Presenta el gobierno tres soluciones al conflicto; "son de risa loca", responden alteños
Se radicalizan en El Alto bloqueos y movilizaciones en defensa del agua
Tensión en Bolivia; mantienen huelga de hambre 20 líderes sociales en Cochabamba
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Abel Mamani, presidente de la Federaci�e Juntas Vecinales de El Alto, fue golpeado ayer durante una protesta que culmin� enfrentamiento con la polic�FOTO Reuters
El Alto, 3 de marzo. Durante el segundo día de paro en El Alto se han radicalizado y ampliado los bloqueos. Esta mañana, mientras en varios de los barrios más aguerridos los bloqueos se mantenían, en la Ceja (zona fronteriza con la autopista que lleva a La Paz) la policía antimotines tomó posición desde muy temprano a menos de cien metros de la sede de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve). Ahí, los principales dirigentes vecinales alteños, juntos a los heridos durante la insurrección de octubre de 2003 y otros sectores cumplían su décimo día en huelga de hambre.
Eran poco más de las 11:30 cuando el presidente de Fejuve, Abel Mamani, salió de la sede de la organización. Aproximadamente 500 personas (hombres, mujeres, niños y ancianos) rodearon a Mamani, quien se dirigió despacio hacia el contingente policial, pertrechado bajo un puente vial, para exigir que se retiraran de ahí: la noche anterior corrieron rumores de que el gobierno pensaba intervenir la huelga de hambre. Mamani, quien desde el lunes dejó de consumir líquidos, inclusive, llegó hasta los uniformados seguido por sus bases.
Luego de unos 10 minutos de alegatos con los policías, Abel Mamani fue golpeado en la frente por un objeto lanzado desde arriba del puente. En ese momento la policía comenzó a disparar gas lacrimógeno y balines a la multitud. Mamani perdió el conocimiento, pero fue rescatado y metido a una ambulancia. A partir de este momento la contundencia del paro general alteño, que el miércoles no era notoria en las principales arterias de la ciudad, fue creciendo.
"¿Qué se ha pensado este gobierno insensible?", dijo una dirigente del norteño Distrito 4 a La Jornada luego de la acción represiva, "¿Que vamos a soportar esto? Ahora no hay vuelta atrás: o se va Suez o volvemos a lo que fue octubre (de 2003). No vamos a permitir". Y no permitieron: de todos los rincones de El Alto comenzaron a aparecer pequeños contingentes que hicieron guardia durante dos horas frente a la sede de Fejuve, prestos a resistir a toda costa cualquier agresión antes que permitir más daño físico a Abel Mamani. Fejuve convocó a una asmablea de emergencia de presidentes de juntas vecinales para las 2 de la tarde.
En tres de los seis carriles de la avenida 6 de Marzo, el escenario de su drama y antesala popular de las oficinas de Fejuve fueron congregándose los presidentes, algunos pudieron entrar a la asamblea, otros se contentaron con atender el evento desde ahí. Todo colectivo que pasaba cerca era silbado y apedreado por no respetar el paro. Hasta ahí llegó también el miembro de Concejo Municipal Roberto de la Cruz para apoyar la movilización y pedir que Fejuve se pronunciara contra el alcalde alteño, aliado del presidente Carlos Mesa, por pretender deslegitimar la movilización y proponer que la trasnacional del agua francesa Suez permanezca un funciones.
Eran casi las 17 horas, y luego de deliberar Oscar Huanca, presidente del Distrito 6, salió por unos instantes a la calle a comentar con la gente los pasos a dar: "Podríamos tomar las instalaciones de Aguas del Illimani (Suez) y cortar el suministro a La Paz... pero lo más importante es tomar la Ceja, ¿cómo quitamos a los policías de ahí?", preguntó a un grupo de presidentes vecinales, que comenzaron a deliberar.
Mientras en Cochabamba dos docenas de líderes sociales se mantienen en huelga de hambre desde el lunes pasado, entre ellos el líder de la Guerra del Agua Oscar Olivera, en Sucre los campesinos han comenzado a bloquear carreteras y una marcha que reúne ya a diversos contingentes indígenas y campesinos de todo el país está en su cuarto día rumbo a La Paz. Todos comparten y levantan las mismas demandas: una ley de hidrocarburos que beneficie al pueblo boliviano, una Asamblea Constituyente profunda, juicio a Sánchez de Lozada por las matanzas de 2003 y apoyo irrestricto al paro alteño.
Por la noche, en una sesión reservada, el gobierno de Mesa ofreció tres soluciones al conflicto, en un último intento por romper el paro general. Una resolución administrativa, un decreto supremo y la posibilidad de la renuncia del Superintendente de Servicios Básicos Eriko Navarro, acusado por los alteños de ser parcial con Suez. Uno de los asistentes comentó a La Jornada que, en general, todas las propuestas gubernamentales "eran de risa loca".