Editorial
Derechos humanos, pobreza y Foxilandia
El Departamento de Estado estadunidense presentó el pasado lunes su informe correspondiente a 2004 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y dedicó a México un amplio y desolador capítulo, construido con base en documentos autorizados procedentes de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y sesgado de tal forma que se mezclan violaciones a los derechos humanos con ilícitos perpetrados por la delincuencia organizada o común, como el narcotráfico y los secuestros.
El gobierno del presidente Vicente Fox, por boca de diversos funcionarios, descalificó de inmediato los señalamientos del Departamento de Estado, pero no supo o no quiso fundamentar ni razonar su rechazo al informe. Es pertinente, por ello, señalar aquí lo que las autoridades mexicanas no se atrevieron a decir: que si bien son ciertas, indiscutibles y vergonzosas las situaciones descritas en el texto de referencia ejecuciones extrajudiciales, corrupción policial, militar y judicial, tortura, participación de efectivos policiales en secuestros y extorsiones, discriminación contra los indígenas, las mujeres, los seropositivos y las minorías religiosas y sexuales, condiciones inhumanas en las cárceles, abusos de todo tipo contra comunidades de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, atropellos a los migrantes, etcétera, el gobierno estadunidense, perpetrador de atrocidades semejantes, y de otras más graves, carece de cualquier asomo de autoridad moral para denunciarlas en otro país. La administración de George W. Bush debe tener la cara muy dura para señalar abusos como los referidos, habida cuenta de su negro historial como asesino de civiles en Afganistán e Irak, torturador en Abu Ghraib y Guantánamo, violador de la legalidad internacional, discriminador sistemático, en su propio territorio, de árabes, musulmanes y latinoamericanos, promotor de leyes que mutilan las libertades civiles, hostigador de la libre expresión, enemigo de los programas de asistencia social y practicante declarado de la pena de muerte, mayoritariamente aplicada a pobres, negros y latinos.
De cualquier forma, lo dicho por el Departamento de Estado no aporta nada nuevo, a excepción, tal vez, de un poco de distorsión en el concepto de derechos humanos, y el Ejecutivo federal mexicano carece de elementos para desmentir las acusaciones en este terreno formuladas por entidades menos cuestionables. La más reciente de ellas está contenida en el informe dado a conocer ayer por Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), titulado Pobreza infantil en países ricos, en el que se señala que nuestro país ocupa el último lugar entre los 24 integrantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), ente internacional al que México fue uncido por la frivolidad y la soberbia del gobierno de Carlos Salinas y en el que quedó, desde entonces, catalogado como "rico". Sin embargo, de acuerdo con el documento, 27.7 por ciento de los menores mexicanos pueden considerarse "pobres", toda vez que viven con menos de la mitad del ingreso promedio nacional per cápita. El dato escandaloso de que Estados Unidos ocupa el penúltimo lugar de la tabla con 21.9 por ciento de sus niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza no atenúa el hecho de que "un niño que vive en la pobreza en Estados Unidos no está tan mal como un niño que vive en la pobreza en México", habida cuenta que, en la nación vecina, el parámetro del ingreso promedio, que sirve de base para fijar la frontera de la pobreza, es mucho más alto que en nuestro país.
El informe de Unicef destaca la relación entre la disminución del gasto social (definido como "transferencias gubernamentales", que incluyen subvenciones a familias, pensiones por invalidez, provisión de guarderías y seguros de desempleo, sin incluir gastos públicos en salud o educación) y el incremento de la pobreza infantil. En la década pasada, en nuestro país la cifra correspondiente sufrió una reducción, en concordancia con las ideas neoliberales de Salinas y de Ernesto Zedillo, de más de 65 por ciento, y la pobreza infantil se incrementó en 8.4 por ciento. Aunque el documento no contiene cifras actualizadas de los cuatro años del también neoliberal gobierno foxista, Anna Wright, autora del informe, señaló que "el gobierno mexicano no está haciendo prácticamente nada para reducir la pobreza infantil", y destacó la mínima intervención estatal en este intento de reducción.
Estas apreciaciones ante las cuales el grupo en el poder no cuenta con réplicas argumentales atendibles permiten constatar, de nueva cuenta, hasta qué punto las toneladas de propaganda oficial sobre el bienestar de "chiquillos y chiquillas" son los pilares de un país hermoso, justo e idílico que, por desgracia, no es México sino, como lo ha bautizado la ironía ciudadana, Foxilandia.