La ley y la chicana
El Presidente de la República debe estar maldiciendo a quienes lo embarcaron en la aventura del desafuerogate. No porque carezca de responsabilidad en la decisión, que ha reconocido como propia, sino porque sus consejeros no le señalaron los riesgos de iniciar un juicio de procedencia contra el Jefe de Gobierno capitalino.
Fue equivocada la elección del expediente. En el plano legal porque el hoy famoso desacato es apenas una delgada sombra en nuestro derecho. La palabra no aparece siquiera en el Diccionario Jurídico Mexicano y se le buscará vanamente en el Código Penal Federal. Sin embargo y sin mencionarlo por su nombre, el artículo 206 de la Ley de Amparo lo asimila al abuso de autoridad y lo remite para efectos de sanción al artículo 215 del Código Penal Federal, sanción que resulta inaplicable al caso por tener dos variantes y por no tener correspondencia con ninguna de las doce conductas descritas en dicho artículo.
Y como sin ley no hay delito ni pena, carece de fundamento toda la argumentación jurídica de la Procuraduría General de la República. Esta es la opinión de algunos de los distinguidos juristas que son partidarios de poner un punto final a este asunto.
Más allá de precisiones y especulaciones técnicas que solo pueden interesar a pequeños grupos, sorprende que los responsables del presente embrollo no hayan pensado que para montar un gran proceso político se necesita de un hecho que mueva al imaginario colectivo. Cier-tamente no puede ser el caso de un funcionario que abrió o dejó de abrir una calle, de obedecer o desobedecer un auto judicial, en un territorio de impunidades donde medran a sus anchas los grandes depredadores.
No se trata de proponer excepciones para nadie sino de señalar la diferencia entre el cumplimiento de una rutina persecutoria propia del Ministerio Público y el uso sectario de las instituciones públicas. De nada sirven las declaraciones oficiales sobre la majestad del derecho y otras vacuidades del mismo género si las autoridades se empecinan en la aplicación torcida de la ley.
Salta a la vista el carácter selectivo, arbitrario e imprudente de este proceso. Es selectivo e inequitativo porque el Ministerio Público, o sea el Procurador General, o sea el Presidente de la República, elige un expediente entre muchos para consignar al más notorio opositor al gobierno.
Es arbitrario porque la selección no obedece a ningún criterio jurídico y ni siquiera a ninguna regla de lotería o de ruleta. Y también es arbitrario porque el procedimiento penal no se inició en contra del Secretario General de Gobierno, Ortiz Pinchetti, quien recibió personalmente la notificación del auto judicial.
Deseo subrayar, por último, que el principio de la generalidad de la ley no excluye su aplicación prudente y oportuna. Es potestad del Ministerio Público fijar el inicio de la acción penal y debe aprovechar dicha potestad en beneficio de la sociedad y no de otros intereses. Por eso urge, entre paréntesis, que el Ministerio Público se transforme en una institución autónoma.
Son abundantes y comprobables las irregularidades que aparecen en el proceso contra López Obrador por lo que resulta una burla la tesis oficialista que presenta el desafuero como un triunfo del estado de derecho y como una prueba de la independencia de los poderes federales. En esta materia, al menos, estamos como antes y ahora nos encontramos frente a una persecución política que se realiza con medios jurídicos. Es decir, frente a una chicana.
La palabra chicana es un antiguo galicismo que ingresó hasta 1985 en el Diccionario de la Lengua Española pero cuyo uso ya estaba tan arraigado entre nosotros que en el siglo XIX pasaba por mexicanismo. En cualquier caso, el término describe con precisión y expresividad la idea de artimaña, procedimiento de mala fe, especialmente el utilizado en un pleito por alguna de las partes.
En el plano político la operación ha resultado contraproducente. Las pérdidas del gobierno y del partido del gobierno ya pueden contabilizarse en votos y en intención de voto. Se ha deteriorado la imagen democrática del Presidente mientras su principal enemigo recorre, alegremente, la ruta del martirologio y lleva agua al molino de su campaña política.
El asunto contribuye a envenenar las relaciones entre los partidos y, en consecuencia, a trabar los acuerdos necesarios para avanzar en la reforma del Estado y, de modo especial, en los temas relacionados con la pulcritud electoral y con la gobernabilidad. Si llega a consumarse la inhabilitación de López Obrador y si este acto tuviera por anunciada secuela el retiro del PRD de la lucha por el poder, las selecciones del 2006 perderían toda legitimidad y abrirían espacios para la confrontación violenta.
Es de interés general cerrar este incidente, perfeccionar la ley y el modo de aplicarla pero, sobre todo, comprometer a los protagonistas de esta contienda para que acepten las reglas y el espíritu de la democracia representativa. No se puede jugar con fuego cuando la pradera está seca, cuando el conflicto político comienza a entreverarse con el conflicto social.