No hay recurso legal previsto para evitar acciones de esos grupos: Gutiérrez Tinoco
Esperar casos de abusos para actuar, estrategia ante cazamigrantes de EU: SRE
El gobierno de México recibió con beneplácito la decisión del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de ordenar a las cortes estatales de ese país el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, a través de la cual 51 casos de mexicanos condenados a muerte serán revisados y reconsiderados en el ámbito judicial, en virtud de que se les negó asistencia consular y jurídica cuando se les juzgó.
Arturo Dager, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), precisó que en estos casos se podrían modificar o confirmar las sentencias previas, por lo cual no existe certeza plena de que en los 51 procesos se indulte de la pena de muerte a los connacionales. Además de esas causas, informó que hay 140 procesos más de mexicanos que cometieron delitos graves en Estados Unidos y por ello podrían ser sentenciados a la pena capital.
Por otra parte, y contrario a lo que la semana pasada dijo el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez, el director general de Protección y Asuntos Consulares de la SRE, Miguel Gutiérrez Tinoco, manifestó que para responder a las acciones de los grupos privados de cazamigrantes, la estrategia legal del gobierno mexicano es "solamente esperar" a que se presenten casos de abuso contra connacionales que intenten cruzar la frontera norte, y "establecer los candados legales pertinentes para reaccionar en cada caso donde haya cualquier tipo de violación".
Jurídicamente, refirió, el gobierno mexicano "no tiene un recurso legal previsto para prohibir" a los cazamigrantes del proyecto MinuteMan que se reúnan en terrenos particulares para desarrollar sus actividades de reclutamiento y vigilancia que son totalmente "extralegales".
Mientras el canciller mexicano aseguró la semana pasada que se están evaluando con abogados y cónsules mexicanos en Estados Unidos diversas estrategias para hacer frente a las actividades de los integrantes de MinuteMan -que comenzarán el primero de abril-, Gutiérrez Tinoco dijo que las autoridades estadunidenses "tendrán que contener o controlar" esos grupos privados.
En rueda de prensa en Tlatelolco, Dager manifestó que gracias a las acciones legales interpuestas por el gobierno mexicano en La Haya, dentro del llamado caso Avena, de un total de 54 sentenciados a muerte quedan pendientes los referidos 51, pues tres libraron la pena capital la semana pasada, en tanto que se ha conmutado esa sentencia a otros 93 connacionales en lo que va de la gestión del presidente Vicente Fox, asunto para el cual la cancillería ha invertido 3 millones 200 mil dólares.
La mayoría de los casos de mexicanos sentenciados, dijo, se encuentran en Texas y California, donde hay más de 20, y el resto se ubica en otros estados de la nación vecina, considerando que en 38 no existe la pena de muerte.
Dager aseguró que las cortes estatales estadunidenses están obligadas a acatar la orden presidencial, derivada de la resolución de La Haya. En el caso de los beneficiados, indicó que con la asesoría de su equipo legal el gobierno mexicano buscará demostrar que se han violado sus garantías individuales, sin que esto signifique que todos resultarán absueltos.
Gutiérrez Tinoco agregó que también se ha logrado la detención de estadunidenses que han lesionado a mexicanos en operativos como el MinuteMan, que con otros nombres empezaron a proliferar a partir de la década de los 90, y se lograron condenas de tres años de prisión más dos de libertad bajo caución y algunas multas pecuniarias. Refirió el caso del asesinato de un mexicano, a quien los cazamigrantes supuestamente confundieron con un "animal", por lo cual los familiares de la víctima recibieron una indemnización de 15 millones de dólares. A la fecha, se han suscitado al menos 60 casos de mexicanos heridos por vigilantes particulares.
Gutiérrez Tinoco comentó que las detenciones de migrantes mexicanos realizadas por grupos privados son consideradas por el gobierno mexicano como una violación a los derechos humanos, a partir de lo cual se inicia una demanda.