Las visas de la ira
Si pasan, porque pasan; si no pasan, porque no pasan... Siempre les va mal a los mexicanos pobres que pretenden ir a Estados Unidos. Las autoridades de aquel país han endurecido y pretenden endurecer más su política migratoria, y hasta ahora la postura del gobierno mexicano ha sido blandengue.
Los dos problemas clave por el momento son la eventual aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la iniciativa HR-418, que pretende endurecer las leyes de migración y nacionalidad, y la intensificación del proyecto Minuteman, que no es sino la inhumana e ilegal cacería de migrantes en el desierto de Arizona. Habría que añadir una iniciativa estatal semejante a la HR-418 presentada en el estado de Wisconsin, aunque el gobernador de aquella entidad dice que interpondrá su veto.
Pero, más en silencio, hay otra serie de acciones violatorias contra nuestros connacionales que no han ganado los titulares de los periódicos. Apenas algunos comentarios en las radios locales. Son acciones ante las que la única respuesta ha sido, hasta ahora, tragarse la propia ira, o cuando mucho despotricar ante los déspotas -que no ilustrados- representantes del gobierno gringo.
Estos atropellos hormiga se dan cotidianamente en los consulados estadunidenses en México. Las víctimas son nuestros paisanos que se han atrevido a solicitar una visa láser para poder internarse en el paraíso bushiano, la mayor parte de las veces para visitar a sus parientes inmigrados allá.
El calvario de los nuestros comienza al momento de solicitar por teléfono la cita para tramitar su visa. Son llamadas a un número que tienen un alto costo por minuto. En seguida, hay que desembolsar 100 dólares por cada persona que solicite una visa. Se va, se paga en un banco y se conserva la ficha de depósito.
Luego viene el traslado al consulado. En el caso de Chihuahua, éste se encuentra en Ciudad Juárez, en el extremo norte de la entidad. De varias ciudades chihuahuenses hay empresas de transporte que organizan viajes a la frontera para tramitar las visas. Esto implica traslados de cuando menos 700 kilómetros de ida y vuelta si se vive cerca de la capital, o de casi mil 500 si se vive en la sierra o en la zona de Parral. Al costo inicial de los 100 dólares hay que añadir lo del traslado a Juárez y las comidas del día.
Pues bien, resulta que ahora al llegar al consulado a la mayoría de nuestros paisanos se les niega la visa. Primero son conducidos casi como ganado por empleados de una empresa de seguridad contratada por los estadunidenses. Llegan ante el funcionario de inmigración, quien les recoge la ficha de depósito bancario, revisa sumariamente sus papeles y les dice sin más explicaciones: "no califica, no le podemos dar la visa". Les pone un sello en el pasaporte mexicano, a veces en todas las páginas, y los despide sin devolverles la ficha que hace constar que se pagaron los 100 dólares. Obviamente, ese dinero nunca es devuelto a nuestros connacionales. Sólo se otorgan siete de cada 100 visas láser solicitadas. Es decir, que 93 de cada 100 paisanos nuestros que las requieren son esquilmados por el gobierno de Bush.
Y este tipo de casos se está haciendo de lo más frecuente. En semanas anteriores los camiones que salían del occidente de Chihuahua al consulado regresaban con una carga de ira y desesperación: de más de 40 pasajeros, a lo más cuatro o cinco pudieron obtener su visa.
El problema se ha agudizado tanto que ya empiezan a formarse en varias poblaciones de Chihuahua organizaciones para defender los derechos de los mexicanos solicitantes de visas láser.
Para el personal de los consulados estadunidenses nuestros paisanos solicitantes de visas son sólo amenazas potenciales, nunca sujetos de ningún tipo de derechos. Para el gobierno federal, prácticamente no existen, pues hasta ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha hecho nada efectivo para que cesen de atropellarlos y de esquilmarlos con 100 dólares a pesar de que no se les otorgue la visa.
Se ha reconocido el gran aporte que significan los 17 mil millones de dólares de remesas de nuestros connacionales que laboran en Estados Unidos. El impacto que tienen en el equilibrio de nuestras finanzas, de nuestra balanza de capitales; en la sobrevivencia de millones de familias. Sin embargo, cuando se trata de proteger a los suyos que pretenden cruzar legalmente la frontera, sólo hay dos respuestas: la hostilidad de Washington y la indiferencia de Tlatelolco.