ONG de 10 estados llaman a defender la soberanía y los intereses del país

Acusan al gobierno de promover la destrucción de la naturaleza

A los actos de corrupción en detrimento de ecosistemas costeros les llama desarrollo, lamentan

ROSA ROJAS

Organizaciones de ambientalistas, empresarios, colonos, pescadores y prestadores de servicios turísticos de 10 estados llamaron a buscar estrategias y acciones comunes para enfrentar la "política gubernamental y el modelo de desarrollo contrarios a los intereses del pueblo mexicano, a los ecosistemas costeros y a la soberanía nacional".

Apremiaron la creación de un frente nacional para la defensa y conservación de los ecosistemas costeros, en el que se buscará que también participen campesinos y pueblos indios, así como pobladores y defensores de derechos humanos, para enfrentar la problemática común que afecta a la tierra, a los recursos naturales, ecosistemas forestales y costeros, así como a derechos y beneficios económicos, sociales y culturales.

Organizaciones de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit advirtieron que al "tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, de los recursos públicos y de los bienes de la nación, y la entrega de la soberanía nacional para beneficiar a grandes corporaciones privadas nacionales y extranjeras se le llama progreso y desarrollo. Estos actos de corrupción no son castigados, sino premiados por el actual Ejecutivo federal".

Lo anterior ha ocasionado, entre otros problemas, cambio de uso de suelo "sin autorizaciones de ningún tipo, para llevar a cabo la construcción de la infraestructura y desarrollos inmobiliarios, turísticos, industriales, portuarios, de comunicación, energéticos, camaronícolas, presas hidroeléctricas y plantaciones forestales comerciales con especies exóticas", lo que destruye los ecosistemas costeros (arrecifes, bahías, lagunas, ríos, playas, dunas, esteros, manglares, humedales, selvas bajas, medianas, altas y matorrales), indicaron.

Estos planteamientos fueron hechos por las organizaciones Bios Iguana, de Colima; la red Alianza para Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (Alcosta), de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), de Guerrero; la Asociación de Surtfy, la Asociación de Hoteleros y el Grupo Ecológico Manglar AC, de San Blas, Nayarit; la Asociación de Colonos de la Bahía de Mantanchen, Nayarit, así como Guerreros Verdes, Greenpeace México y la Comisión de Bosques y Selvas del Pacto de Grupos Ecologistas, entre otras, durante dos reuniones regionales -en San Blas, Nayarit, en noviembre de 2004, y en Zihuatanejo, Guerrero, en enero de este año- en las cuales intercambiaron información y experiencias sobre los problemas específicos que afectan a cada lugar.

La próxima reunión regional se realizará en Mazatlán, Sinaloa, a mediados de marzo; un encuentro nacional está programado del 22 al 24 abril próximo en Manzanillo, Colima.

La desregulación legal, subsidio ambiental a inversionistas

En la Declaración de San Blas, Nayarit, por la defensa y conservación de los ecosistemas costeros, las organizaciones denunciaron que el otorgamiento de autorizaciones, permisos, concesiones y certificaciones para la realización de obras y actividades públicas y privadas se ha efectuado "sin cubrir los requisitos mínimos ambientales, hidrogeológicos, urbanos, de respeto de derechos, de seguridad y otros, que impidan la destrucción y aseguren la conservación del hábitat de los distintos ecosistemas, tal como regula y marca la legislación de competencia nacional, como la regulación obligatoria suscrita en acuerdos y tratados internacionales".

Asimismo, que la modificación de la legislación, el otorgamien- to de autorizaciones y la ejecución de proyectos, obras y actividades se han realizado de forma "autoritaria, impositiva, con el desconocimiento y sin la participación de los afectados, además contra su voluntad, violando sus derechos y afectando sus intereses".

