PRD y PT denunciaron que se trata de un albazo pactado por Hacienda, PRI y PAN
Avanza en San Lázaro ley que permite al Ejecutivo modificar el Presupuesto
El Revolucionario Institucional pronostica que la iniciativa será aprobada por el pleno poco después de Semana Santa
Revelan reunión en lo oscurito de Chuayffet, Madrazo y Gil Díaz
La confabulación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) fructificó al presentarse en la tribuna de la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que implicaría de facto admitir la controversia constitucional de Vicente Fox Quesada contra el Presupuesto de Egresos de 2005.
A pesar de las denuncias de las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) que sostenían la complicidad PRI-PAN con las autoridades hacendarias, la línea dictada por Emilio Chuayffet se impuso cuando el presidente en turno de la mesa directiva, Francisco Arroyo Viera, anunció que el dictamen referido entraría en primera lectura, para turnarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la finalidad de recibir su anuencia.
Al momento de darse a conocer la aceptación y primera lectura por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, Iván García Solís solicitó la palabra desde su curul "con el objetivo de pedir que no se conceda el turno ni el trámite que usted está anunciando".
La respuesta de Arroyo Viera se circunscribió a que la mesa directiva de la Cámara analizó y llegó a la conclusión de dar trámite en primera lectura al dictamen, y si existiera agravio que reclamar, durante la segunda lectura se podría interponer una moción suspensiva para evitar la aprobación del documento.
La réplica se dio por parte de Pablo Gómez, quien desde la zona de curules anunció que objetaría el trámite referido por Arroyo Viera, y le exigió ordenar se votara la decisión.
Diez minutos más tarde, la secretaria del órgano legislativo anunció que 281 diputados votaron en favor y 70 en contra. De esa forma se autorizó el trámite de primera lectura.
No obstante, en ese momento se descubrieron actitudes anómalas en San Lázaro. Angel Buendía Tirado, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien votó en contra del dictamen durante su aprobación en el órgano legislativo que encabeza, ayer sufragó a favor, con el argumento de que Emilio Chauyffet, coordinador de los priístas, prometió que el dictamen sería reformado entre la fecha de la primera lectura y la de la segunda lectura, que se calcula ocurra después de Semana Santa. El cambio solicitado por Buendía se refiere a garantizar a los gobiernos de los estados recursos extras provenientes de los excedentes del precio del petróleo. De tal forma el priísta aceptó que el documento podrá ser validado por el pleno en un plazo de dos o tres semanas.
Por el contrario, Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador del área económica del PRD, denunció que el contenido del dictamen "es exactamente el mismo que se encuentra en las argumentaciones de la controversia constitucional enviada por Vicente Fox a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; aprobar ese texto significará que la Cámara de Diputados reconoce que el Ejecutivo federal tiene facultades para modificar el gasto autorizado por el Poder Legislativo".
El representante del PRD dijo a este diario que durante la sesión de ayer reclamó en distintos momentos a Manlio Fabio Beltrones y a Emilio Chuayffet. "Les dije que era una incongruencia tener un pleito legal con el Ejecutivo, y por otro lado estemos abriendo la puerta para que disponga de las herramientas jurídicas que echen abajo las decisiones asumidas por nosotros. Beltrones me dijo que no aceptaría un dictamen con tales características y Chuayffet me convocó a un grupo de trabajo que iniciará labores el lunes próximo".
La aceptación del dictamen por el lado del priísmo ocurrió por la decisión de Emilio Chuayffet y su operador Wintilo Vega, quienes manifestaron en el inicio de esta semana que no habría marcha atrás en el proceso de aprobación del mismo, a pesar de la denuncia de perredistas y petistas, quienes consideraron la aprobación del documento como un albazo, tendiente a beneficiar los intereses del gobierno federal.
Tan sólo el miércoles, Emilio Chuayffet, acompañado de Roberto Madrazo, se reunieron a comer con el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Incluso se informó a este diario que al encuentro asistió el presidente de la mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones, quien negó tal hecho al responder a la pregunta sobre su presencia en Palacio Nacional, sitio donde despacha el titular de Hacienda: "yo sólo acostumbro a comer en mi casa", respondió el ex gobernador de Sonora.
Ahora resta esperar los resultados de la reuniones del grupo de trabajo que pretende modificar el contenido del dictamen, mientras se calcula que los cambios habrán de introducirse al texto para que se le dé lectura pasada la Semana Santa.
Durante la sesión la presidencia de la Cámara de Diputados reservó un punto de acuerdo del PRD para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso de los seis ciudadanos vascos presos por su supuesta participación en la organización separatista ETA.
Eliana García, legisladora del sol azteca, dijo a este diario que el punto de acuerdo no tendrá efecto porque existe consigna entre los legisladores de PRI y PAN para votar en contra.
Lo que sí se aprobó en el pleno fue una iniciativa de punto de acuerdo para hacer un extrañamiento al presidente Vicente Fox Quesada, "por el enorme descuido y la inepta actitud en el manejo de la seguridad en su oficina, que permitió vulnerar la institución presidencial y con ello situar en extremo riesgo la seguridad del mismo".
Eliana García y Lizbeth Rosas, diputadas del PRD, también propusieron que la Procuraduría General de la República entregue a la Cámara de Diputados la información que posee sobre la filtración del narcotráfico en el círculo más íntimo del presidente Fox, y afirmaron que quienes hayan cometido conductas delictivas deben ser consignados ante un juez. El pleno aprobó la iniciativa.