Editorial
Una cargada anticonstitucional
La resolución de la 19 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional abre las puertas para cambiar el país, homologándolo con los países centroamericanos totalmente sometidos a la política del gran capital y de Estados Unidos, y no consiste solamente en dar vía libre a la privatización de los recursos energéticos, sino también en el allanamiento total a la política del capital, sin ninguna consideración de tipo nacional o social. Como era de suponerse, la dirección del Partido Acción Nacional acogió con júbilo esta panización del PRI y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es decir, la fuerza más coherente e importante de la derecha mexicana, se lanzó por la brecha y dice, por boca de su presidente, que discutirá con el PRI los temas energético, fiscal, laboral y de seguridad pública, entre otros, para enterrar lo que queda de las trabas a la libre explotación de la fuerza de trabajo, y del país que todavía ponía los restos legales de la Revolución Mexicana.
En otras palabras, con la alianza entre PRI y CEE, a la cual se suma en posición secundaria el PAN, se preparará "en el presente periodo de sesiones" del Congreso (dijo el secretario de Gobernación) la liquidación a tambor batiente de los restos de la Constitución de 1917. O sea, la privatización del petróleo y de la energía eléctrica, el fin de la protección legal a los trabajadores modificando la Ley Federal del Trabajo, y el aumento de los impuestos gravando los consumos populares y las medicinas.
Santiago Creel, como de costumbre, demuestra no entender lo que está pasando, pues dice que recién ahora el PRI "se dio cuenta" de la necesidad de servir al gran capital contra los intereses populares, cuando en realidad el ala madracista del PRI ha asumido ante las trasnacionales el "mérito" de ser el principal instrumento para la aplicación de las políticas neoliberales, tal como lo está siendo siempre desde Salinas de Gortari y, por lo tanto, quita al PAN el triste privilegio de ser representante de las fuerzas antinacionales. Por supuesto, la nueva dirección del PAN, por lógica clasista, coincide plenamente en todos sus sectores con la política social y económica de la alianza PRI-CEE, resultante de la adaptación sin disfraz alguno a la política panista del partido tricolor. De ahí la posibilidad de que una mayoría parlamentaria reaccionaria legisle de inmediato para abrir a la iniciativa privada nuevos campos en el sector eléctrico y en el sector del petróleo, y para imponer una política laboral que abarate aún más los costos salariales directos e indirectos, así como una reforma fiscal basada en la aplicación de nuevos impuestos al consumo popular.
El sinceramiento y desenmascaramiento de la dirección del PRI, que por su sed de poder atenta descaradamente contra la Constitución y los derechos populares, toma desprevenida a la mayoría de la población y, por su carácter de guerra relámpago, podría tener éxito en lo inmediato. Pero a mediano plazo podría provocar una ruptura irremediable entre la sociedad civil y la sociedad política, y favorecer el intento de recuperar por la vía de la movilización popular no electoral las conquistas de la Revolución establecidas en la Constitución de 1917. Incluso la competencia electoral por la Presidencia podría dar base a expresiones de resistencia civil dirigida contra el neoporfirismo neoliberal, o sea, contra la sagrada familia CEE-PRI-PAN. La cuerda no se puede estirar demasiado.