Crítica, la situación por impunidad, asesinatos y corrupción: abogada Judy Dacruz

Creciente preocupación por ejecuciones sumarias y ataques a periodistas en Haití

Algunos seguidores de Aristide, ultimados por individuos que vestían uniformes de policía

REED LINDSAY ESPECIAL PARA LA JORNADA

Puerto Principe. El periodista Abdias Jean comía su almuerzo en la calle, cerca de su casa, en el barrio pobre de Villa de Dios, al lado del mar, cuando vio que un grupo de policías se acercaba. Jean, corresponsal de un noticiero de radio de Miami, se escabulló hacia la casa de un amigo.

No quería correr riesgos; 10 días antes, relatan varios residentes, la policía ejecutó durante una incursión a una joven de 17 años y a un hombre desarmado.

Sin embargo, los policías vestidos de negro vieron a Jean entrar en la casa y le ordenaron salir. Testigos relatan que le ataron las muñecas con su propio cinturón, lo arrastraron poco menos de una cuadra y le dieron un balazo en la cabeza.

El asesinato de Jean es una de las más recientes de una racha de ejecuciones sumarias en los barrios pobres de la capital, que los testigos atribuyen a la policía haitiana. No está claro si ese asesinato tuvo relación con su trabajo periodístico.

"La situación en Haití es crítica en estos momentos", señala Judy Dacruz, abogada independiente de Puerto Príncipe, especialista en derechos humanos. "Reina completa impunidad, pero lo más preocupante es que ha habido silencio cómplice sobre estas matanzas. Las autoridades ni siquiera reconocen que ocurren violaciones, y la mayoría de la prensa sencillamente hace caso omiso de lo que sucede."

Dacruz ha documentado 14 casos de octubre a la fecha, en los cuales testigos identifican a pistoleros vestidos de oficiales de policía que ejecutan a personas desarmadas. En otros tres casos, personas que fueron llevadas por la policía aparecieron muertas o no se volvió a saber de ellas.

Casi un año después de que marines estadunidenses escoltaron al ex presidente Jean-Bertrand Aristide a su salida de Haití, algunos observadores de derechos humanos sostienen que los abusos patrocinados por el Estado han continuado, e incluso aumentado, durante el gobierno interino.

Grupos activistas como Amnistía Internacional han denunciado detenciones ilegales de miembros del partido Lavalás, de Aristide, pero en meses recientes han expresado preocupación por el número cada vez mayor de ejecuciones sumarias.

Casi todas estas muertes han ocurrido en vecindarios humildes de Puerto Príncipe, donde el apoyo a Aristide sigue siendo muy fuerte y grupos armados, que exigen su retorno, desafían al gobierno interino y se enfrentan con la policía.

Algunas de las víctimas de ejecuciones sumarias eran miembros del partido Lavalás, pero la mayoría de ellas no parecen haber tenido afiliación política, de no ser porque vivían en un barrio pobre que simpatiza con Aristide.

Funcionarios gubernamentales y oficiales de la policía han negado categóricamente que la fuerza pública haya cometido ejecuciones sumarias. En algunos casos han especulado que ex soldados o bandas armadas partidarias de Lavalás pudieran ser responsables, pero en otros han asegurado no saber de los crímenes.

"Garantizo que la policía no está involucrada en tales acciones", afirmó Gessy Coicou, vocera de la policía, en una conferencia de prensa realizada la semana pasada. "En lo personal no conocía a Abdias Jean, nunca oí hablar de él ni he visto su nombre en los expedientes que tengo."

La madre de Jean ha presentado una denuncia formal ante el procurador general de la nación.

El propio Aristide fue acusado de tolerar y perpetrar abusos de derechos humanos, factor que impulsó a la Organización de Estados Americanos a ayudar a congelar cientos de millones de dólares en ayuda internacional a su gobierno.

En contraste, los abusos cometidos en el gobierno del primer ministro interino Gerard Latortue han recibido escasas críticas de Estados Unidos, Canadá y Francia, países detractores de Aristide que encabezaron una fuerza de ocupación en Haití después de que el ex presidente fue derrocado.

Las violaciones recientes a los derechos humanos han ocurrido pese a la presencia de una misión de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 7 mil 500 elementos, encabezada por Brasil.

El canadiense David Beer, comisionado de la policía civil de la ONU (Civpol) en Haití, de alrededor de mil 400 miembros, reconoció que esa fuerza no ha cumplido partes de su mandato.

Culpó de lo anterior a la llegada tardía de muchos contingentes y a una ola de violencia que obligó a las fuerzas de paz a dedicar la mayor parte de la energía a combatir grupos armados, algunos de los cuales apoyan a Aristide, en operaciones conjuntas con la policía haitiana.

Casos recientes de abusos orillaron a Beer, el mes pasado, a formar un equipo de 24 oficiales de Civpol, que emprendió una investigación sobre ejecuciones sumarias supuestamente cometidas por la policía haitiana, así como de matanzas de al menos 10 prisioneros en una incursión en la penitenciaría nacional, el primero de diciembre.

"Es peor de lo que hubiera previsto", dijo Beer. "Si la situación de derechos humanos no cambia, no podemos tener un ambiente seguro y estable. La gente no circulará por el país en actividades cotidianas; no saldrá de compras ni participará en elecciones en la misma forma."

La primera ronda de las elecciones presidenciales está programada para el próximo 13 de noviembre. Dirigentes de Lavalás han acusado al gobierno de lanzar una campaña de represión en zonas humildes para aplastar el respaldo a Aristide y disuadir a los pobres de votar. Funcionarios afirman que combaten a bandas armadas ilegales que pretenden desestabilizar al gobierno.

Dacruz considera que podría haber más casos de ejecuciones sumarias que jamás se dan a conocer porque los familiares temen represalias policiacas, o bien sienten que no tiene caso denunciar el crimen a un sistema judicial ineficiente y corrupto.

Traducción: Jorge Anaya