Discuten propuesta de que se transfieran a la paraestatal fondos invertidos en Afores

Priístas del sector popular plantean la venta de acciones de Pemex a mexicanos

Para asegurar el dominio del Estado en el sector, los tenedores de bonos estarían limitados

ENRIQUE MENDEZ

Los diputados federales del PRI que forman parte del sector popular iniciarán hoy la definición de su propuesta de inversión en el sector energético, que se centra en dos líneas: permitir la entrada de capital privado mediante la emisión de acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) para su venta exclusiva a ciudadanos mexicanos, sin que ello les conceda control sobre la paraestatal, o bien mediante la transferencia de los ahorros manejados por las administradoras de fondos para el retiro (Afores).

La propuesta a debate considera que sólo se otorgaría la compra de títulos a mexicanos que demuestren su nacionalidad con credencial de elector. Esta modalidad tendría límites para evitar que una empresa o un personaje con alto poder económico pretendan definir las políticas energéticas del país y asegurar así que el Estado mantenga el dominio sobre la explotación petrolera nacional.

Las acciones, de acuerdo con el proyecto que se presentará esta tarde en la CNOP, permitirían a los tenedores conseguir rendimientos por arriba de las tasas que ofrecen los bancos y, al mismo tiempo, que Pemex reciba ingresos frescos que le aseguren continuar con su operación sin que sea necesario privatizarla.

Para este propósito se tendría que reformar la Ley Orgánica de Pemex y sus organismos subsidiarios, para que la paraestatal pueda dividir su capital social para emitir acciones en dos series: la A, representante de un porcentaje del capital, y la B, representante del resto.

Los derechos patrimoniales de los títulos representativos de la serie B podrían ser afectados por el gobierno federal en favor de mexicanos, con exclusión de los extranjeros, con lo cual se preservaría el interés nacional y la soberanía sobre la explotación y venta de crudo.

El lunes pasado, luego de que la 19 asamblea nacional del PRI modificó sus documentos básicos para dejar abierta la posibilidad de permitir la inversión privada en el sector energético, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y dirigente del sector popular, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que el tricolor no aprobará las iniciativas privatizadoras en materia energética del ex presidente Ernesto Zedillo ni del gobierno de Vicente Fox, y se comprometió a impulsar una tercera alternativa que "responda a las intenciones modernizadoras, pero sin claudicar o dejar de mantener el dominio del Estado sobre los energéticos".

Desde agosto de 2004 la bancada priísta incluyó en su agenda una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Pemex que presentaron los diputados Oscar Pimentel y Jesús Vizcarra -quien después solicitó licencia para incorporarse al gobierno de Sinaloa-, que va en el mismo sentido de permitir la emisión de acciones para capitalizar a la empresa sin tener que privatizarla, como pretende el gobierno de Vicente Fox.

Sin embargo, ambos plantearon que en la apertura al capital privado se incluyera en el consejo de administración la figura de "consejeros independientes".

En su iniciativa ambos legisladores señalaron que el sector energético del país requiere inversiones que el Estado mexicano no puede asumir y, por tanto, argumentaron entonces, "es necesaria la participación de accionistas e inversionistas que le den viabilidad al sector".

Tanto Pimentel como Vizcarra, empresario ligado al sector del gas, propusieron que la compra de acciones se limitara a 0.05 por ciento del capital, aunque consideraron que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) podría detentar 2 por ciento de los títulos.

Asimismo, la propuesta del sector popular priísta incluye la opción de transferir recursos de las Afores a la inversión en infraestructura en Pemex, para que el ahorro nacional no sólo se utilice en la compra de títulos en la Bolsa Mexicana de Valores o en bonos internacionales.

Este punto, señalaron diputados del PRI, no es bien visto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque al realizar operaciones con instrumentos fuera del país le permite incluirlos en sus reportes como inversión extranjera directa, a pesar de que ello tenga un costo para el país al momento de pagar los rendimientos.