En San Lázaro, empero, hubo rechazo unánime a la "intromisión" extranjera
Senadores consideran "certero" el documento
El informe de Estados Unidos sobre el "pobre clima" de derechos humanos en México provocó diversas reacciones entre los integrantes del Poder Legislativo. Mientras el senador priísta Enrique Jackson consideró que no debe sobredimensionarse, sino tomarlo como una advertencia de que "algo anda mal y hay que revisarlo", el panista Diego Fernández de Cevallos consideró que en muchas ocasiones lo que informan en aquel país sobre éste es sesgado, si bien "ahora no cabe duda que tienen una parte de base, de fundamento, porque hay actos de violencia que nos deben preocupar como seguramente les preocupan a ellos".
A su vez, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, indicó que no debería haber motivos "para rasgarse las vestiduras" sobre el contenido del documento elaborado por el Departamento de Estado, toda vez que "acierta sobre las grandes fallas que tenemos en el sistema de impartición de justicia".
En la Cámara de Diputados, en tanto, los grupos de PRI, PAN y PRD rechazaron de manera unánime el informe, por considerarlo una intromisión, y aseveraron que Washington es el principal violador de derechos humanos del mundo.
El diputado priísta Carlos Jiménez Macías manifestó que el documento es "una absoluta falta de respeto al gobierno mexicano y al propio país", además de que esa actitud no contribuye a que la relación esté en los mejores términos.
Agregó que si bien es cierto que en materia de derechos humanos se tienen deficiencias, "no estamos sujetos al juicio del gobierno de Estados Unidos". De ninguna manera justifico que existan violaciones a los derechos humanos, pero es una responsabilidad de los mexicanos y debe ser un compromiso superar cualquier deficiencia, indicó.
Por su parte, la diputada perredista Eliana García Laguna expresó que "ese informe tiene base cierta, pero es algo que en México ya es conocido. Lo que resulta curioso es que Estados Unidos, principal violador de derechos humanos en el mundo, que aplica el terrorismo de Estado y tiene pacto con uno de los principales estados terroristas del mundo, como Israel, haga un diagnóstico sobre los derechos humanos y la justicia en México".
Demanda retiro de embajador
La legisladora pidió que en protesta, y como "acción contundente" ante esa intromisión, México debe retirar a su embajador en Washington. Ese sería un proceder sólido ante las políticas antimigrantes contra connacionales y los informes que se publican, pues los actos del gobierno de George W. Bush violan la soberanía.
A su vez, el diputado panista Germán Martínez Cázares manifestó: "Los mexicanos estamos dispuestos a colaborar con todos los países en materia de derechos humanos, en el combate a la delincuencia organizada, pero no aceptamos que se nos dicte la tarea desde ningún lado; estamos dispuestos a colaborar, no a que nos impongan desde el extranjero las tareas".
Al cuestionársele si el canciller tendría que presentar una nota diplomática por ese informe, Martínez Cázares respondió: "Creo que no es para tanto, yo lo relativizaría un poco".
Exigen actitud madura
El perredista Jesús Ortega refirió que "es necesario reconocer que hay evidencias de que algunas de las conclusiones son certeras, como la que perfila cómo el narcotráfico controla los penales del país y ha se ha infiltrado en los cuerpos policiacos, tanto federales como locales".
Aunque al gobierno foxista le molestan particularmente las críticas que se formulan en el extranjero, debe haber una actitud madura para atender ese informe, planteó Ortega.
Por separado, Jackson dijo que no hay que sobredimensionar el documento ni cerrar la posibilidad de que instituciones, incluso extranjeras, evalúen la situación de los derechos humanos en México.
"Ahora vamos a demostrar que no tienen razón, o si la tienen hay que aplicarnos para cuidar más los derechos humanos. No me alarmaría más de la cuenta, en todo caso hay que asegurarnos de que no sea cierto", precisó el priísta.