La modificación y adecuación del marco normativo legal (artículo 27 constitucional; leyes: Indígena, Agraria, de Aguas Nacionales, Forestal, General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y normas: NOM-O59, NOM-022 y otras) "sólo están sirviendo para posibilitar la destrucción de los ecosistemas costeros y facilitar las grandes inversiones en los mismos. Esta desregulación legal se convierte en un subsidio ambiental para los grandes inversionistas, en el cual se privilegia el beneficio privado particular sobre el bien común e interés público", agregaron.

Beneficia Fonatur a grandes corporaciones

Consideraron que "se perfila una política gubernamental y modelo de desarrollo contrarios a los intereses del pueblo mexicano, de los ecosistemas costeros y de la soberanía nacional" dado que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) está vendiendo lotes con vegetación de ecosistemas costeros para el desarrollo inmobiliario y turístico, "sin las licitaciones respectivas, utilizando los bienes de la nación y los recursos públicos, para el beneficio privado de las grandes corporaciones".

Además, los yates que llegan a las costas mexicanas debido al proyecto de la Escalera Náutica no ocupan la infraestructura y servicios turísticos ya establecidos en todo el litoral del mar de Cortés y el Pacífico; las líneas de cruceros del Pacífico y el Caribe transportan turistas cautivos de sus paquetes de servicios, y menos de 10 por ciento desembarca y consume por unas horas en tierra, pero en servicios "monopolizados" por esas líneas.

Afirmaron que el desarrollo inmobiliario y turístico, la infraestructura portuaria (dársenas, marinas y muelles), para yates y cruceros, estaciones de gas, de contenedores y servicios de transportación integral modular, los estanques de las empresas camaronícolas, las plantaciones forestales comerciales con especies exóticas, la construcción de presas, carreteras y otras "se han realizado y realizan controlando y afectando tierras de propiedad social y de la nación; expropiando tierras; desapareciendo pueblos, ejidos y comunidades; afectando a indígenas, campesinos, pescadores y a prestadores de servicios turísticos ya establecidos".

Los afectados que han mantenido actitud crítica a estos proyectos, que defienden sus derechos e intereses, así como los ecosistemas costeros, "han recibido trato de criminales por parte de las dependencias gubernamentales, así como campañas de desprestigio y desinformación pública por parte de corporaciones beneficiadas con las autorizaciones".

Entre los acuerdos que se tomaron para enfrentar esta problemática, destacan: exigir la entrega de información pública; analizar críticamente las políticas, modelos, planes, programas, proyectos y obras gubernamentales de desarrollo que afectan los ecosistemas, el beneficio colectivo, el bien común, el interés público y la soberanía nacional.

Decidieron construir políticas sociales, estrategias y acciones de resistencia civil en un frente común de perspectiva nacional, así como acciones culturales para la defensa, conservación y uso sustentable de los ecosistemas; desarrollar y consolidar instrumentos organizativos con base social, técnicos, legales, campañas de difusión y comunicación, y talleres de capacitación.

Acordaron también realizar denuncias ambientales, administrativas, penales y agrarias, en contra de las instituciones, funcionarios y particulares "que afecten los ecosistemas, los intereses del bien común, los derechos y la soberanía nacional"; encauzar denuncias en organismos internacionales por los mismos hechos y objetivos, donde se pidan medidas cautelares y de urgente aplicación, así como porque no hayan tenido una resolución favorable en el país.

En la reunión efectuada en Zihuatanejo se denunció que la existencia de las Administraciones Portuarias Integrales (API) ha ocasionado la privatización de las superficies marinas, como ocurre en Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Se expuso que en el caso de la presa La Parota, Acapulco, se presentó un análisis de la inviabilidad ambiental del proyecto, no obstante lo cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental para su construcción. Se subrayó que "el gobierno es el principal promotor de la destrucción del patrimonio natural"; se propuso, entre otras cosas, "hacer una tipología del modo de operar de los funcionarios para conocer y denunciar su conducta delincuencial" y realizar campañas de "adopte un funcionario", para dar seguimiento a sus actuaciones.