Legisladores estatales detectaron la irregularidad, al revisar la cuenta pública de 2003
Sin comprobar, aplicación de $150 millones para aeropuerto queretano
Errores en procesos administrativos y edificaciones mal planeadas, destaca el dictamen de 72 observaciones
Queretaro, Qro., 4 de marzo. Aproximadamente 150 millones de pesos de la administración del anterior gobernador Ignacio Loyola Vera, que supuestamente fueron utilizados en la construcción del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), no han podido ser comprobados. Las irregularidades fueron detectadas durante la revisión de la cuenta pública de 2003, en cuyo dictamen existen 72 observaciones sobre pagos y obras no justificadas, así como una inadecuada planeación de las edificaciones.
Ante esta situación, la legislatura local solicitó a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procesos administrativos correspondientes y, de ser necesario aplicar sanciones contra quienes resulten responsables de las anomalías encontradas en los recursos destinados para la construcción de la terminal aérea, que entró en operaciones en la gestión del actual mandatario estatal, el panista Francisco Garrido Patrón.
Ricardo del Río Trejo, secretario de la Contraloría, señaló que en septiembre de 2004 se comenzó a cotejar la documentación que la pasada administración estatal dejó a la actual, con la finalidad de solventar las irregularidades observadas por la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH); sin embargo, no se ha podido comprobar la aplicación de 150 millones de pesos en la construcción del AIQ.
Detalló que en el dictamen de la CMH existen 72 observaciones referentes a la falta de documentación, no comprobación de recursos erogados, obras que fueron aprobadas sin justificación alguna, errores en los procedimientos administrativos y edificaciones mal planeadas en algunas zonas: pistas de aterrizaje, terracerías, torre de control y el inmueble comercial.
"Seguiremos investigando en la papelería y en los expedientes que la administración anterior dejó en las diversas instancias, para, en su caso, fincar responsabilidades a quien resulte responsable del cuidado y de la administración de todas y cada una de esas obras", explicó.
Diputados del Congreso del estado revisan la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre de 2003 de las dependencias del Poder Ejecutivo -periodo en el que comenzó la administración de Garrido Patrón-, y han hallado diversas anomalías en la edificación del AIQ.
En las obras de la terminal aérea tuvo participación directa Daniel Cordero, constructor del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ) -obra demolida por fallas en su estructura- a quien le acreditan diversas anomalías en la edificación y aparece registrado en el padrón de contratistas en materia de obra pública de la actual administración estatal.
El 12 de julio de 2000, durante la presentación del proyecto para construir el AIQ, Loyola Vera anunció que la maquinaria utilizada en los trabajos -valuada en entre 5 y 6 millones de dólares-, fue prestada por Diego Fernández de Cevallos. Meses más tarde, el senador reconoció que adquirió 20 hectáreas de terreno frente al predio donde se levantó la terminal aérea.
Tiempo después salieron a relucir otros hechos: los ejidatarios que vendieron sus tierras para que se edificara el aeropuerto queretano denunciaron que Loyola Vera no respetó el compromiso de que participarían en la construcción. Les hicieron comprar camiones de carga, pero no los contrataron porque se le dio preferencia a la maquinaria que Fernández de Cevallos "prestó". Por ese motivo hubo bloqueos en la zona y diversas manifestaciones, pero de nada les sirvió a los inconformes.
Del Río Trejo deslindó a la actual administración del también panista Garrido Patrón de las irregularidades detectadas, pues, aseguró, "se originaron en la gestión de Loyola Vera".
En el AIQ se ejecutaron más de cien obras desde 2001, cuando inició su construcción, hasta 2004, cuando fue puesto en operación, con una inversión global de 800 millones de pesos.
El funcionario estatal mencionó que entre los presuntos implicados se encuentra personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, presidida en la anterior administración por Alfonso Ramos Rocha, ex funcionario que a su vez fue encontrado responsable de la inadecuada construcción del CRIQ, pero que a la fecha no ha sido sancionado, luego de que él y otros ex funcionarios interpusieron un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Concluyó que compete sólo al Congreso de Querétaro determinar si existe responsabilidad administrativa del ex gobernador Loyola Vera en los aproximadamente 150 millones de pesos supuestamente utilizados en la edificación del AIQ, que hasta ahora no han podido ser comprobados.