Jugador tramposo
Congruente con su mala costumbre de manipular a su antojo el orden jurídico internacional y, si no le favorece, desconocerlo, el pasado lunes la administración estadunidense se sustrajo también en lo particular de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver legalmente controversias en materia consular. Ya en 1986 lo había hecho en lo general, cuando ese órgano de justicia la condenó por el minado del puerto de Corinto en Nicaragua, durante la revolución sandinista, a pesar de que desde 1946 había reconocido su competencia. Para ello, en vísperas de su viaje a México -lo que no debe ser pasado por alto-, Condoleezza Rice, en uso de sus facultades como jefa del Departamento de Estado, anunció al secretario de la Organización de Naciones Unidas que Estados Unidos se retiraba del Protocolo Opcional de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que había suscrito desde el 24 de noviembre de 1969.
El hecho es importante porque con base en ese tratado, del que México es parte desde el 15 de marzo de 2002, se pudo demandar el 9 de enero de 2003 a Estados Unidos ante La Haya por violar, en 51 casos de mexicanos condenados a pena de muerte, los artículos 5 y 36 de esa convención, que garantizan el derecho a la protección consular de los extranjeros en Estados Unidos. Por 14 votos contra uno, el 31 de marzo de 2004 la CIJ, principal órgano judicial de Naciones Unidas, condenó a Estados Unidos y lo obligó a revisar y reconsiderar los procesos legales y sentencias de esos 51 mexicanos. Peter J. Spiro, profesor de derecho de la Universidad de Georgia, expresó con razón el pasado jueves que la decisión de su gobierno es "la salida de un mal perdedor: si no podemos ganar, entonces no vamos a jugar".
De hecho, Darla Jordan, portavoz del Departamento de Estado, afirmó cínicamente ese mismo día que con esa medida se estaban protegiendo "contra resoluciones futuras de la CIJ que puedan interferir en formas que no anticiparon cuando suscribieron el protocolo opcional". Sin embargo, el hecho no únicamente revela a un mal perdedor, a un jugador cobarde, sino, en vísperas del encuentro del Presidente mexicano con George W. Bush -lo que tampoco debe ser pasado por alto-, a un jugador tramposo, que conociendo las resistencias de las cortes locales estadunidenses a las sentencias de los organismos internacionales, y teniendo el más amplio récord de condenados a muerte en su estado de origen, cuando él era gobernador, estaría buscando debilitar a la Suprema Corte de Justicia de su país (SCJ), comprometiendo acaso la resolución actual de la CIJ, favorable a México. En efecto, la SCJ tiene como una de sus atribuciones la de determinar si una ley promulgada por los congresos estatales o federales, o un fallo de una corte menor, son contrarios a la Constitución, y por tanto es la única que puede anular las sentencias a pena de muerte, u ordenar la revisión de los fallos. A ello se debe que haya recibido la petición del abogado de José Medellín, un mexicano condenado a muerte en Texas, para que jurídicamente ella -no el titular del Ejecutivo federal- determinara que la decisión de la CIJ era suficiente para lograr que todos los detenidos en Estados Unidos obtuvieran una segunda audiencia en las cortes estatales estadunidenses.
Sin embargo, y para proteger a la Corte de Texas, que no ha mostrado ningún interés en considerar las obligaciones internacionales de su país, sorpresivamente el 28 de febrero el presidente Bush envió a la SCJ un amicus brief, decretando que las cortes estatales son el único foro inicial para determinar si los 51 casos de los mexicanos a muerte fueron perjudicados por violaciones a la Convención de Viena, y que sólo el presidente, y no los tribunales federales, determina cuándo y cómo Estados Unidos debe cumplir el derecho internacional. La esperada reacción de la Corte de Texas ya la conocemos. Los fiscales de ese estado afirmaron enseguida que el presidente no tenía facultades para reabrir el caso de Medellín; y Jerry Strickland, portavoz del procurador Greg Abbott, cuestionó sus facultades. "El estado de Texas -afirmó- no reconoce jurisdicciones superiores a las establecidas por las leyes de Texas y de Estados Unidos". Añadió que "respetuosamente, creemos que la determinación (de Bush) sobrepasa los límites de la autoridad federal".
No debemos además menospreciar el hecho de que, a pesar de todo, el año pasado la SCJ de Estados Unidos se había distinguido al resolver que los presos estadunidenses recluidos en el limbo jurídico de Guantánamo estaban legalmente bajo la jurisdicción de las cortes de ese país y debían ser ya juzgados por ellas; asimismo que, refiriéndose al sentir de la comunidad internacional, a finales de febrero decretaron como anticonstitucional la condena a pena de muerte contra menores de 18 años. ¿Qué pretenden entonces el señor Bush y la jefa de su Departamento de Estado?