Decide la Comisión de Gobierno que sea la Dirección Jurídica la encargada de analizar el caso

Frena la ALDF denuncia por uso religioso de sus instalaciones

El secretario de José Espina usó oficinas de la fracción del PAN para rezar El Angelus

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa frenó las denuncias penal y administrativa que se iban a interponer en contra de quien resulte responsable por utilizar instalaciones de la Asamblea Legislativa, asignadas a la fracción del PAN, para realizar actos de carácter religioso, y será hasta que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este órgano de gobierno emita una opinión cuando se determine si se procede legalmente contra los promotores de esas acciones.

El pasado lunes 21 de febrero, La Jornada documentó que Felipe de Jesús González Camarena, secretario del coordinador parlamentario de Acción Nacional, José Espina, convocaba de manera recurrente a personal administrativo, asesores de diputados e incluso a los mismos legisladores, para que en punto de las 12 del día rezaran El Angelus.

Tres días después, el pleno de la Diputación Permanente aprobó por mayoría un punto de acuerdo presentado por el diputado Adrián Pedrozo, para que la Comisión de Gobierno interpusiera una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Además, se instruía a ese órgano de dirección a que presentara otra querella ante la Contraloría General de la ALDF para que investigara los hechos y sancionara a los responsables de utilizar un área de la fracción del PAN para tales actos religiosos. También se pedía que se hiciera un exhorto al personal administrativo y a los diputados para que "observen y cumplan las disposiciones en materia de actos religiosos de culto público".

La resolución fue aprobada en la Diputación Permanente en su sesión del jueves 24 de febrero se turnó a la Comisión de Gobierno para que procediera en consecuencia, pero en su reunión del pasado miércoles sus integrantes decidieron el cambio de criterio.

En esa comisión, donde están representados los coordinadores de todos los partidos con presencia en la Asamblea, PRD, PAN, PRI y PVEM, decidieron que se turnara el asunto a su Dirección General de Asuntos Jurídicos para que emita una opinión y determine si hay elementos para proceder penalmente.

Entrevistado al respecto, Carlos Reyes Gámiz, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, expresó que esa decisión se tomó con el ánimo de no descomponer la vida institucional de este órgano legislativo.

"Considero que es grave que se den este tipo de situaciones en la Asamblea, y también veo grave que se llegaran a encubrir o permitir, pero creo que es mejor esperar a que se tenga un informe del área jurídica para entonces ya actuar en consecuencia", añadió el perredista Reyes Gámiz.

Precisó que será mañana cuando la Dirección de Asuntos Jurídicos presente a la Comisión de Gobierno los resultados del análisis legal y definir si hay elementos para proceder por la vía legal.

Al respecto, Francisco Chiguil, secretario de la Comisión de Gobierno, manifestó que la decisión adoptada por esa instancia no significa que se haya parado el caso, sino que se busca tener una opinión jurídica; "eso no significa frenarlo, sino más bien definir con claridad el papel de la Asamblea en relación con ese asunto".

Remarcó que hay una instrucción ya firme de la Permanente, y ahora el área jurídica tiene que hacer la propuesta de en qué términos hacer la denuncia, pues ellos son los responsables de llevar todos los asuntos legales.

-Con esa lógica, ¿cuándo estaría presentándose la denuncia?

-La próxima semana tenemos sesión de la Comisión de Gobierno y se nos presentará una opinión jurídica y se podrá así cumplir con el mandato de la Diputación Permanente. El punto aprobado por esta instancia se remitió a la Comisión de Gobierno y ahí fue ratificado, pero tenemos que hacer el análisis jurídico para que vaya debidamente integrada la posición en torno al asunto.

"No hay carpetazo ni olvido; hay que hacerle el seguimiento jurídico, pero con la valoración necesaria para hacer la denuncia correspondiente. Estaremos vigilantes de que a ese asunto se le dé el cauce mandatado por la Diputación Permanente", concluyó.