Crear subprocuraduría
Instan diputados a PGR a proteger al sector femenil
La Cámara de Diputados exhortó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) a crear la fiscalía especializada para la atención de delitos violentos contra mujeres, ante el "alarmante" aumento de homicidios dolosos contra este sector.
La propuesta fue promovida por la presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, la perredista Marcela Lagarde, y contó con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias.
En tribuna, Lagarde destacó que la violencia contra las mujeres, en especial cuando alcanza la gravedad del asesinato, desaparición, tortura, violación y mutilación, además de ser un problema alarmante de salud pública, tiene un alto impacto social, y en ocasiones se trata de hechos relacionados con delitos que perturban la paz social de una entidad o municipio, de una zona o instalación estratatégica, y en otras ocasiones existe concurso de delitos locales con federales.
La propuesta consiste en que dicha fiscalía deberá contar con carácter de subprocuraduría, que actúe con plena autonomía técnica, que conozca de los delitos violentos en contra de las mujeres cuando éstos violen grave y sistemáticamente los derechos humanos, o bien afecten a varias entidades, sean de alto impacto social, exista concurso de delitos federales y locales o esté involucrada la delincuencia organizada.
La diputada perredista señaló: "Se requiere, de manera urgente, una labor coordinada de la Federación y las entidades federativas. Una labor que, de hecho, el Estado mexicano se ha comprometido a realizar al momento de suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer".
Durante la sesión se aprobaron otros dos puntos de acuerdo, uno para que los congresos locales se sumen a la campaña nacional "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios".
El otro fue para exigir a la PGR y a la procuraduría general de Quintana Roo que proporcionen protección permanente a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, debido al hostigamiento y amenazas de muerte contra la presidenta de ese organismo, Lydia Cacho, por defender a víctimas de pederastas.