Gran engaño nacional para ganar votos, opinan expertos

Seguro Popular, "aspirina" a la problemática de salud

Responde a lineamientos externos para abrir el sector, dicen

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Frente a la grave problemática de la situación sanitaria en México, que se debate entre la falta de presupuesto, el monopolio de hospitales privados y el abrupto encarecimiento de los medicamentos -los precios han subido más de 300 por ciento-, el gobierno se autoadministra una "aspirina" con su Seguro Popular; sin embargo, el programa adolece de fallas y de una estrategia de financiamiento mal diseñada, que lo lleva directamente al fracaso y la quiebra.

José Roberto Manzano, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Médico; Rafael Cervantes, vicepresidente del Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos del Distrito Federal; Gustavo Leal, vicepresidente del Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos del Distrito Federal, y Eduardo Tello Mier, primer vocal del Colegio Médico de México, "desahuciaron" el Seguro Popular y diagnosticaron que éste, es más un programa político "para ganar votos" que médico.

Los especialistas debatieron el tema en un foro organizado por Casa Lamm, en el que aseguraron que este programa ya se intentó aplicar en otros países, y naufragó irremediablemente, como en Colombia. Plantearon que este seguro es un gran "engaño nacional", ya que su cobertura es realmente mínima, porque no incluye todas las enfermedades; limita terriblemente la atención médica y hospitalaria; no cuenta con recursos suficientes; no hay la infraestructura necesaria para atender la demanda nacional y, sobre todo, no hay recursos.

El médico José Roberto Manzano, quien además es presidente de la Academia Nacional de Derecho Sanitario de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, sostuvo que este programa "ni es seguro ni es popular", ya que se diseñó inicialmente para proporcionar 78 acciones de salud, de las cuales 22 son preventivas y de por sí son gratuitas -como vacunas, orientación nutricional, etcétera-, por lo que en realidad sólo incluye pocos padecimientos, la mayoría de baja complejidad médica. No obstante, existen más restricciones a la cobertura, ya que tampoco incluye "enfermedades prexistentes" en un plazo máximo de 18 meses, es decir, si alguien tiene un padecimiento de varios años atrás o que fue diagnosticado médicamente hace tiempo, tampoco las cubre, y hasta el cuadro de medicamentos está limitado.

Por su parte, Rafael Cervantes sostuvo que los colegios médicos han sostenido una lucha permanente contra la falta de control en los precios de las medicinas, contra los monopolios hospitalarios en el Distrito Federal y contra el desmantelamiento de la seguridad social. Apunta que junto con el Seguro Popular se busca implantar un modelo llamado de participación público-privada, en el que el gobierno daría contratos de servicios a inversionistas, lo que significa que dicho programa es la carta mercantil para permitir que el gasto de la salud aterrice en los capitales empresariales.

A su vez, Gustavo Leal, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, expuso que las cuotas que pagarán los afiliados, que oscilaran entre 640 y 6 mil pesos anuales, son el viejo sueño de este gobierno de clasificar a los pacientes y el trato a sus enfermedades, dependiendo del monto que paguen.

Más que un programa médico, el seguro consiste en una estrategia de financiamiento de los servicios de salud, con severas dificultades para resolver oportuna y eficientemente los padecimientos esenciales y catastróficos que aquejan a los mexicanos, ya que además de carecer de una infraestructura adecuada, recarga las aportaciones en las entidades federativas y representa en el mediano plazo un serio quebranto para las finanzas públicas, afirmó.

En este sentido, Eduardo Tello dejó en claro que para el Colegio Médico el Seguro Popular es una imposición del Ejecutivo, no es operativo, aritméticamente es imposible de establecer, no ofrecerá medicina de excelencia, fija cuotas de recuperación sin ningún criterio claro y dará pie a una medicina asistencial de pésima calidad. Pero eso, sí, dijo, responde a los lineamientos fijados a México por los organismos financieros internacionales para desmantelar la seguridad social en el país e iniciar la privatización de este servicio.

El desmantelamiento del sector salud se está dando en diversos órdenes, algunos impulsados por el propio gobierno, pero otros, incluso por los mismos trabajadores, que ya no están dispuestos a aceptar salarios tan bajos, y prueba de ello es que sólo en los primeros cuatro meses de 2004 más de mil trabajadoras de IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud renunciaron a su empleo para contratarse en hospitales de Estados Unidos, España y el Reino Unido, donde les ofrecen entre cinco y diez veces más de lo que les quiere pagar el Seguro Popular, indicó Gustavo Leal.

En tanto, el doctor Manzano ofreció un comparativo: "si se usara el lenguaje de las compañías de seguros de automóviles, el Seguro Popular equivaldría a cubrir sólo raspones, ponchaduras de llantas, falta de agua o gasolina y pasar corriente cuando se acaba la batería, pero los choques, volcaduras, incendio, robo o daños a terceros quedarían excluidos". Es un absoluto fraude, remató.