridades, no serán desalojados. En el momento en que los manifestantes cometan algún acto ilícito se aplicaría la ley en su contra, advirtió.

Al menos 200 personas de Amatenango, ubicado en la zona de los Altos, retuvieron cuatro vehículos del ayuntamiento, por lo que el edil priísta José Díaz Zepeda presentó una denuncia penal y solicitó la intervención de la delegación de Gobierno y del Congreso del estado, con el argumento de que además del saqueo, él y sus familiares "fueron amenazados de muerte y con ser privados de su libertad"