Reclaman feministas: Ni el ex diputado Luis Pazos, ni Jorge Serrano Limón, dirigente del Provida, han sido sancionados por el uso indebido de los recursos del Erario Público. Un año ha transcurrido, después de que organismos civiles documentaron esta acción fraudulenta y el asunto continúa "en total impunidad". "No ha ocurrido nada", no se han fincado responsabilidades y aplicado la ley, lamentan feministas y exigen una respuesta de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Salud y el Instituto Federal de Acceso a la Información. Los 30 millones de pesos que originalmente estaban destinados a la atención del VIH-Sida y que recibió Provida de la Secretaría de Salud, fueron empleados -de acuerdo con información presentada en su momento por las organizaciones- "indebidamente" en artículos suntuosos como plumas y tangas. A pesar de haber dado a conocer
documentos con los que quedó claro el desvío del erario
y la manera en el que fue usado el dinero, dijo María Vallarta,
de Equidad y Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia "hasta
el día de hoy no hay responsables y la situación es de
total impunidad". Y siguió con sus cuestionamientos: "¿por qué se le otorgó dinero a una organización que contraviene las políticas públicas de salud y además, aún no se esclarece el manejo turbio que Provida realizó con ese dinero?" No es posible "que una organización que realiza actividades contrarias a los principios de las políticas de la Secretaría de Salud, específicamente en los casos del uso del condón para prevenir el Sida y los embarazos no planeados, la anticoncepción de emergencia o el aborto legal, reciba recursos públicos y permanezca en el limbo jurídico" remarcó. Hizo también un llamado para que las autoridades expliquen qué sucede con los Centros de Ayuda a la Mujer de Provida -proyecto al que “supuestamente se destinaron los recursos- pues no se sabe quién los regula ni los criterios médicos o clínicos con los que se brinda ese servicio, sobre todo cuando existen señalamientos en el sentido de que en esos lugares se practican abortos ilegales". El caso, fue llevado a la Tercera Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información que se efectuó en Cancún, Quintana Roo, informó Pilar Muriedas de Salud Integral para la Mujer (SIPAM). Ahí denunciaron "que todo el esfuerzo ciudadano para evidenciar las irregularidades cometidas por Provida, a través de la transparencia y el acceso a la información, se han quedado sin resultados". Daptnhe Cuevas del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, cuestionó la Ley de Acceso a la Información, pues señaló, que de qué sirve contar con ella si una vez denunciado el ilícito "no pasa nada". Con la argumentación proporcionada
desde hace un año por SIPAM, Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE), el Consorcio y Equidad y Género, Letra S y Fundar,
luego de haber consultado 6 mil 500 fojas del expediente financiero
"ya debería existir proceso contra los funcionarios públicos
responsables, para rendir cuentas administrativas o penales; en el caso
de la Secretaría de Salud, que es la defraudada por Provida,
debió interponer la denuncia penal para recuperar los recursos,
mientras que la Auditoría Superior de la Federación, debió
sancionar a Luis Pazos por la asignación de recursos y la Cámara
de Diputados legislar al respecto para que no vuelva a suceder",
explicó Cuevas. (Aleyda Aguirre) |