IPAB-Fobaproa: información privilegiada
La amnesia colectiva retrocede un poco en esta época del año. La convención de la Asociación de Bancos de México (ABM) nos recuerda que las heridas del rescate bancario siguen abiertas y seguirán comprometiendo la política de gasto público. Aunque los banqueros tienen sentimientos encontrados, por un lado preferirían que nadie se acordara de este episodio; por el otro, quieren que los pagarés derivados de ese rescate sigan rindiendo frutos para siempre.
Las declaraciones de los banqueros son reveladoras. El nuevo presidente Marcos Martínez, de Santander Serfín, dice no entender por qué habría que hacer una investigación sobre el rescate: "cuando compramos los bancos el Fobaproa ya no existía". En sus palabras, los banqueros de hoy compraron bancos quebrados y la banca actual no tiene nada que ver con el Fobaproa.
Bueno, si los banqueros insisten en no tener nada que ver con el Fobaproa podríamos cancelar los pagarés del rescate ilegal y cerrar la sangría de recursos fiscales que cada año tienen que irse a pagar intereses generados sobre esos pagarés.
Las declaraciones del nuevo jerarca de los banqueros son desafortunadas. Los bancos no estaban quebrados cuando los compraron. Estaban recién saneados y en sus estados financieros figuraban los pagarés del Fobaproa como un activo respaldado por el gobierno federal, remplazando a los malos créditos de su cartera vencida e incobrable. La crisis económica, no sólo cambiaria, detonada en los últimos días de 1994 sigue marcando el derrotero de las finanzas públicas, y los requerimientos financieros del sector público llevan a un déficit real seis veces mayor al autorizado por el Congreso.
En síntesis, el debate sobre el rescate bancario y la mutación del Fobaproa en IPAB permanece abierto. Una importante contribución a este debate es el artículo publicado recientemente (Nexos, número 346) por Bernardo González Aréchiga, ex vocal del IPAB. Según el ex funcionario, el programa de capitalización y compra de cartera fue un programa financieramente innovador diseñado para mejorar la calidad de los activos de los bancos al cambiar créditos siniestrados por obligaciones avaladas por el gobierno federal. En realidad, hay que señalar que ese mecanismo no era innovador y sí, en cambio, una gran fábrica de riesgo moral al premiar a los banqueros que hicieron mal su trabajo.
La compra de cartera incobrable, con garantías espurias, es y ha sido siempre la peor forma de proteger los depósitos de los ahorradores. Conlleva todo tipo de vicios y oportunidades para conductas fraudulentas. Las crisis bancarias en América Latina han demostrado que una intervención decidida y transparente de los bancos es una forma más eficaz que la usada con el Fobaproa. La fórmula utilizada en México corresponde al rescate de los accionistas y no de los ahorradores.
El mismo González Aréchiga encuentra en el uso del Fobaproa la raíz de la evolución perversa del costo astronómico del rescate bancario. Y su análisis culmina con tres escenarios para resolver el impasse del rescate bancario y cerrarlo definitivamente. En todos los escenarios se debería cumplir con la responsabilidad frente al rescate bancario de "validar la deuda acumulada y volverla deuda pública consolidada".
El primer camino es el seguido hasta hoy, con auditorías superficiales (amistosas) y un ejecutivo que favorece la falta de transparencia a través de estratagemas legales. Es un camino peligroso y más costoso. El segundo escenario analizado por González Aréchiga estriba en promover una visión amplia sobre el rescate bancario desde el IPAB para cerrar definitivamente el rescate bancario, buscando reducir el costo fiscal. Este fortalecimiento del IPAB ("con una Junta de Gobierno realmente independiente") se puede dar con o sin reformas a la ley del Instituto, pero al ex vocal le parece que esta última opción ya no es viable dados los acontecimientos en los últimos 20 meses, en especial los últimos acuerdos con los bancos.
Finalmente, se podrían redefinir las funciones del IPAB para acotar sus funciones. Esta última vía iría acompañada de un "perdón de Estado a las ilegalidades y excesos de la crisis bancaria con vistas a cerrar el capítulo y sentar nuevas bases de concordia". Y concluye su análisis: por lo menos esta vía legitimaría jurídicamente lo que parece estarse ejecutando en la práctica. Pero no se entiende cómo se puede conciliar esta vía con la restitución de la "legalidad que tanto necesita el país" como quiere el ex vocal.
Ahora se pueden delinear con mayor claridad los términos del dilema. O se investiga la ilegalidad y se incrementa el riesgo de confrontación con los bancos, o se acepta la ilegalidad con la hipoteca de largo plazo sobre las finanzas públicas y se hace más difícil la recuperación del sistema financiero. La salud del sistema finaciero y de la política fiscal depende de la forma en que se resuelva el dilema. El país tendrá que escoger. El problema no va a desaparecer.