El segundo tribunal unitario con sede en el Edomex le dictó auto de libertad por ese cargo
La PGR no pudo acreditar que Ponce haya lavado $30 millones
Los recursos le habrían sido presuntamente proporcionados por el empresario Carlos Ahumada
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Gustavo Ponce Mel�ez, en imagen captada el 2 de diciembre de 2003 FOTO Carlos Ramos Mamahua
El segundo tribunal unitario con sede en el estado de México determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no logró acreditar que Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, haya lavado alrededor de 30 millones de pesos en operaciones en el sistema financiero, y por ello dictó auto de libertad, con las reservas de ley, a favor del ex tesorero capitalino.
En la acusación, la PGR intentó comprobar que Ponce adquirió, cambió, transfirió y depositó dentro de territorio nacional, y de aquí al extranjero, dinero en moneda nacional y dólares por el monto antes mencionado. Supuestamente el dinero se lo dio -producto de una extorsión- el empresario Carlos Ahumada Kurtz y Ponce lo gastó en el casino del hotel Bellagio.
Sin embargo, el inculpado continuará preso en el penal de ''máxima seguridad'' de La Palma, ubicado en la entidad mexiquense, debido a que el pasado 19 de enero el primer tribunal unitario -en contradicción con el criterio jurídico del segundo tribunal, que derivó del análisis de los mismos hechos delictivos- confirmó que el ex tesorero capitalino debe ser sometido a juicio penal por presuntamente haber lavado 146 mil dólares en efectivo.
En este cargo, que sigue vigente, el Ministerio Público Federal imputa a Ponce haber transportado los 146 mil dólares -en un avión de Ahumada Kurtz- del aeropuerto de Toluca a Las Vegas. Ese dinero también lo habría gastado en el Bellagio.
Fuentes judiciales indicaron ayer que la contradicción de criterios entre dos tribunales unitarios distintos puede favorecer a la defensa legal del ex funcionario, ya que mediante un ''incidente de libertad por desvanecimiento de datos'' sus abogados podrían desechar la acusación de lavado de dinero y con ello Ponce sería excarcelado de La Palma. No obstante, aclararon, la PGR está en posibilidades de volver a consignar una acusación contra el ex tesorero por el mismo delito, ''siempre y cuando acredite de forma adecuada el tipo penal''.
Además, están pendientes de cumplimentarse en contra del ex funcionario dos órdenes de aprehensión libradas por el juzgado 11 de lo penal del Distrito Federal. Una es por el delito de fraude de más de 30 millones de pesos en perjuicio de la delegación Gustavo A. Madero, y la otra por enriquecimiento ilícito.
La resolución
De acuerdo con la sentencia (299/2004) emitida el pasado 24 de febrero por el magistrado del segundo tribunal unitario del segundo circuito, Humberto Venancio Pineda, ''primero: se revoca la formal prisión pronunciada el 29 de octubre de 2004 por el juzgado cuarto de distrito del estado de México, en el exhorto 238/2004, deducido de la causa penal 94/2004-II, del índice del juzgado 15 de distrito del DF, iniciada a Gustavo Ponce por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita'', esto es, lavado de dinero. ''Segundo: se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del inculpado por inacreditación del delito antes mencionado, sin perjuicio de que en términos del artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, por medios posteriores de prueba se actúe nuevamente en su contra'', puntualiza el resolutivo.
En su argumento, el magistrado unitario consideró que no se cumplieron todos los requisitos que marca el delito de lavado de dinero para que se pueda imputar la comisión del mismo a Ponce. Uno de los puntos fundamentales en que se basó el juzgador para decretar la libertad al inculpado fue que éste ''no tenía conocimiento de que (los recursos) procedían de una actividad ilícita, por tal motivo no se actualiza el elemento subjetivo de conocer la ilicitud de la conducta imputable''.
La PGR consignó esta acusación, ahora cancelada, el 31 de agosto de 2004 al juzgado quinto de Guadalajara, el cual se declaró incompetente y turnó el expediente al juzgado 15 del Distrito Federal, instancia que libró la orden de captura y después pidió al juzgado cuarto de Toluca realizara el proceso por exhorto.