Especialistas avalan la iniciativa en Chiapas en materia de conservación
Sugieren que la IP ''cuide'' biodiversidad
El proyecto plantea que particulares coadyuven a la utilización sostenible de los recursos
Tuxtla Gutierrez, Chis., 6 de marzo. Especialistas que participaron en el análisis de la iniciativa de ley que busca la conservación de la biodiversidad y la proyección ambiental de Chiapas propusieron que la iniciativa privada y los organismos internacionales intervengan en la elaboración de programas de manejo de las áreas naturales protegidas, en su mayoría habitadas por comunidades indígenas.
Los expertos consideraron que el proyecto de ley, promovido por el Poder Ejecutivo estatal, es "vanguardista" porque introduce un sistema de justicia ambiental que prevé desde un método de denuncia popular hasta sanciones administrativas y penales, así como estímulos fiscales, a quienes participen en la conservación.
El plan incluye el reconocimiento de los grupos vulnerables y la situación específica de los usos y las costumbre de los pueblos indios -que ocupan gran parte de las áreas a conservar-, así como el papel de la mujer en el desarrollo ambiental.
Problema presupuestal
Durante la revisión de los más de 300 artículos de la iniciativa, en cuya elaboración participaron especialistas de organizaciones internacionales, se abordó la gran cantidad de recursos y presupuesto requeridos para "mantener vivo" el proyecto, una vez aprobado.
En uno de los apartados se menciona la posibilidad de ''fomentar la cooperación con particulares, organismos no gubernamentales, comunidades indígenas y el sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos y prácticas culturales".
El artículo 183 establece que ''con el propósito de preservar el patrimonio natural en la entidad, el Instituto de Historia Natural y Ecología celebrará convenios de concertación con grupos sociales y particulares interesados''.
Los indígenas requieren aliados
Ignacio March, director de ciencia de la organización internacional Nature Conservancy, sostuvo que los pueblos indígenas y campesinos, poseedores de las principales áreas naturales, ''deben incluir a la iniciativa privada y organismos ambientales como sus aliados".
Planteó la posibilidad del ''financiamiento internacional'' en la creación del fondo estatal ambiental y el fideicomiso para las áreas naturales protegidas, ambas figuras previstas en la iniciativa de ley.
Sin embargo, los participantes en el foro de análisis reconocieron que no incorpora medidas suficientes para garantizar la bioseguridad de las áreas naturales protegidas y que además los habitantes o poseedores no están capacitados para protegerlas de posibles actos de biopiratería.
Pero en contraste con el aval de los especialistas, representantes indígenas han rechazado la iniciativa por considerar que zanja el camino para la imposición de megaproyectos regionales que benefician principalmente a las transnacionales.
A finales de febrero, por ejemplo, 350 delegados de 50 pueblos indígenas que se reunieron en el segundo Encuentro de Comunidades en Reservas de la Biosfera y Campesinas, celebrado en Ocosingo, calificaron de inaceptable que el gobierno estatal consultara a organizaciones internacionales ''sobre nuestra biodiversidad, antes de consultar a nuestros propios pueblos y comunidades''.
En los resolutivos emanados de esa reunión sostienen que las comunidades tienen la capacidad y los recursos para proteger y conservar sus recursos naturales sin ayuda de otras instancias, como proponen los expertos.