Usted está aquí: miércoles 9 de marzo de 2005 Sociedad y Justicia Más irregularidades en casos de mujeres asesinadas en Juárez

Equipo Argentino de Antropología Forense

Más irregularidades en casos de mujeres asesinadas en Juárez

VICTOR BALLINAS

La Secretaría de Gobernación (SG) y las procuradurías General de la República y de Chihuahua fueron informadas de que existen graves y múltiples irregularidades en las investigaciones realizadas en la "identidad o identificación dudosa" de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, desde 1993, que van de problemas metodológicos, diagnósticos inapropiados, incongruencias, ineficiencias y discrepancias en registros, a problemas técnicos y de credibilidad en la identificación.

Estas anomalías fueron documentadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que realizó una investigación sobre las mujeres "no identificadas o de identificación dudosa", de las que hace unas semanas dio cuenta en Chihuahua al gobierno del estado, a la procuraduría estatal y a la fiscalía mixta; en la ciudad de México, a la PGR y a la SG, además de a familiares de las víctimas y a organizaciones defensoras de los derechos humanos.

De entrada, el EAAF señala que sólo le permitieron leer 24 expedientes de los 53 casos de mujeres asesinadas no identificadas o de dudosa identificación, y que "no se nos permitió fotocopiarlos ni fotografiarlos, y tampoco se nos autorizó analizar los restos óseos".

Entre las irregularidades descubiertas, apunta el EAAF, está que la Fiscalía Especial para Homicidios contra Mujeres "nos proporcionó una lista de homicidios contra mujeres, pero entre ellos figuraba el de una recién nacida que fue estrangulada, lo cual no corresponde con el propósito de la investigación".

El equipo asevera en un reporte respecto de los problemas metodológicos y de registros de inhumación: "nos informaron que varios restos no fueron enterrados en ataúdes individuales, sino en bolsas de plástico y sin ningún rótulo. Además, fueron sepultados en fosas comunes.

"Ello implica que es muy posible que entre los restos exhumados y por exhumar se encuentren personas no relacionadas con los casos objeto de la investigación y no sea fácil saber qué bolsa corresponde a cada expediente. Considerando el paso del tiempo, es posible suponer también que las bolsas se hayan roto y los restos óseos estén mezclados. Esto nos fue confirmado por el Servicio Médico Forense."

Respecto de las incongruencias, ejemplifica: "la carátula del expediente 4720/96 indica el 30 de octubre de 1996 como fecha de inicio del expediente; sin embargo, la inspección ocular en el lugar donde se halló la osamenta se realizó el 10 de marzo de ese año. Además, los restos ingresaron a medicina forense para la necropsia el 9 de marzo de 1996, es decir, un día antes de que el cuerpo fuera encontrado".

También hay discrepancias respecto de las razones del fallecimiento: "en la carátula de varios expedientes se indica causa de muerte 'desconocida' o 'indeterminada'; sin embargo, el dictamen de la necropsia determina causa específica. Ejemplo: "Expediente 21283/96. Femenino no identificado. Número 162/96. Causas de muerte -en la carátula-: desconocida". El informe de la necropsia establece: "Existen datos compatibles con estrangulamiento y con herida punzocorto-penetrante en tórax".

Hay muchas irregularidades más, como foliado incompleto o inexistente de expedientes, ausencia de metodología en la búsqueda de evidencias en la escena del crimen, falta de un lenguaje preciso en la descripción de los restos hallados, pérdida del expediente original, carencia de exámenes radiográficos, problemas en el diagnóstico de signos de violencia sexual y cuestionamientos en causa y modo de muerte, ya que "en algunos expedientes la causa del deceso no se sostiene a partir de las lesiones que se describen".

Más anomalías: en el análisis de ADN existen problemas de credibilidad y técnicos. Por un lado, según expedientes y entrevistas con miembros de las distintas fiscalías y del Servicio Médico Forense, se han utilizado múltiples laboratorios mexicanos (federales, central de la PGR y estatales: Tamaulipas, Chihuahua y Guanajuato), extranjeros (California, Texas, Nuevo México y FBI, en Estados Unidos; y en España, de Granada y Madrid).

En algunos casos la conclusión ha suscitado más confusión e incertidumbre que soluciones, y debido al manejo general de la investigación existe poca confianza de los familiares de las víctimas en las autoridades.

 
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