Centro Pro Juárez: se desatienden recomendaciones

El gobierno, sin voluntad para acabar con la impunidad castrense

Pese a las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, en las que manifiestan la necesidad de garantizar que los delitos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas sean juzgados por tribunales civiles, la actual administración foxista "no ha mostrado una verdadera voluntad política para terminar con la impunidad que permite la jurisdicción militar", afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En un recuento de violaciones perpetradas por miembros del Ejército Mexicano, señaló que los tribunales militares siguen conociendo dichos casos, aun cuando queda de manifiesto la falta de independencia, imparcialidad y voluntad para investigar y sancionar los delitos cometidos.

Al respecto, la organización civil destacó el caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en el que se denunció penalmente los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y fabricación de actuaciones cometidos en su agravio por elementos adscritos al 40 batallón de infantería, así como las ejecuciones de los indígenas mixtecos Evaristo Albino Telles, Antonio Mendoza Olivero y Pedro Ramírez Santos, y las violaciones sexuales sufridas por Francisca Santos, Víctoriana Vázquez y Valentina Rosendo Cantú, cuyos agresores siguen impunes debido a que la Procuraduría General de la República "declinó su competencia para juzgar los casos en favor de la procuraduría militar".

En un comunicado de prensa, el Centro Pro Juárez informó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como diversos organismos internacionales han expresado en diversas ocasiones la evidente inmunidad que gozan los elementos de las fuerzas armadas juzgados por tribunales militares por violaciones a los derechos humanos, ya que cuando el Estado permite que las investigaciones sean encabezadas por órganos de justicia potencialmente implicados en la comisión de delitos, "la independencia e imparcialidad se ven claramente comprometidos, en virtud de lo cual los procedimientos resultan ineficaces, presuponiendo a la postre una impunidad de facto que implica la corrosión del imperio de la ley".