La falta de mantenimiento en Pemex
En días pasados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer al director general de Pemex, a fin de que explicara la falta de mantenimiento de las instalaciones, que ha producido desastres ecológicos considerables.
Sin embargo, la comparecencia sólo la aprovechó para, nuevamente, achacar todos los problemas de la paraestatal a la falta de una reforma fiscal, que algunos senadores no hemos avalado. Algo determinante que el director no mencionó fue que en el caso de aprobarse la famosa reforma fiscal, ésta no entraría en vigencia hasta dentro de dos años.
Las evasivas de Ramírez Corzo, sobre la falta de mantenimiento y el daño ambiental, obligaron a que el Senado lo citara a comparecer de nuevo, exhortándolo a que se limite a explicar el tema para el que ha sido convocado y evite desviar la atención con su cantinela sobre el régimen fiscal de Pemex.
Respecto a éste, cabe aclarar que con la presentación de la iniciativa, el Ejecutivo concluyó formalmente su participación y ahora corresponde al Senado ejercer su facultad de cámara revisora, sobre lo aprobado por los diputados; sólo en caso de que el Senado lo considerase necesario podría solicitar al Ejecutivo que aclare algunos detalles sobre la propuesta. De no ser así, cualquier intervención podrá interpretarse como intromisión para intentar fragmentar a las fracciones parlamentarias, como han logrado fragmentar a Pemex.
Tenemos claro que a los foxistas y los que ya no lo son, pero permanecen como funcionarios públicos, ocultando su carácter de contratistas y defensores de los intereses privados extranjeros, desesperan por trasladar la gran riqueza petrolera de México a sus manos, por lo que buscan por cualquier medio desprestigiar a la paraestatal para promover su privatización.
Es claro para todos que la privatización de Pemex se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, con una estrategia que incluye desprestigiar a la empresa. Baste con recordar que las lamentables explosiones del 22 de abril de 1992, en Guadalajara, fueron tomadas como pretexto para dividir en cuatro subsidiarias a Pemex, preparándolo para una futura privatización; tan lamentable evento se aprovechó también para establecer las franquicias para operar las gasolinerías, que hoy, no obstante las evidencias del robo a los consumidores por un suministro menor al que pagan, o ante las pruebas de que compran combustible a aquellos que se lo roban de los ductos, han sido en su carácter de autoridad, incapaz de sancionarlas.
Hoy, los accidentes ocurridos en los ductos parecen resultado de un plan detenidamente diseñado: los derrames comenzaron precisamente en las fiestas decembrinas, siendo la noticia más relevante por varios días, hasta que las imágenes difundidas de aves y peces moribundos quedaron plasmados en la memoria de los mexicanos; de ahí se sucedieron otra serie de derrames. Así, se ha ido preparando el escenario para trasladar la culpa al Legislativo de que al no aprobar su famosa reforma fiscal, no hay recursos para dar el mantenimiento a la red distribuidora de petrolíferos, cuando es evidente que su política energética sólo consiste en privilegiar la extracción acelerada de petróleo y gas, y en la que poco les importa conservar en condiciones adecuadas las instalaciones de Pemex.
Sólo les importa la subsidiaria Exploración-Producción (PEP), como bien informa David Shields, cuando destaca que de 12 mil millones de dólares que Pemex ejerció en 2004, once mil cien millones se destinaron a PEP, precisando que de éstos, 86 por ciento fue a producción y el resto a exploración; de los 900 millones de dólares restantes 500 fueron para Pemex Refinación, 300 para Pemex Gas y 100 millones de dólares para Pemex Petroquímica. Por lo que se refiere al mantenimiento preventivo la caída ha sido notable, pues mientras hasta 1998 se asignaron por este concepto 30 mil millones de pesos para las cuatro subsidiarias, para el año pasado, únicamente se destinaron 15 mil millones de pesos, según señaló el propio Ramírez Corzo. La pregunta es: ¿los aplicaron?
A esta estrategia de reducir costos en mantenimiento se agrega la descalificación que hacen a los procedimientos para licitar, señalando que éstos permiten que empresas sin capacidad para cumplir, se infiltren y ganen las subastas, por lo que exigen un régimen especial de contratación que no los obligue a licitar y les permita estar fuera del control de las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones. Sabemos, por Compranet, que el año pasado de 7 mil 200 contratos de obra pública y adquisiciones, asignaron de manera directa, es decir, sin licitar 2 mil 180, los que por supuesto habría que auditar para saber quiénes fueron los favorecidos. Tampoco han reducido el gasto corriente para la alta burocracia, pues es en la administración corporativa y en PEP, donde se concentra la mayoría de las plazas de confianza. Si estos son los resultados obtenidos con una empresa supuestamente controlada por el gobierno, ni pensar en lo que nos espera al perder la rectoría del Estado sobre Pemex... Ahora sí que ni migajas. Así que hay que recomponer a Pemex.