Busca reducir presiones sobre las finanzas: Hacienda
Prepara el gobierno nueva ley de pensiones del sector público
El gobierno federal prepara una iniciativa de Ley de Reforma al Sistema de Pensiones que enviará próximamente al Congreso de la Unión a fin de reducir el impacto en las finanzas públicas de ese renglón, que este año representará alrededor de 171 mil millones de pesos.
El ISSSTE guarda una situación similar a la del IMSS y su reforma es urgente. En 2003 existió un déficit de 21.2 mil millones de pesos que se incrementará a más de 35 mil millones de pesos para 2006. El pasivo laboral de Pemex, Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad asciende a más de 530 mil millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda informó que la erogación en pensiones avanza a tasas muy importantes desde hace dos años y representa más de dos puntos porcentuales del producto interno bruto. Su crecimiento en los últimos años es superior a 6 por ciento, de acuerdo con los indicadores oficiales.
Esta presión de los sistemas de pensiones del ISSSTE, de las empresas públicas y de los gobiernos estatales, representan un pasivo contingente del sector público muy elevado, que puede ser muy peligroso en los siguientes años.
Sistema rentable y autosustentable
La dependencia indicó que ya se establecieron los principales parámetros y elementos para la reforma correspondiente y se sigue trabajando con los interesados para tener listo el proyecto en los próximos meses y enviarlo al Poder Legislativo para su análisis y discusión.
Las autoridades hacendarias precisaron que las conclusiones del diagnóstico de los distintos sistemas de pensiones públicos apuntan a la creación de un sistema nacional de pensiones que permita la plena portabilidad de la pensión cuando un trabajador cambie de empleo, incluso del sector público al privado.
Este mecanismo debe otorgar plena certeza jurídica al trabajador de que los recursos que él y su patrón han destinado a su pensión, son de su propiedad. También debe ser equitativo y evitar transferencias de la población en general o de los trabajadores que menos tienen a grupos relativamente favorecidos.
El nuevo sistema debe ser financieramente rentable, autosustentable y tener los mecanismos adecuados para mantener su salud financiera de manera permanente para no caer en una nueva crisis.
La solución que propone Hacienda es un sistema de cuentas individuales en el cual las aportaciones estén ligadas a los beneficios. De esta forma, la pensión para cada trabajador sería, en la mayoría de los casos, igual a sus contribuciones más los intereses.
La proyección oficial es que las cuentas individuales permiten la portabilidad de manera automática, le dan plena certeza jurídica al trabajador sobre la propiedad de su cuenta, y salvaguardan los derechos de los trabajadores de menor ingreso a través de una pensión mínima garantizada.
Los jubilados, agregaron las autoridades hacendarias, no deben sufrir ningún cambio. Los derechos y prestaciones adquiridos de estos trabajadores quedarán protegidos por la Constitución, por lo que esta premisa es no sólo justa sino inamovible.
En el proyecto que se analiza, los nuevos trabajadores deberán entrar al sistema nacional de pensiones y sus contribuciones deben financiar sus propias pensiones, no subsanar la problemática acumulada de generaciones anteriores.