Caza de izquierdistas en Paraguay, prevé oposición
Ofrece EU investigar el asesinato de Cecilia Cubas
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Vaqueros paraguayos se manifiestan ante los tribunales en demanda de justicia por el asesinato FOTO Reuters
Buenos Aires, 19 de febrero. El secuestro y asesinato de la joven Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas, no sólo tendrá repercusiones en ese país, donde se prepara una purga masiva en la policía, acusada de "entorpecer" las investigaciones, en las que Estados Unidos se ha declarado listo para "cooperar".
Aunque parte de la oposición sospecha que no fue sólo "entorpecimiento", sino también por la insistencia de algunos fiscales de ligar el hecho a una acción de sectores de izquierda de Paraguay y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La embajada de Estados Unidos en Asunción alienta tal hipótesis y ya se habla de la necesidad de una reunión de países del sur para avanzar en acuerdos antiterroristas, a la vez que regresan las presiones por el tema de la Triple frontera -Brasil, Paraguay y Argentina-, zona estratégica que Washington intenta poner bajo su control.
El embajador estadunidense, John F. Keane, afirmó que su gobierno cree que las evidencias proporcionadas por el fiscal general "son contundentes", y que el Ministerio Público de Paraguay cuenta con informes del gobierno colombiano que indican "que hay vínculos directos entre los guerrilleros colombianos y los involucrados en el secuestro y asesinato" de Cubas, y que su gobierno considerará cualquier pedido de apoyo de Paraguay en este caso".
La joven, de 31 años, fue secuestrada hace cinco meses y su cadáver fue encontrado el pasado 16 de febrero en una finca cercana a la capital paraguaya, después que la familia Cubas había pagado 800 mil dólares de rescate. Ahora acusan a policías de quedarse con buena parte de dicha cifra.
La impunidad ha permitido que las estructuras stroessnistas sigan prevaleciendo en la policía, fuerzas armadas y otros espacios del poder, donde habría "verdaderos feudos intocables". Hay fuertes sospechas de intervención policial directa en el hecho, ocultamiento de información y contradicciones que marcan complicidades.
El ministro del Interior paraguayo, Nelson Mora, el jefe policial Carlos Zelaya y el fiscal general, Oscar Latorre, insisten en endilgarle el secuestro al izquierdista partido Patria Libre, y sostienen que esta organización política ha sido "entrenada" por las FARC, e implican al llamado canciller de esa guerrilla, Rodrigo Granda, cuyo caso provocó un conflicto diplomático entre Venezuela y Colombia.
Para establecer esta relación se habla de un video, tan extraño como burdo, donde supuestamente las FARC "enseñaban" a militantes de Patria Libre a "secuestrar".
El fiscal Latorre también menciona un cruce de correos electrónicos entre ambas organizaciones. Pero mantener contactos con las FARC y cambiar mensajes es hecho común ya que esa organización mantiene relaciones políticas en todo el mundo, con distintos partidos, organismos y gobiernos.
En contraste, hace cuatro años la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, y otras organizaciones, solicitaron firmas para llevar a juicio político al fiscal Oscar Latorre y al entonces presidente Luis Angel González Macchi, acusados de delitos de lesa humanidad por secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, militantes de Patria Libre.
Se intentó incriminar a ambos activistas en el secuestro de María Edith, nuera de Enzo Debernardi, ex ministro de Hacienda, a quien se le calculaba una fortuna de más de 800 millones de dólares.
Arrom y Martí fueron plagiados y torturados durante 14 días, lo que cesó cuando su familia y organismos humanitarios lo localizaron por diversos informes en una casa en las afueras de Asunción.
La vivienda era controlada por policías, que se reconocieron como Unidad Antiterrorista. Cuando los encontraron, ambos líderes estaban en graves condiciones por las torturas, quemaduras y golpes.
En entrevista con La Jornada, meses después de su liberación, Arrom relató que se intentaba "comenzar una persecución contra organizaciones de izquierda".
En el caso de Cecilia Cubas, el intendente, el comisario y los vecinos de la casa de la localidad de Ñemby, donde fue encontrado su cuerpo, hablaron de movimientos extraños desde diciembre pasado e inclusive filmaron la presencia de vehículos muy similares a los utilizados por la policía. El subcomisario de Ñemby fue desplazado cinco días después de haber informado esto.
El fiscal Latorre dice que la casa en la que se encontró el cuerpo pertenece a Manuel Cristaldo Mieres, identificado como miembro de Patria Libre. Se menciona que las llamadas se hacían desde la casa del dirigente del partido, Osmar Martínez, quien se entregó en un acto público para evitar lo sucedido con Arrom y Martí.
La analista paraguaya Nilda Rivarola opinó que "todo parece ser local. Si hubieran sido las FARC estaría mejor hecho", y sugirió que los secuestradores pudieron "haber obtenido protección de corruptos".
Advirtió que "está claro que después de este asesinato se va a empezar a reprimir y a encarcelar a todo el mundo" en Paraguay, donde los movimientos de campesinos son muy poderosos y activos.