El desafuero y la política
Creo que pocos dudan que es político el fondo del asunto de la intención de desaforar a López Obrador, de quitarle el fuero derivado de su cargo de elección popular separándolo de dicho puesto. Se trata de dejarlo fuera de las elecciones de 2006, sometiéndolo a proceso penal para inhabilitarlo como candidato.
Se usan, para ello, formas legales, con las que se pretende ocultar la intención política; sin mucho éxito, por cierto. Pero la defensa jurídica, desde diferentes ángulos, ha mostrado la inconsistencia legal de las acusaciones. Cito sólo un ejemplo: se trata del hecho de que en todos los otros casos en los que la Procuraduría General de la República tuvo que decidir acerca de la posible consignación penal ante un juez de acusados por posible desacato, determinó que no procedía la acción penal, entre otras razones porque no existe una penalidad fijada para el desacato. Sólo con López Obrador decidió hacerlo, a pesar de las evidencias de que no hay tal desacato. Este caso, en especial la no existencia de penalidad, fue mencionado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una de las pruebas de que no procede la consignación penal.
Todo indica que quienes decidieron esta operación habían llegado a la conclusión de que, si no se le inhabilitaba, López Obrador ganaría las elecciones de 2006. Y esto implicaría el triunfo de un proyecto nacional muy diferente del que ellos, priístas y panistas, habían defendido e impulsado. Pero nunca calcularon, por lo menos no conforme a la realidad nacional, todas las implicaciones políticas que iba a tener su decisión.
Se pusieron de acuerdo con las instancias nacionales que ellos preveían que podrían tener capacidad de decisión en cada una de las etapas del proceso. Pero no calcularon, por ejemplo, que México tiene firmados y ratificados tratados internacionales en los que se protegen los derechos políticos. Una de las líneas de defensa contra esa conspiración es, precisamente, la defensa de los derechos políticos.
No se trata sólo de lo más evidente, el derecho político de López Obrador a ser candidato. Se trata, ante todo, de que los ciudadanos tengamos el derecho político de votar por quien cada uno de nosotros prefiera, sin que nadie nos imponga por quién sí y por quién no podemos votar.
Tampoco calcularon qué tan impopular sería la medida o, en todo caso, no les importó demasiado. Inclusive los priístas encuestados se manifestaron, en su mayoría, contra el desafuero y de los panistas, más o menos la mitad.
También ha contado en el ambiente que cada vez más se generan declaraciones de personalidades de diversa filiación política y con muy diversas funciones, en contra del desafuero.
Mucha gente está ya enterada e interesada en el problema. El peso de este asunto dentro del cuadro político nacional ha estado aumentando. Esto, a su vez, introduce otro elemento: el temor a la derrota electoral por parte de diputados que finalmente tendrán que votar a favor o en contra del desafuero.
Se han profundizado, con todo esto, divisiones que ya existían dentro de PRI y dentro del PAN, originalmente con motivo de las diferentes precandidaturas para la elección presidencial. Lo que parecía que podría definirse en marzo, ya parece estarse moviendo hacia abril.
Ya en la Cámara de Diputados, que tendrá que decidir sobre el desafuero, el carácter político del problema se hace todavía más evidente. Y el costo político de votar a favor de esta medida aumenta.
El panorama que vivimos ya no se corresponde con los supuestos de quienes decidieron lanzarse por el camino de la eliminación del candidato con más preferencias en las encuestas. Y este proceso seguirá en el mismo sentido con el paso del tiempo, el cual va en contra de la citada conspiración.